Los analistas políticos y electorales coinciden en que las pasadas elecciones generales del 15 de mayo fueron las más complejas que ha vivido la democracia dominicana. Hacía unos 22 años que no se celebraban elecciones generales ya que la crisis política de 1994 y la reforma constitucional que trajo consigo, provocó que las elecciones congresuales y municipales fueran separadas (por 2 años) de las presidenciales (ni juntas ni reburujadas), hasta estas elecciones de 2016.
Por ello los comicios del 16 de mayo de 1994 son la última referencia de elecciones generales, indiscutiblemente superadas en complejidades por las de este año, arropadas de dificultades que fueron desde un cuestionado voto preferencial para diputados, pasando por la implementación, por primera vez, de un conteo electrónico (Reconocimiento Óptico de Marcas), hasta la escogencia de los Directores de Distritos Municipales, solo por mencionar algunos aspectos de la enmaraña logística electoral de la pasada contienda.
Lo de celebrar las elecciones presidenciales, municipales y congresuales un mismo día fue una excepción de la propia Constitución, pues las elecciones deben celebrarse de forma separada. El texto sustantivo, en su artículo 209, nos dice que “las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se celebrarán de modo separado e independiente”. (Subrayado nuestro)
El indicado artículo sigue diciendo que las elecciones del presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales se celebrarán el tercer domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero. No obstante, el Capítulo II de las disposiciones transitorias de la Carta Magna, en el apartado decimocuarto, planteó la situación especial de este año, cito: “Por excepción, las asambleas electorales para elegir las autoridades municipales se celebrarán en el año 2010 y 2016 el tercer domingo de mayo”. De ahí que el pasado 15 de mayo, tercer domingo del mes, todo estuvo “junto y reburujao”.
Ahora bien, para las elecciones de 2020 se aplicará el artículo 209, es decir, que tendremos 2 elecciones en unos 3 meses: las elecciones municipales se realizarán el domingo 16 de febrero, y las elecciones presidenciales y congresuales se efectuarán el domingo 17 de mayo: casi juntas y casi reburujadas.
Imaginemos que toda la normativa electoral no es modificada y llegamos a los dos procesos eleccionarios de 2020 con el marco normativo vigente, que el poder político hizo caso omiso a los reclamos de toda una sociedad, que pasaron 4 años sin pena ni gloria en la reforma electoral; si todo quedara como está, ojo avizor, con lo siguiente:
Una de las razones de definir como “las más complejas” estas elecciones de 2016 fue la aplicación del voto preferencial en los diputados, nivel C-1, pues, tomen nota, para las del 2020, ese voto preferencial que ha traído tantos inconvenientes en la logística del llenado de las actas C-1, así como reclamos y llamados de injusticias por vincularse a un mercado político electoral, con múltiples acciones judiciales, según la ley 157-13 que lo instaura, en su artículo 1, Párrafo II (Transitorio), expresa que para los regidores y regidoras de los municipios y los vocales de los distritos municipales, se aplicará el voto preferencial para las elecciones del año 2020. O sea, tendremos, a los diputados, regidores y vocales elegidos mediante el voto preferencial, entraría en vigencia el Acta-B1 (regidores) y otra B2 (vocales). Imagínense la aplicación del voto preferencial para elegir a más mil 164 regidores y la misma cantidad de suplentes, así como a unos 730 vocales (son la cantidad de estas elecciones 2016, para el 2020 seguro serán más).
Por otro lado, la diferencia entre unas y otras elecciones en el 2020 es solo de 3 meses. No quiero ser ave de mal agüero, pero la experiencia nos advierte claramente. Los regidores y vocales superan con creces a los diputados y, en esa medida, se podrían acrecentar las situaciones críticas por el voto preferencial, los reclamos serán en la misma proporción de los miles de aspirantes a regidores y vocales, y el congestionamiento en las Juntas Electorales Municipales y el Tribunal Superior Electoral podría estar a la orden del día.
Para colmo, las personas que integran las Juntas Electorales Municipales, en su doble función (administrativas y contenciosas), deberán convertirse en miembros-jueces-pulpos, para poder responder las acciones contenciosas que se produzcan con ocasión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 y, a la vez, ir organizando, administrativamente, las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo del mismo año. Ya me lo imagino. Atender al mismo tiempo impugnaciones, nulidades, revisión de votos nulos y observados, los colegios electorales, renuncia de presidentes y secretarios, acreditaciones, entrega de valijas, delegados políticos en constante reclamo…etc, etc, etc. ¡Ofrézcame!
No entraré en el tema de los partidos políticos y su democratización, sería elemental la presunción de los inconvenientes. Terminaré estas reflexiones con la histórica transición que se avecina. Si diversos sectores estiman que 3 meses de transición es demasiado, que parecen eternos, que el que pierde y sabe que no seguirá en sus funciones descuida sus obligaciones fundamentales (como recoger la basura)… ¿qué opinarán de la transición de 6 meses, por mandato constitucional, que operará en el caso de los alcaldes electos el 16 de febrero de 2020 para tomar posesión el 16 de agosto del mismo año? La camisa de fuerza es constitucional.
Son sólo son algunas disquisiciones futuristas, en un escenario hipotético y de desamparo en la normativa electoral, pero hay que estar ojo avizor. En las dos elecciones de 2020 que van casi juntas y casi reburujadas los tiempos, entre una y otra, son cortos y la logística muy enrevesada. Una reforma electoral integral, desde ahora, puede subsanar estas debilidades y convertirlas en fortalezas, de lo contrario, y estaría muy lejos del yerro, serían muchos más complejas que las de ahora.