Frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, el país no ha tomado plena conciencia de su potencialmente devastador impacto ni ha actuado en consecuencia. Las medidas adoptadas por el gobierno exhiben más sombras que luces y, aunque afectan a toda la población, no son suficientes. El desafío de restablecer la normalidad requiere movilizar a todas las instituciones para que arrimen el hombro. La activa participación del liderazgo político, empresarial y eclesial seria clave para salir airosos y cuanto antes del atolladero.
Solo si enmarcamos correctamente la situación se puede hacer un juicio valedero. Este año representa una transición delicada por tres razones principales. No es solo el problema del coronavirus que nos reta a actuar con decisión, es también que atravesamos un convulso periodo electoral y que, muy probablemente, tendremos un nuevo partido de gobierno a partir de agosto. Entre esos tres desafíos la transición electoral es la mas peligrosa. Un descarrilamiento de la institucionalidad podría costarnos mucho mas caro que lo derivado del impacto del coronavirus.
Respecto a la preservación de la salud de la población se ha actuado con mesura y corrección y apegado a los protocolos de la OMS/OPS. Inclusive al no imponer un toque de queda total se reconoce que esa medida no es imprescindible. En Corea del Sur y en Japón han tenido éxito en la contención de la pandemia con las medidas alternativas de un agresivo programa de pruebas y la cuarentena de los contactos de los afectados. Aquí las medidas complementarias de absorber el costo de las pruebas, disponer de lugares de aislamiento en hospitales y clínicas privadas y actuar con rapidez contra brotes específicos (SFM) se adecuan a la evolución de la pandemia.
La respuesta de las autoridades al impacto económico de la pandemia, sin embargo, deja mucho que desear. Las primeras medidas anunciadas por el primer discurso presidencial post pandemia y las anunciadas en subsecuente rueda de prensa por el Ministro de Hacienda y el Gobernador del Banco Central se centraron erróneamente en proveer estímulos al aparato productivo. Dieron la impresión de que las autoridades diagnosticaron una caída brutal de la producción que afectaría dramáticamente al consumo interno y la exportación. De ahí que se favoreciera fuertemente al empresariado a través de medidas monetarias, cambiarias, crediticias e impositivas.
Ese alarmante sesgo del conjunto de medidas para favorecer a los que menos lo necesitan provocó acerbas críticas. Pronto se le hizo ver a las autoridades que su principal prioridad era ir en auxilio de aquellos segmentos de la población que son los mas vulnerables, de la clase trabajadora que perdería sus empleos y de aquellos microempresarios, chiriperos y cuentapropistas que deben salir a diario a ganarse el pan de cada día. (El empleo del 55% de la fuerza laboral es informal.) No era solamente que se erró garrafalmente en el establecimiento de las prioridades, sino que tampoco se introdujo el criterio moral de equidad social que debe prevalecer en la distribución del gasto público.
Afortunadamente, el gobierno ha corregido en gran medida ese desvarío. Para el segmento de la población más pobre se ha dispuesto una distribución amplia de alimentos crudos y cocidos, incluyendo la provisión diaria de 3 raciones a 315,000 familias cada semana, 1.3 millones de raciones para los estudiantes cada semana, 100,000 raciones diarias en los Comedores Económicos y 22,000 kits diarios de alimentación para los niños de las estancias infantiles. También se ira en auxilio de los más pobres, a través de un subsidio de RD$5,000 mensuales por dos meses, a partir del 1ro. de abril, para un total de 1.5 millones de hogares adscritos al programa Solidaridad (811,000) y otros (690,000) identificados por SIUBEN. A eso se añadirá RD$2,000 mensuales adicionales para otros 350,000 hogares que son especialmente vulnerables al coronavirus. Para garantizar el suministro efectivo de los bienes que demandarán estas medidas se añadirán 2,000 nuevos comercios a la actual red de abastecimiento social.
Por otro lado, para la protección de los empleos se contempla, en el caso de los sectores donde el gobierno ha dispuesto el cese de sus operaciones, un subsidio de RD$8,500 mensuales por dos meses –desde el 1ro. de abril hasta el 31 de mayo– para aquellos empleados formales que han quedado cesantes. (Se estima que ya han sido cesanteados más de 800,000.) También se cubrirá, en aquellas empresas que han disminuido sustancialmente su actividad, una parte del salario –que puede llegar hasta los RD$8,500– para que no despidan a sus empleados remanentes. Estas empresas serán identificadas por la Comisión Económica creada para enfrentar la crisis.
Las medidas económicas reseñadas son saludables y beneficiaran a casi la mitad de la población dominicana (5.2 millones de dominicanos). Pero deben ser cuestionadas en dos aspectos principales. El exministro de Economía Isidoro Santana ya señaló el primero al observar, acertadamente, que el subsidio a los hogares de Solidaridad y a los trabajadores informales debió ser más elevado y que sería preferible asistir a las familias pobres con entrega directa de dinero en vez de alimentos (por lo engorroso de su distribución). El segundo aspecto es que el abanico de medidas que favorecen a los empresarios luce excesivo e innecesario. Esto así aun cuando algunas empresas y entidades han anunciado medidas para favorecer a sus empleados y sus clientes (p. ej. bancos).
Es aceptable la fórmula para financiar los RD$32,000 millones requeridos por las medidas económicas y de salud. El uso de las reservas técnicas del IDOPPRIL, el préstamo del Banco Central y los fondos de contingencia que se girarán al Banco Mundial serían suficientes para solventar los gastos por los dos meses de vigencia. Pero no debe perderse de vista que las medidas provocarán un mayor déficit fiscal en tanto la pandemia causara una estrepitosa caída de las recaudaciones fiscales y, en la medida en que el consumo no sea homologado con la producción, una segura inflación en los precios de los alimentos y otros bienes básicos.
Ahora bien, las medidas del gobierno podrían ser miopes ante el panorama global. No es solo que localmente disminuirán los ingresos fiscales y que se resentirán los ingresos de divisas (exportaciones, turismo, remesas), sino que hay voces autorizadas que visualizan una depresión económica mundial. Nouriel Roubini, el famoso economista que predijo la recesión del 2008 ahora dice: “A menos que se detenga la pandemia, las economías y mercados en todo el mundo seguirán su caída libre. Pero aún si la pandemia está más o menos contenida, el crecimiento general podría no producirse a fines de 2020. Después de todo, para entonces, muy probablemente comience otra temporada de virus con nuevas mutaciones; las intervenciones terapéuticas con las que cuentan muchos pueden resultar menos efectivas de lo que esperaban. Así, las economías volverán a contraerse y los mercados volverán a caer.” Y el mismo FMI ha advertido que la recesión podría ser la peor de todos los tiempos.
Lo anterior sugiere, por tanto, que la respuesta nacional a esta pandemia no puede limitarse a las medidas gubernamentales. Es preciso que otros sectores organizados de la sociedad se movilicen, especialmente el empresariado, las iglesias y el liderazgo político. Cada sector debe crear su propia respuesta solidaria y reservar la actuación ecuménica para la respuesta económica. No debemos esperar a que nos roben para entonces poner el candado. Debemos anteponernos a la catástrofe con una planificación certera que minimice los choques negativos del exterior y las consecuentes dislocaciones internas.
A pedir de boca esta la oportunidad que nos ofrecen las agencias multilaterales y la cual podría determinar si salimos de esta con “carita de angel” o carita de virus. El gobierno y el PRM deben abocarse, en el seno de un Consejo Económico y Social presidido por el reputado economista Isidoro Santana, a discutir la naturaleza de un préstamo a serle girado al fondo de emergencia que el FMI tiene disponible, el cual tendría términos concesionales. Este implicaría unas condicionalidades que no solo equilibrarían las finanzas públicas, sino que también nos enfilarían hacia el necesario Pacto Fiscal. Ya 80 países han solicitado la asistencia del FMI y el Ecuador nos podría servir como referencia para estos nobles fines.