El Partido Revolucionario Moderno (PRM) había anunciado para el pasado viernes 8 de abril la transmisión de un documental. La transmisión de éste no fue hecha y el dueño del medio alegó que sus abogados le habían recomendado no hacerlo, porque se trataba de algo de difamación. El PRM dijo que se trató de presión por parte del gobierno para no difundir el programa.
Días antes del viernes, altos dirigentes del PLD, realizaron un rueda de prensa denunciando una supuesta campaña sucia contra el gobierno y algunos de los funcionarios y luego unas declaraciones en donde afirmaron que con la negación de pasar el documento audiovisual, se confirmó la campaña de difamación. Esto último pone a pensar y a dudar de que si realmente hubo presión o no por parte de las autoridades.
No es la primera vez que se utiliza que un gobierno o un candidato es víctima de una campaña sucia o protagonista de un documental, dependiendo desde dónde se mida.
Juan Bosch, Peña Gómez, Hipólito Mejía y Leonel Fernández, por citar algunos, han probado, desde pequeños spot publicitarios, hasta documentales de más de una hora y se pasan por televisión sin ninguna censura.
El gobierno debió ser el primero en facilitar la difusión del documental, porque este es un país que cree lo que quiere y según los números de las encuestas, ya es imposible que cambien. Por lo pronto y analizando los hechos y declaraciones ocurridas antes, durante y después del viernes, es difícil no pensar en que hubo una orden en contra de la transmisión.