Los jueces del Tribunal Constitucional (TC) se están dando a conocer, no por emitir decisiones justas y conforme al derecho, sino por todo lo contrario. Ya conocemos de la infame, antijurídica, racista, discriminatoria y violadora de los derechos humanos fundamentales, que resulta la Sentencia 168-13. Dicha Sentencia, nos puso en la órbita mundial, como que tenemos un Apartheid en el Caribe -similar al que venció Nelson Mandela, en Sudáfrica-. En base a las presiones internas y del exterior, luego de 9 meses de propaganda negativa para el país, fue necesario crear un “remiendo jurídico” -ley 169-14- (que no ha sido suficiente para detener la misma) para contrarrestar y paliar los efectos nocivos de semejante aberración, evacuado por los honorables jueces del TC.
Estos jueces, incapaces de dimensionar los efectos negativos de sus acciones, bajo un pretendido y mal entendido nacionalismo, acaban de “hacer otro tollo” fuera del cajón, poniendo al país nuevamente de espalda al orden mundial y la Comunidad Internacional, queriendo alejar la nación de su compromiso de respeto a los derechos humanos, tratando de desconocer las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH). Esto ha sido debatido y continuará debatiéndose por los entendidos en la materia, quienes se han expresado en los distintos medios, entendiendo que han cometido un nuevo yerro.
Sin embargo, sugerimos al locuaz Presidente del TC, a revisar el Contrato de la Sund Land, para que el país pueda enterarse mediante sentencia, si dicho contrato violó o no la Constitución que tan ardorosa y vehementemente nos invita a defender. Estoy seguro, que de acceder a nuestro humilde pedimento, su protagonismo mediático se incrementaría. Al tiempo que los jueces en minoría, podrán reivindicar a sus pares, que los avasallan con su mayoría.