Voluntad política suele interpretarse como el deseo y la firme decisión de un gobierno o grupo político de lograr determinados propósitos para lo cual no vacila, no crea figuras jurídicas que lo torpedeen, no escabulle esfuerzos para lograrlo. Es un término frágil, difuso en su conceptualización y subjetivo en sus alcances.

Sin embargo, no todo es malo. Se dice con frecuencia que sin voluntad política no es posible alcanzar el objetivo de determinados aspectos o metas sociales. La voluntad política, si bien hemos mencionado a los partidos políticos, es obvio que, en países presidencialistas, lamentablemente, la señal viene desde el Poder Ejecutivo que es quien manda orientaciones hacia dónde vienen las prioridades y los logros.

Claro que podríamos admitir que, el presidente no actúa solo, sino que responde a dos componentes fundamentales: de un lado el equipo dirigente gubernamental, o sus ministros, así como, el partido o grupo político que lo llevó al poder. Todos sabemos, que quien orienta esa voluntad política es el gobierno central, el presidente, sus funcionarios y acciones de gestión gubernamental.

El tejido social copia, como conducta humana, los mensajes que desde el poder se envían y si no ve voluntad política para cambiar el estado de cosas, no solo pierde la esperanza, la confianza, sino que reproduce las inconductas que desde el poder encuentran apoyo

La voluntad política a veces contraviene las promesas de campaña y es cuando comienza el divorcio entre lo que se promete en campaña y lo que comienza a ejecutarse desde el poder. Pero, sabiendo que surgen problemas una vez se gobierna, y la manera de abordarlo y solucionarlo, el ahínco que se ponga en la solución del problema, afecte a quien afecte, es voluntad política.

Como es voluntad política saber los males que nos problematizan como país y no frenarlo si afectan la imagen del gobierno, a sectores políticos determinados o a grupos de poder; es ahí que se la juega un gobierno y es en esos momentos que la sociedad exige voluntad política, para que las cosas se hagan por el librito, independientemente de los resultados logrados.

Hacer que se cumpla la ley obliga a reformar el sistema judicial y se fortalezca e independice de los demás poderes. Su autonomía como parte del estado, es una necesidad, la voluntad política es lograr esa separación de poderes enunciado en nuestra constitución, aunque dicha medida e iniciativa, disminuya la concentración de poder del gobierno y el gobernante, pues de lo que se trata es de fortalecer instituciones, no personas o sectores sociales.

Cuando vemos, que el poder Ejecutivo no tramita las reformas de fortalecimiento democrático del país es porque no le interesa consolidar los procedimientos democráticos y promueve el personalismo, el presidencialismo, el mesianismo, el providencialismo y el clientelismo, y esa concentración de poderes en manos del Ejecutivo, es seductor y cuando se rompe con ello, con medidas claras, hablamos de voluntad política, de la cual no hemos gozado mucho en nuestro país. No se trata de legislar, sino de ejecutar y aplicar las leyes existentes e introducir aquellas que permitan equidad y a favor del bien común.

Si los funcionarios, familiares, amigos y grupos privilegiados actúan en contra de la ley y no se procede para regular esas relaciones turbias entre lo público y lo privado, entre el poder político y el poder económico, entre partido y gobierno, y la impunidad a favor de quienes representan privilegios de todo tipo es la norma, la indiferencia a la corrupción, la prevaricación, el nepotismo y la inoperancia de las instituciones y de sus funcionarios ha sido la práctica.

El poder político, el gobierno, y el presidente de turno, no solo se hacen indiferentes, sino peor aún, lo alimentan con decisiones y acciones que por el contrario lo apañan, y cuyo mensaje se hace cómplice de las malas conductas, del irrespeto democrático hacia el conjunto de la sociedad, como un mensaje negativo que hace metástasis en el corpus social, se hace más que necesario para el adecentamiento de la vida pública, una voluntad política que actúe en consecuencia.

La voluntad política es la decisión de romper con todos esos males, ordenar el funcionamiento jurídico-institucional de la nación, condicionar el accionar de sus funcionarios, independizar la justicia, descentralizar el mando entre los distintos poderes estatales, incluyendo el poder municipal que también debe descentralizarse, esclarecer las ejecuciones presupuestales, entre otros retos que terminarían construyendo una mejor nación para todos -as.

El tejido social copia, como conducta humana, los mensajes que desde el poder se envían y si no ve voluntad política para cambiar el estado de cosas, no solo pierde la esperanza, la confianza, sino que reproduce las inconductas que desde el poder encuentran apoyo, motivación y multiplicación por falta de una decidida acción estatal para ordenar el funcionamiento social, y esa responsabilidad la tiene, la proyecta y la encabeza, el presidente, sus ministros y las acciones gubernamentales que tome.

La voluntad política no puede convertirse en un discurso manido, no puede ser tema de campaña que se vaya a cumplir que no sea pagando un alto costo político y de legitimidad, no puede ser instrumento de propaganda gubernamental, porque no hay una cosa que se evidencie con mayor facilidad, que la ausencia de voluntad política para lograr determinados propósitos que cambie el curso de la historia de un país. Voluntad política, es actuar, sin tibieza ante determinados cánceres sociales e institucionales que sabemos que, sin medidas del poder político y el presidente, no se pueden corregir por una sencilla razón, la sociedad civil no es ejecutiva, es contraparte del poder político.

La sociedad política es la que posee áreas de poder en los órganos ejecutivos de estado: congreso, poder Ejecutivo y poder judicial, y sin bien el principal responsable para hacer posible la voluntad política a la que aspira la sociedad es el Presidente y sus ministros, también son corresponsables de la ausencia de una voluntad política que regule el orden democrático nacional, la clase política y los poderes fácticos, que son al fin y al cabo, los responsables del poder político, directo o indirecto, por tanto, quien ha fallado para ordenar la vida político-democrática e institucional del país, no ha sido la sociedad civil que no puede ejecutar políticas públicas, y esa responsabilidad es del estado y sus poderes, lo único que le queda a la sociedad civil, es organizarse  y presionar  para que así sea. Estamos a tiempo todavía.