Los sobornos de ODEBRECHT en la República Dominicana se sucedieron desde 2001 en los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina y tal vez no hubiese ocurrido absolutamente nada si no es por la intervención de la justicia norteamericana que investigó las actividades de la empresa brasileña por su participación en la Bolsa de New York y el uso de los bancos norteamericanos para realizar parte de las operaciones fraudulentas.
Las investigaciones norteamericanas sirvieron para producir en el 2016 una instancia acusatoria al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, de New York, marcado con el No. 16-643 (RJD), firmado por Robert Capers, Procurador de los Estados Unidos, Distrito Este de New York, y Andrew Weissmann, Jefe, Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la cual se imputaba a ODEBRECHT de prácticas corruptas, lo que permitió posteriormente un acuerdo entre esta empresa y el Departamento de Justicia, a través del cual ODEBRECHT reconoció todos los hechos contenidos en la acusación y se comprometía a pagar a Estados Unidos una multa de 2,600 millones de dólares.
Esta instancia de los fiscales norteamericanos ha venido a ser el catalizador del inicio de investigaciones en aquellos países en los cuales la propia ODEBRECHT ha admitido haber incurrido en sobornos de funcionarios públicos para obtener contratos de obras y por eso sería importante un breve resumen de dicho documento.
ODEBRECHT creó una división interna denominada División de Operaciones Estructuradas “para permitir que ODEBRECHT hiciera pagos no registrados, muchos como sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil y en el extranjero”. Dentro de la estructura, se constituyeron tres compañías “off shores” (S&N, ARCADEX y GOLAC), administradas por la referida División, que se utilizaron para “proseguir con el esquema de soborno, y ocultar y disfrazar pagos indebidos realizados a o en beneficio de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros en diversos países”, así como también “a, y en beneficio de, funcionarios y partidos políticos extranjeros en diversos países”, a través de cuentas bancarias abiertas por esas compañías para manejar los fondos destinados para el soborno.
Por lo menos seis ejecutivos de ODEBRECHT tenían a su cargo el manejo de la División de Operaciones Estructuradas y utilizaban para tales fines una plataforma tecnológica (MyWebDay) que les permitía registrar en las “sombras” todo el proceso de pago de los sobornos, desde la solicitud de pago, procesamiento de los pagos, presupuesto para estos pagos, etc. Claro, las informaciones registradas en esta plataforma no se encontraban en los libros de ODEBRECHT. Eran, como en el caso Baninter, operaciones paralelas, fuera de la vista de reguladores y auditores.
El esquema era tan sofisticado, que la División utilizaban otra plataforma informática oculta, denominada Drousys, que “permitía comunicación entre los miembros de la División… los usuarios del sistema Drousys utilizaban una serie de nombres clave para ocultar sus identidades, y se referían a los destinatarios de los sobornos y a los intermediarios mediante más códigos y contraseñas”.
Los fondos que nutrieron las cuentas a través de las cuales se pagaban los sobornos, venían de “(i) gastos fijos cobrados a filiales; (ii) cargos y honorarios, atribuidos a proveedores y subcontratistas como legítimos, pero no incluidos en presupuestos de los proyectos, (iii) anticipos y honorarios por resultados, no declarados, por compras de activos de la empresa, y (iv) transacciones de auto-seguros y auto-garantías.”
Los pagos se realizaban “en efectivo vía paquetes o maletas dejados en lugares predeterminados por el beneficiario de los fondos, tanto dentro como fuera de Brasil; o realizaban pagos por transferencia bancaria a través de una o más de las entidades offshores”.
Para asegurar la confidencialidad de los pagos por soborno “ODEBRECHT y sus co-conspiradores también utilizaban bancos con características especificas, que ayudarían con el esquema: concretamente, bancos pequeños situados en países con leyes estrictas sobre la protección del secreto bancario y sobre el intercambio de información con fuerzas policiales internacionales. Para asegurar la cooperación de estos bancos, ODEBRECHT y sus co-conspiradores frecuentemente pagaban remuneración en honorarios y tasas más altas a las instituciones bancarias, y a los ejecutivos cómplices del banco un porcentaje de cada transacción ilícita.” Algunos de los funcionarios de ODEBRECHT “visitaban a países donde se encontraban los beneficiarios finales, y los llevaban a estos bancos predilectos para abrir cuentas y facilitar la transferencia de pagos ilícitos.”Se llegó al extremo de comprar la sucursal de un banco austríaco en Antigua, para facilitar la apertura de cuentas y los pagos y de ofrecer sobornos de hasta 4 millones de dólares a las autoridades regulatorias de Antigua para tratar de evitar que ésta pasara información a los investigadores norteamericanos.
ODEBRECHT pagó “788 millones de dólares en sobornos sobre más de 100 proyectos en doce países, entre ellos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.”
Sobre el caso dominicano el informe tiene dos párrafos que dicen:
D. La República Dominicana
54. En o alrededor de y entre el 2001 y el 2014, ODEBRECHT realizó y causó que se realizarán pagos corruptos por más de 92 millones de dólares a funcionarios del gobierno, y a sus intermediaros que trabajaban en su nombre, en la República Dominicana. ODEBRECHT percibió más de 163 millones de dólares en beneficios como resultado de estos pagos corruptos.
55. Por ejemplo, con el fin de obtener determinados contratos de obras públicas en República Dominicana, ODEBRECHT pagó sobornos a un intermediario encargado de interactuar con el gobierno, bajo el entendido de que el intermediario pasaría los fondos, en parte, a funcionarios del gobierno. La mayoría de los pagos se hicieron con fondos no registrados de la División de Operaciones Estructuradas, con autorización del Empleado Odebrecht 6. Por medio de este acuerdo, ODEBRECHT pudo ejercer influencia sobre aprobaciones de presupuesto y financiación gubernamental de determinados proyectos en la República Dominicana.”
Lo que hace este caso diferente no proviene de la credibilidad o no que pueda tener la acusación norteamericana, sino el hecho ya comprobado de que la propia ODEBRECHT ha aceptado como cierta toda la información contenida en la instancia acusatoria norteamericana.
Esto nos lleva a que por lo menos 92 millones de dólares, alrededor de 4,300 millones de pesos, fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos sobornados y su intermediario, y por lo menos esos valores fueron obviamente agregados a los presupuestos de las obras (sobrevaloración), por lo que han salido de los impuestos que pagamos.