Es lógico que frente a la terrible tragedia acontecida en Japón, muchos nos preocupemos por lo que pueda pasar en un país como el nuestro si nos tocara una fenómeno natural como el ocurrido hace unos días en el país asiático o el ocurrido el pasado año en Haití.

Lo acontecido en Japón nos ha dejado una enseñanza: cuando la madre naturaleza se sacude, ninguna medida preventiva evitará la tragedia, la minimizará tal vez, pero jamás podrá evitarla.

Sin embargo, las recientes catástrofes naturales de Haití, Chile y Japón nos han mostrado otras cosas. Las imágenes a través de los medios de prensa nacionales e internacionales han reflejado el desastre y la tragedia de las víctimas en un país como Haití sin mecanismos de prevención de desastres ni equipos de rescate funcionales; y por el otro lado, la rápida respuesta, la toma de control por parte de la autoridad, la activación inmediata de las unidades de rescate y el acompañamiento de las víctimas de los países donde hay autoridad funcional y eficiente como Chile o Japón.

Leía en las redes sociales una nota sobre el titular que nunca veríamos publicado sobre el terremoto en Japón: "Millones salvados en Japón gracias a la buena ingeniería y a los códigos de construcción del gobierno".

Sí, es cierto, a pesar de la magnitud de lo acontecido, frente a tal catástrofe la tragedia ha podido ser peor; muchos no han muerto ni han quedado sin hogares ni lugares de trabajo porque en Japón se construye pensando en la posibilidad de la ocurrencia de tales fenómenos.

¿Y qué pasa en nuestro país? En nuestro ordenamiento jurídico se establece una cadena de control de las construcciones de obras civiles y públicas que deben empezar desde el momento en que se concibe la construcción de la obra; la elección del lugar, los planos de la construcción y luego, durante todo el proceso de levantamiento de la edificación.

Se trata de leyes que necesitan modernizarse y adaptarse a las nuevas realidades; sin embargo, es interesante ver cómo lo que hay no se aplica ni hay la intención de que así sea, a pesar de todos los llamados de alerta que vemos cada día.

La utilidad las medidas establecidas en las leyes para el control y supervisión de obras y construcciones de edificaciones está fundada en la necesidad de que las mismas se adecuen a los estándares mínimos de calidad y seguridad, así como a las normas de ornato público; y para ello están encargados el Ministerio de Obras Públicas y a los ayuntamientos.

En la práctica, las autoridades han convertido esos mecanismos de control en simples trámites burocráticos cuya única finalidad es la recaudación de sumas de dinero por concepto de las referidas aprobaciones de cada autoridad.

La prueba es que las construcciones de edificaciones y obras en este país andan manga por hombro, se construye cualquier cosa donde sea, sin ninguna preocupación por el tipo de sector, la altura de la edificación, los problemas de drenaje, tratamiento de aguas residuales, agua potable, estacionamientos, en fin, no hay planificación y mucho menos supervisión o control.

Cuando una persona decide entonces enfrentar una construcción ilegal empieza un viacrusis que inicia con una denuncia en el departamento de planeamiento urbano del Ayuntamiento y continúa en un juzgado de paz de asuntos municipales en un proceso tortuoso hasta la Suprema Corte de Justicia; pues al parecer los problemas municipales no son prioridad para nadie, ni para el poder legislativo, ni para el poder judicial y mucho menos para el ejecutivo.

Es así como han ido creciendo las ciudades en el caos y la desorganización, porque todos violan la ley y a nadie le interesa controlar nada.

Es evidente que si en nuestro país no hay mecanismos efectivos ni siquiera para controlar el respeto a las mínimas normas de construcción y ornato público; mucho menos podemos hablar de calidad o solidez de dichas edificaciones y en consecuencia, de prevención de desastres naturales como los terremotos.

Las autoridades deben dejar de ver los procedimientos y normativas únicamente como mecanismos de recaudación de sumas de dinero y empezar a exigir el cumplimiento de la ley. Es necesario que todos los poderes del Estado se den cuenta de la importancia del control de las construcciones y edificaciones, tanto para la vida diaria de los habitantes de las ciudades como para la prevención frente a la ocurrencia de fenómenos naturales.

Cada cual debe asumir su cuota de responsabilidad: el Poder Legislativo que debe modernizar las leyes relativas al control del planeamiento urbano, ornato público, construcciones y edificaciones; al Poder Ejecutivo, (gobierno central o gobierno municipal) activando y haciendo efectivos los mecanismos de control y supervisión; y el Poder Judicial, con las correspondientes sanciones al incumplimiento de la norma.

Pero la responsabilidad no es sólo de las autoridades; cada individuo, ingeniero, arquitecto, o simple propietario de inmueble, debe asegurarse del respeto de las normas vigentes y de la necesidad de construir edificaciones sólidas y de calidad.

Si bien el cumplimiento de la ley no podrá evitar la ocurrencia de un fenómeno natural; si podrá disminuir las consecuencias, salvando tal vez muchas vidas.

Una vez más la solución es simple: cumplir y hacer cumplir la ley.