Nunca ha sido secreto para ningún dominicano que las campañas políticas se han financiado tradicionalmente con los aportes económicos suministrados en su gran mayoría por los empresarios y las empresas del sector privado. Esa ha sido una fuente ancestralmente indispensable para los esfuerzos de promoción y proyección mediática de los partidos y los innumerables candidatos habidos a través de la historia.
Esa práctica parece que a corto plazo tiene sus días contados ante el anuncio hecho por el presidente de la Junta Central Electora Roberto Rosario en el sentido de que los recursos que aporten a los partidos grupos empresariales o instituciones extranjeras son ilícitos e irregulares ya que está prohibido por la ley. Esta decisión evidentemente pende como una espada de Damocles sobre la cabeza de un considerable número de partidos y agrupaciones políticas del país.
La legislación en cuestión es una innovación en nuestro país, pero en la mayoría de los países desarrollados esta norma es considerada común y corriente. A pesar de ello, en los Estados Unidos por ejemplo, la misma ha sufrido cambios infinitos a través del tiempo. La última propuesta de enmienda en ese sentido auspiciada por el Presidente Obama fue enviada al Congreso Norteamericano el año pasado y busca revelar la identidad del contribuyente al partido en la publicidad pagada por este, con el objeto de reducir la influencia extranjera sobre las elecciones en ese país.
Ante la realidad de una estricta aplicación de esta ley, los partidos tendrán necesariamente que llevar a cabo una reingeniería en sus planes y proyectos de gestión mercadológica. Apartarse de los métodos ya obsoletos de promoverse y promover a sus candidatos mediante multitudinarias concentraciones de seguidores, y hacer uso ahora de las estrategias y las técnicas de comunicación de estos tiempos, a través de los medios tradicionales y los de la nueva generación de instrumentos virtuales puestos a su alcance.
A todas luces la decisión de la Junta Central Electoral al dar vigencia a la aplicación de esta ley habrá de establecer un antes y un después en la práctica política en la República Dominicana. El despilfarro de recursos económicos, la compra de votantes y de votos, el gasto incontrolado y la malversación de los fondos aportados por el contribuyente, se verán frenados por la apertura y la obligada transparencia de los partidos en el uso de esos recursos.
La aplicación de esta medida de seguro provocará un sentimiento de nueva esperanza en la inmensa mayoría de los contribuyentes dominicanos, que han visto caer sus dineros en saco roto durante los últimos decenios de campañas políticas.