Recientemente el gobierno regional o Generalitat de Catalunya realizó un referéndum para consultar a sus ciudadanos acerca de la separación de Cataluña de España. En la actividad cívica, considerada ilegal por el Tribunal Constitucional, participaron cerca de dos millones de personas y en algunos centros de votación fue reprimida con violencia por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los resultados, dados a conocer por el gobierno catalán habrían sido en más de un 80% a favor de la independencia.
Las portadas de los periódicos más importantes del mundo dieron cuenta de la situación, generando una natural expectativa frente a la evolución del conflicto. Se espera que el siguiente paso sea la declaración de independencia por parte del gobierno catalán, lo cual pone en jaque al Estado español y su constitución de 1978, al tiempo que supone un nuevo foco de tensión política para la Unión Europea, en plena negociación del llamado Brexit o separación del Reino Unido.
Desde América, donde priman las democracias parlamentarias, a veces cuesta entender las complejidades de la situación política que enfrenta al gobierno central de Mariano Rajoy con el regional de Carles Puigdemont. Es evidente que ambos líderes se juegan su futuro. Puigdemont quiere pasar a la historia llevando la bandera de la independencia; Rajoy, ya lo ha dicho, no quiere ser quién de paso a la división de España. Aquí exponemos algunos de los aspectos más relevantes de este conflicto.
El Estado plurinacional
España es un país conformado por varias nacionalidades. Desde 1714, una monarquía -Los Borbones- ha detentado el poder y el control sobre un conjunto de reinos, en la antigüedad llamados “espanyas”. España tiene hoy una monarquía constitucional y un Estado que la gobierna y administra, en virtud de la Constitución de 1978, la misma que otorga el estatus de regiones autónomas a 16 territorios: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. A ello se suman el Principado de Asturias, la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla (éstas últimas situadas en África).
Es relevante destacar que los regímenes autonómicos no son igualitarios. Hay diferencias en las formas de relación y éstas han impactado en el desarrollo y bienestar de las comunidades. También hay grandes diferencias en la inversión pública del gobierno central, que ha privilegiado a ciertas regiones por sobre otras. Por ejemplo, algunas cuentan con trenes de alta velocidad y en otras la red ferroviaria presenta gran deterioro.
En el tira y afloja con el Estado español, Cataluña es una de las que más ha conseguido en términos de cesión de derechos, financiamiento y transferencias de atribuciones en la gestión pública. Pero eso a algunos grupos no les ha bastado, quieren la total independencia, como es el caso de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts pel Sí, que hoy gobiernan en Cataluña, producto de la última elección democrática realizada en 2015.
El separatismo
Desde el término del franquismo en 1975, grupos organizados en movimientos y partidos políticos, en distintas regiones, han exigido independencia, cuestión que el Estado español ha ido manejando de diferentes modos, dependiendo de las circunstancias políticas.
La mayoría de estos grupos optaron por la acción política dentro del marco de la democracia y el estado de derecho; otros prefirieron la vía violenta, como fue el caso del separatismo vasco, en el que algunos grupos utilizaron el terrorismo entre los años 1961 a 1988, pretendiendo hacer valer sus propósitos, como es el caso de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que terminó repudiada por la mayoría de los españoles y derrotada política y militarmente.
No obstante, el separatismo es un sentimiento presente en varias regiones, el cual se vive con mayor o menor intensidad, dependiendo en gran medida de las relaciones históricas e incluso familiares que se han mantenido con el Estado español y sus representantes. Al mismo tiempo, coexiste el sentimiento de una españolidad supra territorial en las distintas regiones. Por último, hay quienes se sienten españoles y al mismo tiempo conservan sus tradiciones culturales regionales y no ven en ello conflicto. Con lo cual en la práctica existen tres visiones acerca de lo que es la España de hoy.
Acciones y reacciones
El presidente del Poder Ejecutivo, el gallego y derechista, Mariano Rajoy, ha apelado a la unidad política de los partidos que apoyan la Constitución y también a la sensatez de los catalanes que no están de acuerdo con el separatismo o que no comulgan con el modo en que el nacionalista Carles Puigdemont ha actuado, propiciando un golpe de estado legislativo y de espaldas a buena parte del propio parlamento catalán. Ciertamente, millones son los españoles no está de acuerdo con las ideas separatistas de los radicales catalanes.
Pero Rajoy tiene en contra a los partidos de la oposición, cuyas reacciones van desde su destitución inmediata por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, hasta la solicitud de apertura del diálogo político con Cataluña, cuestión a la que el gobierno del Partido Popular se ha negado sistemáticamente. La crítica más de fondo cerca del quehacer gubernamental puede definirse como ¿De qué sirve un gobierno que elude su responsabilidad de negociar, dejando a los tribunales la resolución de los conflictos?
¿Hacia dónde va el proceso?
La última jugada en este ajedrez político la ha dado Puigdemont, pidiendo a la Unión Europea que actúe de mediadora, en circunstancias que la misma ha insistido en que es un problema interno de España y que deben buscarse soluciones políticas alejadas de la violencia exhibida por las fuerzas del Estado. En reciente declaración, el Parlamento Europeo pide el diálogo y respeto al estado de derecho español.
En todo este proceso la monarquía española, con el Rey Felipe VI a la cabeza, había mantenido silencio hasta ayer. Mediante un mensaje a la Nación ha criticado en duros términos la “deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado” y ha pedido al Ejecutivo recuperar el orden constitucional en Cataluña. La respuesta del gobierno catalán no se ha hecho esperar, aludiendo a que su por investidura no le corresponde convertirse en juez y que frente a ello solo queda insistir en: “República o República”.
Pero más allá de las incidencias coyunturales, el tema de fondo, la relación entre las regiones autónomas y el Estado central, deberán abordarse de alguna forma, a riesgo de alentar nuevas expresiones de inconformidad y los deseos de independencia de otras regiones autónomas de España, como es el caso de Islas Baleares, cuyas fuerzas políticas nacionalistas ya anunciado un plan para lograr la independencia en el 2030.