La deuda pública recibió hace unos días otra nota de mala prensa. Esta vez sin mala intención. Una confusión al revisar información oficial apresuró a un colega dar la alerta a la opinión pública sobre una situación irregular. Como admiro su dedicación de celoso guardián de las ejecutorias de políticas públicas, en un respetuoso intercambio por Twitter le mostré donde estuvo el traspié del que sólo se salva quien nunca opina. Aprovecho la oportunidad para explicar el caso con la misma finalidad de orientar adecuadamente a los ciudadanos, respaldando lo que él mismo ha bautizado como “tu derecho a saber”.
La Dirección General de Crédito Público publica un cuadro con los bonos externos en circulación con datos sobre las características de cada uno en la parte superior y, a continuación, la proyección del servicio del 2019 al 2022. Tres bonos con las mismas características en el cupón y la fecha de vencimiento aparecen con un aparente reembolso anticipado. La suma de este pago de principal asciende a US$500 millones, a pesar de que el cuadro establece vencimiento pautado para el 2021. Peor aún, está en cero la misma proyección que hace la entidad oficial para este año, como se observa en la imagen del cuadro que destaca sólo estos bonos.
Ciertamente luce algo irregular que se explica como una cancelación anticipada, pero no presupuestada, en la que se usaron US$500 millones en mayo contando con reponerlos con la emisión de bonos que reportaría liquidez en dólares en junio. Es cierto que la DGCP tiene poder para hacer esa y otro tipo de operaciones con sus pasivos, pero no se había comunicado la situación. Efectivamente, no hay nada al respecto en su portal institucional.
El punto es que operaciones de esa naturaleza sólo pueden ser secretas en su fase de diseño, tal como pasó con la de PETROCARIBE. Rumores sobre la posibilidad de esa operación de cancelación anticipada de los pagarés de deuda con Petrocaribe circularon en diciembre 2014. Un artículo al respecto escribí en este medio (1) explicando las razones de la operación y una estimación del precio de mercado de esa deuda con Venezuela. Los términos de la transacción se hicieron públicos de inmediato, para cumplir con la obligación de reportar a los participantes de mercados de capitales toda información relevante. El estándar riguroso es contarlo todo. No hay cabida para un “si no me acuerdo, no pasó”. Para una próxima sospecha de esa naturaleza, mi recomendación sería el estribillo “Si DGCP no lo contó, es que no pasó”.
¿Estaba prevista o no esa amortización? La DGCP tiene una nota en la sección del cuadro de proyección del servicio informando que para el 2019 los datos son a partir de junio. Como el pago principal fue en mayo, por eso la columna está en cero. Pero eso no despeja la duda de si estaba o no presupuestado. Para esto hay que consultar el prospecto en que se basa la emisión de esos bonos soberanos.
Noten que los tres bonos tienen la misma fecha de vencimiento y cupón, pero se emiten en diferentes momentos. En el 2010 el gobierno empezó a reincorporarse a los mercados de capitales, ofertando un bono a 10 años y a un cupón de 7.5% con el que pensaba captar US$1,500 millones. No se pudo todo al mismo tiempo, como en las luchas de Jack de aquí o las preferencias del Jack de allá, se fueron en tres caídas o tres pedazos: US$750, mayo 2010, US$500, julio 2011, US$250, noviembre 2011.
Además de recibir los bonos chin a chin, las partes acordaron que el bono se amortizara en los últimos tres años, en partes iguales. Lo común es que sea un solo pago a fecha de vencimiento, pero para países como el nuestro que salieron en 2001 y en odisea se convirtió pagar, recuperar confianza se logra prometiendo una devolución más acelerada del capital.
El prospecto de esos bonos está disponible en el portal de la DGCP y en la imagen noten la obligación asumida para el pago del capital en tres cuotas a partir de mayo 2019. En el cuadro de proyección de la DGCP, en la primera imagen, ahí están U$500 millones para cada uno de los años 2020 y 2021. La imagen del prospecto la última oración establece que los bonos no serán redimibles antes de vencimiento, condición que descarta, en consecuencia, una recompra parcial anticipada de la emisión.
Pero un dato final a tomar en cuenta es que esa es una operación que hubiese costado al gobierno más de US$500 millones. La recompra de estos títulos tenía que haberse hecho con prima. Es un bono con un cupón de 7.5% que vence en tres años. Un filete. El cuadro de rendimiento de bonos soberanos de la Dirección General de Crédito Público indica rendimientos en el mercado secundario que, en mayo 2019, estuvieron entre un máximo de 4.02% y un mínimo de 3.22%. Comprar un bono con cupón de 7.5% para terminar recibiendo esos rendimientos a vencimiento implica precios de 106.04 y 107.5, respectivamente, o desembolsos del gobierno por US$530 y US$537.5 millones.
La imagen presenta los rendimientos de los bonos soberanos seleccionando el que nos ocupa del slicer a la izquierda de la gráfica. Está en Power BI. La Dirección General de Crédito Público tiene ya algunos contenidos en esta forma de ver información pública al que deberían orientarse más las entidades oficiales difunden estadísticas.
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