Sacar la política de los Hospitales (3 de 4)
Apreciados médicos/as y personal paramédico:
Toda América Latina, debido al poder de la Iglesia Católica Romana y su alianza con dictaduras militares en el siglo XX, se caracteriza por la naturaleza prohibitiva de la interrupción voluntaria del embarazo; permitiéndola solo por causas específicas. Los únicos países de la región donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba, tres países de Antillas Francesas, Guyana Francesa, Guyana y Barbados.
En Republica Dominicana, la Camara Baja acaba de criminalizar el aborto de manera absoluta. No reconoció las causales excepcionales enviadas anteriormente por Danilo Medina para despenalizar el aborto terapéutico, los casos de incesto o violación, y situaciones en que el feto es inviable. Esta penalización incluye—aunque no sea explícitamente mencionada— los abortos de embriones microcefálicos con graves problemas genéticos debido a la epidemia del virus del zika en la República. Nada dijeron los diputados sobre la responsabilidad que debe asumir el Estado ante la carga económica que significa para una mujer pobre criar a un ser humano que demandará atención permanente no solo por unos diez años, sino por el resto de su vida.
La Ley aprobada en la Cámara Baja para criminalizar el aborto es anticonstitucional, no respeta los derechos de la mujer a una vida digna, ni a la equidad de género ni respeta su derecho a la salud sexual y reproductiva. Tampoco respeta el juramento Hipocrático de profesionales de la salud de salvar vidas. Ustedes más que nadie saben que la prohibición del aborto no ha impedido su práctica. Más bien, obliga a la mujer pobre a la realización de abortos inseguros sin que ustedes puedan intervenir en casos de emergencia debido a abortos inducidos e inseguros.
La solución demanda su alianza junto a las organizaciones feministas. Cada día más el país se asemeja a un califato, donde las mujeres son privadas de libertad. Peor aún, las dominicanas son sometidas a la maternidad forzada cuando sus vidas peligran, algo que entre todos los países del mundo solo sucede en el Vaticano, Malta, El Salvador, Nicaragua, Honduras, y Saint Martin; países donde los político obedecen a los obispos y transforman lo que la iglesia considera “pecados”, en leyes de origen divino que imponen a toda la población. Lástima que no impusieran el “No matar” en tiempos de Trujillo; de cruzadas; de cacería de brujas y herejes; y de la Guerra Fría, que tanta sangre derramó en Vietnam, Chile, Centroamérica, el Caribe y Republica Dominicana.
Álvaro Herrero (2010) (1), define el marco de referencia de la discusión sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo temprano [es decir, si se despenaliza el aborto hasta la semana doce de gestación, antes o después] como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina: “Cuando se discute la despenalización del aborto temprano se discute el alcance de la protección al derecho a la igualdad de las mujeres en relación a su derecho a la autonomía sexual y reproductiva, a la salud, a la integridad física y moral, y a la vida”. (Énfasis del autor).
El autor define para la Argentina, la existencia de un "espacio legal" para reformar el Código Penal, y permitir el aborto temprano, "Legal, Seguro y Gratuito" debido a que no iría contra principios, derechos ni garantías del sistema jurídico. Argumenta que en cambio en Argentina la actual penalización del aborto (aún con causales de eximición de pena como es el caso) “sí contradice el sistema jurídico porque viola garantías y derechos constitucionales de las mujeres; concretamente el derecho a la igualdad/no discriminación en relación al derecho a la salud, a la vida y a la integridad física y moral”. Además, el autor argumenta que “la violación a los derechos de las mujeres genera responsabilidad internacional para la Argentina por la violación de los tratados de derechos humanos”.
Esta cita es relevante en el caso dominicano. Primero porque los principios constitucionales de igualdad y libertad definen la no discriminación de personas en atención a su género, y defiende los mismos derechos del sistema jurídico Argentino que permiten la descriminalización del aborto temprano. Todavía es más relevante porque debido al atraso de la democracia dominicana y al chantaje que la Iglesia Católica Romana ha ejercido sobre Presidentes, Congresistas y Jueces de las Altas Cortes, lo que las organizaciones feministas reclaman no es el derecho al aborto temprano, sino el derecho a la despenalización de los casos de emergencia debido a las citadas causales.
Además, al igual que en la Argentina, la violación de los derechos de las dominicanas genera responsabilidad internacional debido a la violación de los tratados de derechos humanos ratificados por el Congreso Dominicano. La reforma al Artículo 30 de la Constitución vigente en el 2009, provocó la primera polémica nacional alrededor del aborto en República Dominicana. Leonel Fernández, entonces Presidente defendió su posición en el país y el extranjero, bajo el alegato mentiroso de ser “producto del consenso de todos los sectores de la vida nacional”.
Contrariamente, la Encuesta Gallup de julio del 2009, mostró que el 80% de la población estaba de acuerdo con que la mujer pudiese interrumpir su embarazo cuando su vida estaba en peligro y apenas el 14% favorecía la regulación del aborto por la vía constitucional. El Artículo 30 que despojaba a la mujer de sus derechos fue aprobado en segunda lectura por 167 congresistas contra 32 que lo rechazaron.
Estoy consciente que el Colegio Médico Dominicano (CMD), dirigido por el doctor Waldo Ariel Suero, presidente de la entidad colegial y los grupos organizados en el Pacto Nacional por la Salud (PANASALUD), han reclamado con marchas y pronunciamientos que el Gobierno eleve en un 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) a favor de sistema nacional de salud, entre otros reclamos. Pero, ¿de que servirá el dinero si en esos hospitales se les niegan a las mujeres sus derechos y los servicios de salud sexual y reproductiva?
La sociedad dominicana les ha negado a las niñas en edad escolar y a las mujeres en general el conocimiento libre, previo, e informado sobre sus derechos a la salud sexual y reproductiva, y a no ser sometidas por el Estado a preceptos religiosos. Contrariamente el Estado solo debe enseñar el conocimiento empíricamente observado y replicado por métodos científicos experimentales y los valores que atan a todos los residentes en el territorio dominicano, expresados en la Constitución de 2010.
Al despojarla de derechos e imponerle valores sectarios que contradicen la Constitución, crean un estado de disonancia cognitiva que socava el cumplimiento de las leyes y el orden constitucional. Por eso, es necesario que todos los sectores de la sociedad apoyen los derechos de sus madres, sus hermanas y sus hijas; porque cuando estos son negados, la relación justa y sana entre hombres y mujeres se quebranta. Convierte a los hombres en opresores y a las mujeres en oprimidas.
Ya tenemos demasiadas mujeres maltratadas por maridos y ex –parejas; desatinados y catastróficos embarazos de adolescentes; y excesivos feminicidios que confirman la opresión y el bajo status de la mujer dominicana. Me despido con el lema integral de la Campaña Nacional Argentina por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la petición que el Ministerio de Salud deje la politiquería y lo adopte:
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Argelia Tejada Yangüela, PhD.
Miami, Florida
Julio 26 de 2016
(1). Álvaro, Herrero (2010): "La permisión de la despenalización del aborto temprano en el sistema jurídico de Argentina". Seminario Internacional: “El derecho al aborto, una deuda de la democracia”. Buenos Aires: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Disponible en www.abortolegal.com.ar