La ignominia del juicio anticipado por los medios de comunicación y las amenazas implícitas a los jueces que no dictaminen conforme los criterios publicitados.
El aspirar a que, ante la supuesta comisión de una infracción a la ley, la justicia imponga las penas correspondientes al culpable, constituye un anhelo legítimo de cualquier particular, el cual empeñado en ello, perfectamente puede dar seguimiento al juicio que al efecto se celebre.
Pero este deseo, para que permanezca sano, debe mantenerse dentro de ciertos estándares legales y éticos, tan justos, necesarios y legales como aquél de la imposición de las penas de lugar al hasta ahora supuesto infractor.
Esto descarta, de golpe y por raso, que los actores que promocionan y siguen las persecuciones legales, desechen cualquier actividad que afecte la presunción de inocencia que constitucionalmente le asiste, o que perturbe los cimientos del debido proceso al que, como una prerrogativa fundamental reconocido en la mencionada ley superior, el imputado tiene derecho.
Sin embargo, en el juicio seguido contra el Senador Félix Bautista y otros imputados, los medios de comunicación y los actores que los ponen en movimiento, algunos movidos por sentimientos de justicia y otros por causas desdeñables, han exhibido un comportamiento en el seguimiento del mismo tan lesivo a la justicia como lo que piden sea censurado.
En efecto, la presunción de inocencia ha sido pisoteada por la prensa, no sólo por los que, sin tapujos, atribuyen crímenes y delitos a los imputados, sino también por aquella que, con un poco más de cuidado y mediante el uso de verbos modales, no declaran culpable a los acusados pero, al final de su discurso, no queda la mínima duda de la culpabilidad atribuida por la prensa a sus víctimas del momento.
Peor aún, la prensa, constituida como tribunal de la Santa Inquisición, ha preparado ya los calderos donde arde el aceite con que incinerarán a los jueces del caso cuyas sentencias no se correspondan con las condenas impulsadas por los medios de comunicación.
No es ignorado por los que promueven esta despiadada campaña que, los jueces, como ciudadanos normales que también lo son, acaban siendo afectados, ellos y sus familias, por las destructivas críticas que, bajo frases acuñadas tales como "eso era lo que se esperaba…todo está blindado…son compañeros de partido", etc., todo lo cual obra en la ecuanimidad del hacedor de justicia ahora amenazado de muerte moral si no se suma a la cruzada de la prensa.
Imaginamos que, los generadores de opinión pública, en lo adelante, nunca se referirán como algo delictivo a la oscura actividad de compra de jueces que a veces se señala en los medios, puesto que, entre ello y las amenazas vedadas de aniquilamiento moral a los jueces que conocen los casos, no existe gran diferencia.
No importa la calidad jurídica de la sentencia que al efecto se emita, el aceite arde para los desgraciados magistrados apoderados que fallen de manera distinta a la agenciada por la opinión pública… y todo en nombre de la justicia (???).
En el frenesí que este juicio ha despertado, la opinión pública ha ignorado que, sin importar la imputación, la presunción de inocencia, el que cualquier imputado sea juzgado conforme la tutela constitucionalmente establecida, constituyen derechos fundamentales que no están condicionados a lo que ellos entiendan y mucho menos a los nombres de los imputados.
Igual, olvidan estos gestores de justicia (???) que, el debido proceso, no puede desarrollarse ante jueces sometidos a presiones a veces hasta insultantes, sometidos en una encerrona donde no es verdad que permanecerán inalterables, la ecuanimidad y el equilibrio que se le supone a los encargados de dictar sentencias.
Respecto del ejercicio del periodismo y, extrapolado al propio de la opinión pública, en cuanto al tema tratado, como ejemplo de lo reprochable que resultan estas actuaciones, podemos citar lo pautado en el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado en el año 1993 por Resolución tomada en Estrasburgo, que en su numeral 22 establece: "22. En el ejercicio del periodismo, las informaciones y opiniones deben respetar la presunción de inocencia principalmente en los temas que permanecen sub judice, excluyendo establecer juicios paralelos."
Tratando estos excesos, apuntando más al efecto que en la justicia los mismos generan, el Magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, escribió: "Se entiende por "juicio paralelo" el conjunto de informaciones y el seguimiento que hacen los medios de comunicación social de un hecho sometido a investigación o enjuiciamiento judicial efectuándose una valoración ética y jurídica de la conducta de las personas implicadas de forma que los medios de comunicación, ante la opinión pública, ejercen el papel de juez, fiscal y abogado defensor, según los casos. La valoración del asunto discurre paralela al proceso… " Revista El Derecho, (Ediciones Francis Lefebvre, 22/11/2012).
Agrega el distinguido Magistrado: "Durante esta fase del proceso el juicio paralelo supone la posibilidad de campañas mediáticas mediante las que se pretenda influir en la decisión del tribunal condicionando su imparcialidad…Hay que reconocer que la imparcialidad e independencia de un tribunal puede verse condicionada o enturbiada por campañas mediáticas orientadas a defender una determinada posición o a defender intereses empresariales a través de la publicación de noticias especialmente atractivas para el gran público, por lo que la publicidad, que es una garantía del proceso, puede ser un poderoso enemigo de una justicia independiente…El juez no puede ser una persona encerrada en el estrecho marco de la ley y aislada del clima social que le rodea pero deben arbitrarse los medios para que pueda ejercer su trabajo con independencia…"
Es de notar que, en el escenario tratado por este distinguido magistrado, no se contaba con un Procurador General "tuitero" que, usando este medio de comunicación masiva, se ha dado a la tarea de criticar a los jueces por sus fallos y a destacar, procurando una mayor valoración personal que no necesitaba dados sus méritos propios… un estado de derecho no puede tolerar que los jueces sean juzgados por una de las partes del proceso mediante el uso de estos medios cibernéticos, lo cual no es más que otra de las herramientas de las presiones denunciadas en este esfuerzo escrito.
¿Cuál es la real diferencia entre la corrupción que algunos dicen pretender castigar, y el hecho de colocar a la justicia entre la espada y la pared en un juicio determinado?…¿Están calificados los que asesinan a mansalva la moral de imputados revestidos de una presunción de inocencia de orden constitucional, para erigirse como árbitros de la moralidad en un sistema legal que ellos mismos no respetan?…la respuesta ellos mismos la saben.
Poco importa la seriedad y buenas intenciones de algunos de los que se inscriben en este díscolo comportamiento, pues su proceder, carente de toda prudencia y entendimiento de los roles sociales que juegan, conlleva el ignorar que también a ellos se les imponen las leyes vigentes y, quizás por ello, carecen de "licencia para matar" moralmente a sus adversarios.
Ojalá y la presente reflexión sirva para que se vuelva a la senda de la cordura y se abandone la carnicería mediática desarrollada, esperando las sentencias que al efecto se evacuen y, sobre ellas, que se opine de cara al derecho y no a las pasiones…ojalá.