“La educación consiste en enseñar a los hombres, no lo que deben pensar, sino a pensar”.
(Calvin Coolidge).
Con mucha propiedad ese gran genio de la humanidad, Albert Einstein, entre sus muchas frases célebres nos dejó una lapidaria “El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento”. Justamente, es lo que ocurre todos los años con “las discusiones” en torno al presupuesto público. Es el galimatías máximo que se expresa alrededor los mismos, incluyendo profesionales de la economía que caen en la trampa. En el Congreso, desde el 2006, no hay espacio ni siquiera para el debate serio, ponderado, para un examen con compromiso.
La disrupción que ha traído consigo la revolución digital con su impacto en lo económico, político, social, cultural, en el mundo de la era de la perplejidad, de lo global, “parecería” que no ha llegado a la elite política nuestra. Se siguen manejando con una fuerte dosis de parálisis paradigmática. La misma lógica “del poder” del siglo pasado: hacer lo que le conviene como grupo y lo que le da ventajas personales, sin considerar a la sociedad en su conjunto.
Cuando vemos el presupuesto desde la Sociología económica, el panorama es distinto del de los apologistas del statu quo. La Sociología económica estudia el análisis sociológico de los fenómenos económicos; esto es, cómo la producción, la distribución, el intercambio, de los bienes y servicios producidos por la sociedad, impactan en el conglomerado humano. Cómo la riqueza creada repercute en la vida humana, en la gente, en su calidad, en su bienestar, en su esperanza de vida. De cómo la incidencia de los factores económicos se expresa en la organización de la sociedad. De lo que se trata es de cómo el Presupuesto incide en el conjunto de la sociedad; de cómo se valida la legitimidad de un gobernante, más allá de su retórica, más allá de la publicidad. En el presupuesto descansan las prioridades, la morfología social y hasta la sinarquía real que se produce en un cuerpo social. Allí está la ideología de un Presidente y de su equipo.
En el año 2019, el Proyecto de Presupuesto (921,880 mil millones de pesos) representan un 21.4% del PIB. Sin embargo, ese monto que está desglosado en RD$156,000 mil millones de pesos en aplicaciones financieras (deudas) y RD$ 148,000 mil millones de pesos en intereses, nos da una idea de la problemática de la sostenibilidad fiscal. Nos encierra que el paradigma de visualizar la deuda como coeficiente del PIB, no nos aclara en su justa dimensión la gravedad. Nos perfila tendencia, empero, no ausculta de manera medular el enigma, el quid pro quo del rompecabezas: RD$304,000 mil millones del saldo de la deuda, equivalente a 40% de los gastos totales y al 48% de los ingresos tributarios. Lo que significa que del dinero que genera la economía, vía impuestos, tendríamos que pagar cuasi RD$45 pesos de cada RD$100.
¡Una estabilidad macroeconómica construida sobre piso falso! Cada año tomamos más prestado para pagar deuda e intereses. De ahí que desde el 2008 tengamos déficits fiscales. Nos endeudamos para gastos corrientes no para el Capital público y con ello, la inversión pública. En los últimos 10 años, la inversión pública ha promediado 16% de la composición económica de los presupuestos. Hoy sabemos que la inversión pública tiene un efecto multiplicador más expansivo que los gastos corrientes y que motoriza aún más las inversiones privadas, como agente de fuerza motriz en la economía de mercado.
Si la composición económica del presupuesto es aterradora, en detrimento del capital público, la composición funcional es un signo ignominioso para la sociedad y sobre todo, para los sectores más excluidos y subalternos (pobres y vulnerables) del país. La inversión en salud, que en el 2018 era de 2.02 y terminará en menos de 1.9, quedará para el 2019 en 1.89, la más baja de los 34 países de la Región. Agricultura baja con respeto al 2018; Interior y Policía; la Policía también, baja. Todo esto tiene que ver con la Defensa y Seguridad, principal problema que perciben los ciudadanos en todos los estudios de opinión.
El problema para una sociedad no es en sí mismo el tamaño del gasto público, sino en que gastamos, cuan eficientemente gastamos y como asignamos institucionalmente el dinero. Los actores políticos no solo se queman en la visión de la composición funcional y económica de los presupuestos configurados en los últimos años, al mismo tiempo, tienen una ceguera con respecto a la ineficiencia técnica e ineficiencia asignativa. La ineficiencia técnica tiene que ver en gran medida con la calidad de la infraestructura de las obras, de la capacidad para el mantenimiento de las mismas, de no hacer las cosas bien hechas. La ineficiencia asignativa es la no priorización del dinero, de no hacer más con menos, de la elite política tener una agenda que no concuerda con la agenda de la sociedad, de sus necesidades reales.
En nuestro país solo en el 2007 tuvimos un superávit primario y fue de RD$4,000 mil millones de pesos. La elite política que ha dirigido los catorce años precedentes ha tenido un apetito por el gasto público, respuesta de la profunda brecha fiscal desde el 2008. Leonel y Danilo han tenido, como diría el Banco Interamericano de Desarrollo, una preferencia por el gasto público: liberal en las preferencias y fiscalmente “exuberante”, esto es, no sostenible desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal. ¡No hay eficiencia ni mucho menos equidad en sus elaboraciones, no coadyuvan denodadamente con la reducción de la desigualdad y de la pobreza!
El grave problema que esto acusa es el indicador de la INSTITUCIONALIDAD, de los problemas que tenemos como sociedad, de cómo han sido abordados y del grado de los niveles de CONFIANZA que predominan en la percepción de los dominicanos con respecto a las instituciones. Esto, obviamente, repercutirá negativamente si en algún momento nos vemos frente a una crisis. Las tensiones sociales se desbordarán y los conflictos es probable que una parte de la sociedad busquen respuestas fuera de los mecanismos institucionales establecidos.
Observando una mirada a GALLUP/ Hoy, en tres cuadros nos damos cuenta del potencial de una disrupción en nuestro mundo social. Veamos:
- Confianza en las instituciones (18 instituciones valoradas):
- Partidos políticos: 23. 4 de aprobación y 72.8 de desaprobación.
- Congreso: 26.2% confianza y 68.4 de ninguna o poca confianza.
- Policía Nacional: 26.9 de algo o mucha confianza. 70.5 de ninguna o poca.
- Tribunal de Justicia: 31.2 de algo o mucha confianza. 63.8 de Ninguna o poca.
- Principales problemas (33 problemas):
- Los robos, asaltos, bandas y delincuencia en general: 66.1.
- La inflación, alza del costo de la vida: 46.8
- Escasez de fuente de trabajo, desempleo: 31.8.
- Corrupción administrativa: 22.6.
- Desempeño del gobierno: (18 áreas):
- Tráfico y consumo de drogas: 8.9 bien o muy bien. 81.4 muy mal.
- Lucha contra la delincuencia: 9.6 bien y muy bien. 84 muy mal.
- Lucha contra la corrupción: 10.3 bien y muy bien. 81.7 muy mal y mal.
- Control y regulación migración ilegal: 14.1 bien. 78.7 muy mal y mal.
Esos datos que tienen una enorme confiabilidad nos dicen a nosotros cómo desde la alta instancia del Estado se bosquejan y se asumen los problemas de la sociedad y de cómo los presupuestos no han sido un instrumento de desarrollo para el conjunto de la sociedad, dado que esos déficits sociales se advierten desde hace varios años. ¡Repensar el liderazgo político es ineludible para poder dar un verdadero golpe de proa!