La centralización y la concentración de los ingresos y las competencias propias de los gobiernos locales de parte del Estado y gobierno central son de hecho, políticas públicas negativas. Por tanto, desfavorables para el desarrollo local y el buen desempeño de las gestiones municipales. Ambas son herencias del Estado trujillista, (Excepto los siete meses del gobierno de Bosch, al menos en propósitos y prácticas); siguieron con fuerza por los gobiernos de Balaguer y es con la ley 166-03 del 2003 Sobre la Participación de los Ayuntamientos en el Presupuesto Nacional, que se establece para el 2004 un 8% y un 10% para el 2005.
Los ayuntamientos y sus alcaldes asumen con resignación inexplicable la baja asignación presupuestaria, los cuales recibieron un 2.58% del Presupuesto Nacional en el 2018, debiendo ser un 10% como establece la ley. Quedándose el gobierno central para su administración y ejecución con el 97.42% de los ingresos que les corresponden a los municipios. Para el año que transcurre de 2019 el porcentaje que retiene el gobierno es de 97.61%. Es decir, un retroceso con relación al año anterior, por lo cabe decir, que la ley ha sido violada de manera recurrente.
Así mismo se comportan los Indicadores de la concentración de la inversión pública en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional en la cual reside el 37% de la población y recibe el 70% de la inversión del Estado, sostiene Domingo Matías. Lo que traduce que el 63% de la población residente en el resto del territorio nacional recibe solo el 30% de la inversión estatal. El en 2019 la mayor parte del presupuesto municipal se concentró en las nueve provincias mas pobladas.
Frente a estas desviaciones los ayuntamientos, sus alcaldes y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) actúan con resignación y han sido pasivos para demandar mayor partida presupuestaria. A decir de expertos, una de las causas que origina la pasividad han sido los bajos índices de transparencia, de gobernanza y de gobernabilidad, así como de institucionalidad que caracteriza a las gestiones de los gobiernos locales, perdiendo calidad moral para el reclamo y es práctica común que en su mayoría los alcaldes recurren a mecanismos marginales como el cabildeo y la subordinación a las políticas públicas del gobierno central en lo que se refiere a obras e inversión en las ciudades y sus territorios. Lo que constituye un caldo de cultivo para la politiquería y el clientelismo político desde el Estado.
En cuanto a las recaudaciones locales solo el 10.7% de los ayuntamientos superan en recaudación por árbitros el 10% que establece la ley con relación al monto de la partida presupuestaria que reciben. El 89.3% de los cabildos tiene bajas recaudaciones en el ámbito local, lo que significa una gran traba para la autonomía financiera y autogestionaria.
“Centralización sin transferencia de poder financiero desde el nivel superior del Estado hacia los niveles locales y concentración del presupuesto en los grandes centros urbanos constituyen la más mala de las políticas de promoción de la equidad territorial y social”. Sostiene el municipalista Domingo Matías en su estudio: Balances del Sistema Municipal Dominicano 2010-2016. Pág. 25.
No obstante a lo antes dicho, los ayuntamientos o los gobiernos locales bajo el esquema de gestión municipal basado en la transparencia, en la institucionalidad, y con la asignación presupuestaria que les corresponde, constituyen los medios idóneos para la implementación de un desarrollo sostenible con equidad social efectiva desde el poder central. Cuestión lograble con la instalación en el dirección del Estado de un gobierno honesto, que tenga la voluntad política gubernamental y una eficaz política de control de fiscalización por parte de la de una Contraloría General de la República y la Cámara de Cuenta con autonomía económica y operativa.