Las medidas dispuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los diversos estados, con el objetivo de disminuir los graves efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, modificaron las agendas públicas y privadas del planeta.
En muchos países fueron aplazadas elecciones que estaban programadas en fechas en las que el contagioso coronavirus ponía en riesgo la salud de los votantes. Dentro de estas se encuentran las Presidenciales y Congresuales que, conforme al artículo 209 de la Constitución Política, deberían celebrarse el próximo día 17 de mayo, pero fueron aplazadas, por la Junta Central Electoral, para el 5 de julio del 2020.
A causa de la nueva convocatoria hecha por el órgano electoral a las asambleas electorales para que se reúnan en los colegios electorales a elegir al presidente y al vicepresidente de la República, así como a los senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), nos encontramos en medio de una campaña electoral totalmente distinta a las anteriores.
El distanciamiento social, considerado como el mecanismo más efectivo contra el contagio del coronavirus, es la principal justificación para el aplazamiento de las elecciones y el cambio de la forma de hacer campaña electoral. Por tal razón, se debe cumplir de una manera estricta tanto en la campaña como en la jornada de votación.
Para enfrentar la pandemia sin mayores limitaciones, el presidente, Danilo Medina, fue autorizado por el Congreso Nacional a declarar el país en Estado de Emergencia. Este Estado de Excepción, ni ningún otro, puede afectar los derechos de ciudadanía contemplados en el artículo 22, los cuales están encabezados por el de elegir y ser elegibles para los cargos establecidos en la Carta Sustantiva, por lo que el mismo no puede impedir, bajo ninguna circunstancia, la celebración de las elecciones.
Sin embargo, los estados de excepción, como el de emergencia, suspenden la libertad de tránsito, consagrada en el artículo 46 de la Carta Sustantiva, la cual materializó drásticamente el presidente, Danilo Medina, al dictar un toque de queda, que prohíbe el tránsito y la circulación de personas en todo el territorio nacional de 5:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.
No obstante que el Estado de Emergencia y, por consiguiente, el toque de queda serán levantados el próximo 17 de mayo, la utilización de los mismos a favor del candidato presidencial oficialista, Gonzalo Castillo, le ha causado un daño irreparable a la integridad de las elecciones.
Mientras los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana se mueven libremente en las calles durante el día y, principalmente, en horas de la noche, en violación del toque de queda, causa por la cual han sido detenidos 56,785 ciudadanos comunes, es decir, que no son miembros del PLD, los candidatos de la oposición solo pueden realizar sus limitadas actividades hasta las primeras horas de la tarde, para poder retornar a sus residencias a las 5:00, en cumplimiento de la medida gubernamental.
Gonzalo es el gobierno, el gobierno es Gonzalo, para no decir el presidente del tiempo del coronavirus. Como si todo eso fuera poco, la vicepresidenta, en reelección, doña Margarita Cedeño de Fernández, usa el Palacio Nacional, con descarado sentido electoralista, para, como una madre bienhechora del pueblo, hacer públicas las míseras ayudas a los necesitados.
Nunca, como en este Estado de Emergencia, se habían utilizado tantos recursos del Estado en una campaña.