A continuación pueden leer el texto de la Carta enviada por un grupo de ciudadanas y ciudadanos a los jueces del Tribunal Constitucional con motivo del recurso que presentara la Fundación Matrimonio Feliz, portavoz de la Conferencia del Episcopado Dominicano, para hacer retroceder el artículo del nuevo código penal que descriminaliza el aborto terapéutico, y dictaría una ley especial para permitir la interrupción del embarazo en caso de incesto, violación, e inviabilidad de la vida del feto.

Llamado a garantizar la supremacía de la Constitución y protección de los Derechos de la Mujer

17 de abril del 2015

Interferir, por ley, en la conciencia de las mujeres es propio de un Estado totalitario

Federico Mayor Zaragoza  Y  Juan José Tamayo

Honorable Magistrado Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente;

Honorable Magistrada, Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta;

Honorable Lino Vásquez Samuel, Juez Segundo Sustituto;

Honorables Jueces del Tribunal Constitucional:

Desde el 2010, el Tribunal Constitucional fue creado para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional, y la protección de los derechos fundamentales.  Sus decisiones son definitivas e irrevocables.  En esencia, es ése el llamado de nuestra carta, solicitarles que cumplan con sus funciones cuando conozcan el recurso presentado por la Fundación Matrimonio Feliz el próximo lunes 20 de abril.  La Iglesia católico-romana está promoviendo este recurso en todas sus diócesis, parroquias, y grupos donde incide, con el objetivo de retroceder los avances del nuevo Código Penal en el área de salud reproductiva de la mujer.

En sus manos está decidir conforme a un derecho fundamental:  el que las dominicanas puedan actuar de acuerdo a su conciencia y sean libres de elegir el momento y con quien desean procrear.  Un estado que intervenga para legalizar la maternidad forzada, es un estado que no respeta la dignidad ni la vida de la mujer.  Sus consecuencias son particularmente destructivas y horrorosas en los casos de adolescentes y de mujeres que enfrentan partos riesgosos que pueden causar su muerte o afectar su salud física y mental.

Las mujeres constituyen la mitad de la población.  Violarle sus derechos, es regresar a los períodos nefastos de estados e iglesias totalitarias.  Es regresar a un estado de inequidad de género que en el siglo XXI no es sostenible y viola los acuerdos internacionales declarados en convenciones de la Organización de las Naciones Unidas de las cuales la Republica Dominicana es signataria.  Violar sus derechos, forzaría a las mujeres a acudir a cortes internacionales que los protegen.

Nos preocupa la presión que puede ejercer sobre algunos de sus miembros la convocatoria de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) para una jornada de oración el próximo domingo 19.  Los obispos buscan presionar y amedrentar a los jueces del TC, de la misma forma que amedrentaron a los legisladores para criminalizar el aborto sin excepciones en septiembre del 2009.  Ahora lo hacen convocando a su feligresía en todo el territorio nacional para que el domingo 19 “pidan al Señor que ilumine a los jueces del Tribunal Constitucional para que decidan el próximo lunes a favor de la vida”.  En otras palabras, que dicten a favor del recurso de inconstitucionalidad del artículo 110 con su párrafo del Código Penal.

Queremos recordarles, que la Iglesia romana tiene poder sobre sus creyentes, no sobre la ciudadanía.  No nos regimos por la ley canónica ni por teologías de sacristía.  Atrás quedaron los tiempos coloniales cuando Reyes gobernaban por voluntad divina.  La fuente de poder que los ha llevado a ustedes a interpretar la Constitución y sus leyes, es el mismo pueblo.  Por eso no pueden ustedes ser sectarios en el desempeño de sus funciones y negar a la mitad de la población sus derechos.

El argumento de los obispos se fundamenta en que el artículo 110 del Código Penal viola el artículo 137 de la Constitución.  Pero éste último artículo es incongruente con los principios de libertad e igualdad que permean la Constitución, y será sacado el día que se celebre una Asamblea Constituyente.  Su presencia es testimonio del poder que tiene la Iglesia Católica en el país para instrumentalizar los poderes del Estado haciendo valer un Concordato propio del nacionalcatolicismo militarista del siglo pasado.

Por otra parte, queremos llamar la atención sobre el argumento que subyace en el recurso presentado por la Fundación Matrimonio Féliz.  Este se fundamenta en la pretendida inconstitucionalidad del artículo 110 con su párrafo.  No se fundamenta en la Biblia porque la Conferencia del Episcopado Dominicano está consciente de que ningún argumento religioso tiene valor ante un Estado social y democrático de Derecho.  Además, ni el Dios de Israel ni el Dios de Jesús condenaron a ninguna mujer por practicar el aborto.

Más bien, el Dios de Israel es inclinado a castigar hasta cuatro generaciones por los pecados de los padres y a cometer genocidios de niños, niñas y adultos.  Según las sagradas escrituras, Dios no dudó en matar a los niños inocentes primogénitos de las familias Egipcias ni a todos los niños que poblaban la Tierra Prometida.  El libro de Josué, en su versículo 10:40, describe el genocidio ordenado por Dios a Josué:  “Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Neguev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado”.  

Les recordamos que la sociedad dominicana es muy diversa en sus etnias, creencias e increencias.  Solamente el apego a los principios de libertad e igualdad que norman los derechos humanos de toda la ciudadanía, puede mantener a la nación unida, puede mantenerse la paz, y pueden los gobernantes demandar obediencia de los gobernados.

Finalmente, vemos esperanzador que el Tribunal Constitucional cuente con tres magistradas, aunque en justicia deberían ser por lo menos seis, y que ellas participaran en el III Encuentro Iberoamericano de Magistradas Constitucionales celebrado en Guatemala el pasado 16 de abril.  En el mismo, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, presentó la ponencia titulada, La necesaria aplicación de la Perspectiva de Género como Instrumento de Interpretación Constitucional en el Proceso Penal.  Alcances del Síndrome de la mujer maltratada.  En su exposición reiteró que las mujeres han luchado por romper con la minusvalía que históricamente se les ha otorgado en aras de conseguir la igualdad y la libertad.  Tienen ustedes ahora la oportunidad de hacer efectivos los avances que el recurso presentado por la Fundación Matrimonio Feliz pretende retroceder.

De ciudadanas y ciudadanos por la libertad y la igualdad constitucional,

Dra.  Argelia A. Tejada Yangüela, socióloga, investigadora y activista social

Prof. María Teresa Cabrera, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores/as ADP

Dr. Manuel María Mercedes Medina, presidente Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH-RD)

Dr. Carlos Julio Báez Evertsz, sociólogo y politólogo

Lic. Luis Orlando Díaz Volquez, Guasábara Editor

Lic. Verónica Ballester Wú, psicóloga.

Lic. Augusto Batlle

Lic. Guido M de Js. Riggio Pou, economista

Wendy Messalina Capellán Valdez

Raquel Dilia Vicini Alonso, lenguas modernas.

Irka Mateo – Cantante/ Folklorista

Lusmerlin Jeanliz Lantigua Nina, ingeniera química

Roberto Enrique Guzmán Silverio, lingüista

Maestra Lourdes Contreras

Rosa Rodríguez

Sergia Galván Ortega

Víctor Ulianov Polanco, abogado

Carlos Manuel Feliz Cuello, Médico

María Jesús Pola Zapico (Susi), Abogada, feminista y activista derechos humanos

Lorena Vicenta Espinoza Peña, diseñadora y fotógrafa

Maestra Denise Inmaculada Paiewonsky Di Franco, socióloga y profesora universitaria

Lic. Teodoro (Rafael) Frías, Comunicador Social

Leandro Rivera Álvarez

Ramón Arístides Céspedes

Altagracia Balcácer

Lic. Mildred Dolores Mata, trabajadora social

Lic. Miriam Noemí Araujo Martínez, comunicadora social

Después de enviada la Carta las personas siguientes solicitaron ser incluidas:

Miguel Guerrero

Fidelina de la Rosa H., Directora del Instituto de Investigación de Género y Familia –UASD

Dr. Ernesto Jose Guerrero Camilo

Rocio Hernandez Mella, INTEC

Myrna Flores Chang, pedagoga

Ernesto Rymer,

Cristina A. Sanchez M, feminista

Zobeyda Apólito, Feminista

Natanael Disla, especialista en género y desarrollo

Juan Pablo Ortega, activista social