Edward Montás renunció a su condición de querellante contra    el señor Blas Peralta en relación a hechos que se le atribuyen a este último en los que  resultó muerto el ex rector universitario Mateo Aquino Febrillet y con heridas de balas el propio Montás.

El periodista César Medina, en un inteligente análisis sobre el tema, publicado en su columna del Listín Diario, llega a la conclusión de que la renuncia de Edward Montás a la persecución penal contra Blas Peralta facilita el camino de la absolución de Peralta. Parte del criterio de que retirada la querella de Montás resultará fácil a Peralta librarse de la acusación respecto a Febrillet dado que todo indica que Blas no quiso matar a Febrillet, sino que su agresión iba dirigida contra Montás. Conforme a este análisis, agrego yo, Blas Peralta alegaría la falta de intención de matar o la no existencia del “animus necandi”.

La ley lo ve de otro modo. En primer lugar, la acción a la que ha renunciado Montás no es exclusiva de él. Ya lo ha expresado el ministerio público en la persona de la fiscal del Distrito Nacional. La fiscalía tiene el deber de continuar la persecución si la encuentra justificada por tratarse de una acción pública.No se trata de un hecho de interés meramente privado, salvo en lo que respecta al interés civil o pecuniario en favor de la víctima.

Montás renunció a su derecho a reclamar indemnización y ese sí es un derecho que le es privativo; no así lo relativo a la acción penal. Pero hay otro elemento de carácter legal que es necesario tomar en cuenta para un correcto análisis de este caso. Me refiero a lo dispuesto por el artículo­­­­­ 2 del Código Penal en el sentido de que la tentativa de crimen podrá ser considerada como el crimen mismo cuando se manifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpable no logra su propósito por razones ajenas a su voluntad. En este caso se conjugan los dos elementos en perjuicio de Peralta. No creo que resulte tan fácil si se actúa conforme al derecho, sin perjuicio de la presunción de inocencia que protege a todo imputado hasta ser condenado.