El Presidente Danilo Medina acaba de promulgar seis de los veintidós reglamentos considerados esenciales para la aplicación de la ley sobre Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial que creó el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre con la finalidad de reformar el sector transporte, reordenar y viabilizar el tránsito, reducir la cantidad de accidentes y el consiguiente número de muertos y lesionados.
Los citados reglamentos establecen la inspección técnica de los vehículos, que antes se conocía como revisión que terminó degradándose al punto de convertirse en el simple pago de un impuesto; normativas de conocimiento de la ley, comportamiento seguro y cívico como requisitos para obtener la licencia de conducción, incluyendo certificado médico avalando el estado de salud psicofísica de los conductores; la aplicación del sistema de puntos a la licencia de conducir por las infracciones cometidas, lo que pudiera culminar con la retirada de la misma al conductor dependiendo de la cantidad de reincidencias.
Otros dos reglamentos son referidos a la capacitación y mejoramiento en la formación de los conductores, mediante la educación vial utilizando métodos, instrumentos y recursos didácticos así como a las condiciones mínimas que deben reunir las escuelas de choferes, donde al presente por la forma errática en que se conduce la mayoría de los conductores en las vías públicas cabe suponer que la educación que reciben peca de muy improvisada, incompleta y deficiente.
Por décadas se ha venido insistiendo en la necesidad de reordenar y reorganizar el desordenado y peligroso tránsito vehicular que padecemos y que sitúa al país entre los de más elevada mortalidad en proporción a la cantidad de accidentes. También gozamos fama de figurar entre los de peor conducencia en el mundo. Curiosamente, tal como hemos señalado en otras ocasiones, ese mismo dominicano que aquí maneja en forma atropellada y agresiva, violando las más elementales normas, cuando emigra, por el contrario, se ajusta de inmediato a las más estrictas reglas de los países desarrollados en los cuales se aposenta, principalmente Estados Unidos y España, donde la violación de las mismas comporta serias sanciones tanto económicas como penales si fuere el caso.
Es de apoyar por consiguiente toda acción encaminada a lograr que el comportamiento que el dominicano exhibe en el extranjero sea la práctica corriente en nuestro propio país. Y en este sentido, saludar la promulgación de los nuevos reglamentos y cuantas más ordenanzas resulten de lugar para garantizar un tránsito seguro.
Ahora bien…esas normas tendrán sentido en la medida en que sean observadas y sancionadas en caso contrario. Es más que de suponer que no bastará en este caso con anunciarlas y exhortar a su cumplimiento si las autoridades no cuentan con los recursos ni con la disposición de aplicarlas sin arbitrariedades pero con energía, sin contemplaciones ni privilegios. Dado que el INTRANT carece de facultades en este sentido, corresponderá a los agentes de la DIGESETT, nombre actual de la AMET, velar por su cumplimiento.
¿Se cuenta con suficientes agentes para ello? ¿Están debidamente capacitados? ¿Contarán con el respaldo debido cuando el infractor sea un “usted no sabe quien soy yo”, ostente galones, sea un hijo de papá, un funcionario de categoría, un político prepotente o un influyente tutumpote?
En suma…la cuestión principal radica en saber si se será capaz de ponerle el cascabel al gato.