Las luchas sociales son siempre reveladoras de crisis incubadas que vienen arrastrando las sociedades. Crisis que, dependiendo de los lentes con que se miren, pueden presentar oportunidades de transformación o si es vista con el ojo del síndrome de la conspiración y amenazas para el sistema puede producir estancamiento y parálisis (Cfr. Ensayo sobre la Ceguera, Josè Saramago).
En efecto, detrás de las luchas de los médicos y otros sectores vinculados al sector salud, se develan grandes campos de oportunidades para superar la larga transición trillada por la reforma de salud y romper estructuralmente un modelo agotado y que por su propia naturaleza produce limitado impacto en los indicadores de salud del país.
Se necesita de un giro copernicano en el sector salud que toque raíces profundas. Estos cambios por su naturaleza obligan a caminar juntos, no en confrontación. La salud es uno de esos escenarios donde el campo de la política tiene que subyugarse o someterse, porque toca la vida misma, y toda la sociedad se mueve en ese territorio. La salud está hecha de dolor y esperanza. Develar la crisis actual del sistema no es irrelevante, es desafiante. En tal virtud, a cada uno de los actores claves se le presentan retos que no pueden ser relegados ni agendados para después.
Pero estas luchas reclaman trascender estilos de liderazgos sociales atrapados por el pasado y orientarse hacia métodos de lucha más creativos y conectados con las expectativas de la sociedad. El escenario de lucha de los médicos invita a sus protagonistas al encuentro definitivo de lo que en su fundamento y naturaleza es un colegio profesional, trascendiendo el gremialismo y el enfoque corporativista. En tal virtud, el Colegio Médico Dominicano puede convertirse en un actor decisivo en el avance de las reformas de salud, lo cual requiere que se apropie de una agenda sistémica, amplia y conectada con el resto de los movimientos sociales del país.
El CMD deberá abrirse espacios de construcción de propuestas donde se apunte a superar la lógica de negocio de la medicina y hacer aportes a la protocolización que controle la actuación del médico, en especial su tendencia a la sobreindicación de procedimientos y medicamentos; un CMD que con esta protocolización también contribuya a la disminución de las malas prácticas médicas y por ende a una mayor garantía de los resultados en la salud de los pacientes.
El CMD puede ser un catalizador de ideas alrededor del tema relacionado con la tecnología moderna, las vías de abordajes para el tratamiento de determinadas patologías y la relación costo-beneficios de dichas vías. Esto demanda de una actitud positiva y activa hacia la investigación científica, la cual implica de más inversión como país y mayor interés en las universidades.
El CMD es un ente determinante para aportar en la formación de la futura generación de profesionales de la salud, contribuyendo a la configuración de una masa crítica comprometida con un nuevo modelo de salud que coloque en el centro a las personas y no el negocio; profesionales que conozcan mejor el sistema de seguridad social y entiendan su funcionamiento y los principios que los rigen. Esto supone un CMD constructor de propuestas para reformar los programas de educación universitaria.
Asimismo, el CMD deberá dar prioridad en su agenda estratégica a la recertificación de los profesionales ya en servicios, con la clara decisión de tener médicos actualizados y empoderados de los avances de la medicina moderna.
Es el CMD un ente determinante en la formulación de nuevas modalidades de contratación de los profesionales de la salud. La Ley 87-01 ordena la definición de modelos de contratos basados en la productividad y los resultados, lo cual indica la necesidad de modificar el modelo reducido al pago de un salario, que de por sí es fuente de inequidad. Este modelo de contratación deberá, además, eliminar o disminuir los conflictos de intereses que se producen entre lo público y lo privado, apuntando a que haya una clara separación de ambos campos en el actuar del médico. Este es un tema de ética y transparencia pública que afecta críticamente nuestro sistema de salud.
Estos y otros puntos asociados a una agenda estratégica tienen como base la elaboración y aprobación de la Ley de Carrera Sanitaria, la cual regularía la organización de los recursos humanos del sector salud y sería base sólida para que el país cuente con un marco que replantee y reorganice los recursos del sector. Asimismo, esta Ley es necesaria para disminuir las inequidades territoriales que se producen en la distribución de los profesionales, principalmente las enfermedades y las subespecialidades.
Respecto a la cuestión del seguro de salud para los pensionados, el país tiene que dar saltos. La pensión no puede ser un castigo, sino un instrumento de equidad y solidaridad social. En el marco actual tomar una pensión para el retiro puede dejar al núcleo familiar sin un seguro de salud. Eso no puede ser. Necesitamos poner en funcionamiento lo que dice la Ley 87-01. Todos los pensionados deben ir al Régimen Contributivo con todos los beneficios de este régimen. Para evitar un impacto negativo en una ARS, por la alta siniestralidad de esta población, la vía más apropiada es que la cartera de afiliación de los pensionados sea distribuida en las diferentes Administradoras de Riesgo de Salud y de esta manera dispersamos el riesgo.
Desde el Estado, hay que continuar profundizando la superación de los anacronismos institucionales verificables en la existencia de “modelos de financiamiento que reproducen inequidades regionales y sociales, alta escalada de costos, serios problemas de gerencia del sistema en su conjunto, alta insatisfacción de la población usuaria de los servicios públicos de salud…la falta de coordinación entre las instituciones reguladoras…” (Cfr. Bernardo Matías, El Pecado Original del Sistema Dominicano de Seguridad Social, 2013). Estos déficits institucionales impactan negativamente la calidad de los servicios y los indicadores de salud.
A la fragmentación institucional existente se agrega el desequilibrio del gasto en salud provocando una carga excesiva en el gasto del bolsillo de la población, especialmente en los más pobres. Así como el bajo financiamiento público que se destina del Producto Interno Bruto (2%), siendo uno de los más bajos de la Región. Hay que incrementar la inversión en salud. No obstante, un incremento a un 5% del PIB para el gasto público en salud debe ser gradual, procurando que el mismo tenga un horizonte de tres años. Son necesarias algunas acciones previas de reorganización y planificación en el sistema para que este financiamiento sea manejado con eficiencia.
Bajo el marco organizacional actual no existen garantías para que un incremento del PIB se traduzca en beneficios para la salud de la población. En un nuevo esquema de financiamiento, adquiere alta prioridad un plan de inversión dirigido a mejorar la infraestructura física y tecnológica de los hospitales, superando las inequidades territoriales de esta inversión tradicionalmente concentrada en la capital y Santiago y comenzar a invertir en los centros de salud de los municipios, las unidades de atención primaria y en centros públicos que garanticen la entrega de servicios en estudios diagnósticos en las diferentes regiones.
Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil, portadoras de sentido y esperanzas, están compelidas, convocadas, a trillar una agenda social y política de redimensionamiento del sistema de salud. Con propuestas bien fundadas y viables las organizaciones sociales podrían proclamar una alianza Estado-sociedad que abra caminos de esperanzas. La sociedad civil no puede seguir de espaldas a las reformas de salud y a la profundización de las mismas.