Las dificultades económicas por las que atraviesan algunos sectores económicos cuestionan los resultados fundamentales de la presente gestión de gobierno. Los reclamos del sector agropecuario (i.e. arroceros y ganaderos), de la banca comercial, del turismo, de los industriales y exportadores indican que el modelo de estabilidad macroeconómica vigente debe ser revisado.
Luego de siete años de una costosísima estabilidad cambiaria y una cuestionada baja tasa de inflación, los actores económicos se preguntan si esos resultados son suficientes para garantizar aumento de la productividad, mejoría de la competitividad, reducción del desempleo, disminución de los niveles de pobreza y mejoría en la distribución del ingreso. En cada uno de estos ámbitos los progresos han sido limitados, excepto por comparaciones aviesas con el período de los fraudes bancarios.
De la misma manera resulta cuestionable que el crecimiento económico con estabilidad produzca agudos desequilibrios fiscales así como déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos; además de que induzca a bajas tasas de ahorro, insuficientes para financiar una proporción sustancial de la inversión doméstica. Por eso la tendencia creciente del endeudamiento público se convirtió en la vía de financiar los desequilibrios internos y externos y el crecimiento económico entre 2005-2010.
Los resultados de la aplicación de estas políticas económicas no satisfacen las aspiraciones de la población que desea vivir en un país próspero. El deterioro de la calidad de vida de los dominicanos durante estos años de progreso, de acuerdo a la interpretación oficial, no se corresponde con los niveles de delincuencia, criminalidad y pobreza imperantes; lo que evidencia falta de oportunidades sociales y económicas, las cuales no han sido creadas por el modelo de estabilidad macroeconómica en el que se invirtieron cuantiosos recursos públicos.
Sería deseable que durante la presente campaña electoral los candidatos presidenciales discutan públicamente sus planes de gobierno. Pero no se trata de la demagogia a la que nos tienen acostumbrados; es esta ocasión la ciudadanía demanda que las propuestas de los candidatos sean racionales y que además estimen los impactos que tienen sobre la población (las cuentas fiscales, el tipo de cambio, la inflación, el empleo, la pobreza, entre otras). En fin, que haya una discusión seria sobre las dificultades identificadas en sus planes de gobierno.
Es decir, los candidatos deben incluir en sus propuestas los objetivos que persiguen en cada área, así como también una estimación del costo impositivo que tendría para la población, el manejo equitativo de las cargas fiscales, racionalización de la deuda pública y la definición de los objetivos de los subsidios.
La población dominicana actualmente rechaza con firmeza los discursos y las promesas politiqueras. El hartazgo de muchos sectores está en función directa a los incumplimientos de los gobiernos y a la burla que significa el enriquecimiento de algunos de los miembros de los partidos políticos al frente del aparato estatal. Esta campaña electoral es significativamente diferente a las anteriores ya que la ciudadanía ha adquirido cierto nivel de conciencia de que no basta otorgar la representatividad a los políticos, además es imperativo que los ciudadanos exijan que las políticas económicas resuelvan las necesidades de la población.
Por tanto, debe reducirse a la mínima expresión el despilfarro de los recursos públicos y exigir racionalidad de las políticas públicas de acuerdo a reglas que garanticen un desempeño que mejore el bienestar de la población dominicana. la política fiscal debe sujetarse al cumplimiento de objetivos y metas, cuya eficiencia pueda medirse con indicadores de ejecución claramente definidos por las organizaciones del gobierno y supervisadas por la sociedad civil.
No basta reportar, por ejemplo, que el gasto en educación se incrementó, ahora es preciso mostrar que las metas se cumplieron y que su cumplimiento se logró observando criterios de eficiencia y de eficacia. En otras palabras, que los recursos públicos se utilizaron adecuadamente conviniendo con las mejores prácticas de política fiscal.
Los dominicanos declararon que desean vivir en …un país próspero, con dignidad, seguridad y paz, en un marco de democracia participativa… (Estrategia Nacional de Desarrollo, página 25). Lo que significa que la estabilidad cambiaria y las cuestionables bajas tasas de inflación han conseguido prosperidad para unos pocos afortunados, sin seguridad ni paz; en un ambiente de participación ciudadana muy limitada, baste solo mencionar como ejemplo el caso de los reclamos por el 4% del PIB destinado a la educación. Nunca se ha cumplido y cuando se reclama su cumplimiento, este gobierno deroga la Ley de Educación durante las discusiones de la Ley de Presupuesto para el 2011, cuestionando los resultados sociales de la participación ciudadana. Lamentablemente, los avances de la sociedad dominicana han sido pocos en los últimos siete años.