La conmoción que hoy sufre gran parte de la sociedad dominicana por el asesinato de Emely Peguero Polanco me lleva a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad, la generosidad y la movilización social en la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas culturales, jurídicos, sociales, políticos, económicos y medioambientales que padecemos.
El asesinato de la joven de 16 años Emely por su novio de 21 años Marlon, quien actuara en complicidad con su madre Marlin Martínez para forzar el aborto de Emely, asesinarla y desaparecerla, pudo haber pasado desapercibido -como ha sido el caso de muchas mujeres víctimas de violencia doméstica y feminicidios- de no haber sido por la solidaridad, la participación activa y el apoyo constante de la comunidad que se lanzó a las calles y utilizó las redes sociales para exigir justicia. De hecho, en el momento en que la desaparición y búsqueda de Emely por las autoridades, familiares y vecinos se volvía viral, fueron encontrados los restos quemados y mutilados de otras dos mujeres víctimas de feminicidios. La desaparición de esas otras mujeres no se había convertido en noticia, pues, sus familiares no contaron con el apoyo de la comunidad para reclamar su búsqueda y el ajusticiamiento de sus asesinos.
Fue la presión social la que obligó a las autoridades judiciales a prestarle la debida atención al caso de Emely y proceder a las investigaciones para dar con el cuerpo de la joven asesinada y apresar al victimario y a su madre cómplice, a pesar de ser ésta una alta funcionaria del gobierno.
En alocuciones públicas, familiares, vecinos, amigos, allegados y gente solidaria expresaron sin temor fuertes críticas a la corrupción e impunidad imperantes en el sistema de justicia criminal dominicano, expresados en la indiferencia e inoperancia de las autoridades judiciales para perseguir e incriminar a los culpables de acciones criminales, sobre todo cuando se trata de feminicidios y otros crímenes cometidos por gente con poder político y económico que con frecuencia compran las voluntades de fiscales y jueces.
La movilización social revirtió esa práctica perversa en los casos judiciales.