La economía capitalista “está revolucionada, de manera incesante y desde dentro, por un nuevo espíritu de empresa; es decir, por la introducción de nuevas mercancías o nuevos métodos de producción o nuevas posibilidades comerciales en la estructura industrial, tal como existe en cualquier momento”- Joseph Schumpeter.
Repentinamente, en el ocaso bullicioso de un año, el planteamiento de la revisión del modelo económico vigente vuelve a ocupar la atención de algunos dominicanos. Se emprende de nuevo la aventura con un interés renovado, en el contexto de avances en muchos frentes y de signos de decadencia o autodestrucción en otros.
La realidad es que la funcionalidad cuantitativa del modelo en los últimos años podríamos considerarla satisfactoria. De acuerdo con el Banco Mundial el crecimiento económico de la economía dominicana ha sido uno de los más destacados de la región en los últimos 25 años. Con un desaceleramiento de 6.6 a 4.6 entre 2016-17, no se alejó de su promedio anual de crecimiento, estimado en 5.3%, retomando el dinamismo anterior en 2018 con 6.3% de crecimiento interanual, el nivel más alto de la región.
¿Cómo ha impactado este impresionante dinamismo de la producción real en los niveles de pobreza?
Si aceptamos como válido el concepto de pobreza monetaria (muy utilizado internacionalmente), que se entiende “como la insuficiencia de ingresos en los hogares para adquirir una canasta de consumo aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, expresadas en términos de requerimientos calóricos mínimos y del disfrute de otros bienes y servicios básicos” (MEPyD, 2018), entonces tendríamos que convenir que los progresos pueden considerarse aceptables.
En efecto, mientras entre 2003 y 2004 casi la mitad de la población del país vivía en condiciones de pobreza monetaria, en 2017 esa proporción fue estimada en 25.4%. En términos absolutos, ello significa que, de 4 millones 338 mil 073 dominicanos pobres bajo el entendimiento del concepto referido, pasamos a 2 millones 911 mil 570, esto es, la pobreza monetaria se redujo en 1 millón 476 mil 503 personas.
Ahora bien, deberíamos discutir si tal reducción obedece realmente a algún progreso en el patrón de distribución de la riqueza o se acompaña de una efectiva reducción del nivel de desigualdades. Como sabemos, la desigualdad se refiere a la falta de oportunidades y de equilibro en los ingresos entre todos los ciudadanos, y para medirla los economistas utilizan el llamado coeficiente de Gini (del estadístico italiano Corrado Gini), el cual revela en los últimos años un deterioro no despreciable.
Al margen de las evidencias presentadas de reducción de la pobreza, lo que parece cierto es que el modelo económico actual ha favorecido una más alta concentración del ingreso y una mayor carencia de oportunidades. En otras palabras: los niveles de pobreza tienden a disminuir al mismo tiempo que las desigualdades se incrementan (PNUD) en el escenario de un ingreso promedio real de los trabajadores que se mantiene prácticamente estancado desde 1991, no obstante haber aumentado la productividad 65% en veintitrés años (hasta 2014, BC)).
En este contexto, sería interesante determinar cuál ha sido la calidad de la incorporación a los mercados de trabajo de los que han dejado las filas de los pobres monetarios, lo mismo que el impacto en ellos de las variadas políticas sociales implementadas en los últimos años.
De todos modos, el país requiere una revisión exhaustiva de su estilo de desarrollo que sabemos motoriza la concentración del ingreso; eleva las desigualdades; no prioriza la generación del conocimiento y su difusión; mantiene un patrón de inserción (especialización) a la economía global que sigue fundamentado en bajos salarios; evidencia crecimiento de la productividad sin incrementos en los ingresos reales de quienes producen riquezas; no es capaz de elevar la tasa de ahorro nacional y profundiza el desahorro con más endeudamiento; exacerba las asimetrías y contrastes socioeconómicos y fomenta en general la conservación o la reproducción de los viejos problemas estructurales frente a los cuales carecemos de agenda concreta alguna.
Todo ello, además, de que tal modelo solo puede funcionar “mal que bien” sobre la base de una institucionalidad débil y un sistema clientelista al que no le interesa una economía movida por el cambio tecnológico y la producción y difusión del conocimiento.
Con esto de la transformación del modelo es válido aquello de que es difícil imaginar que el país pueda ponerse de acuerdo sobre cualquier cosa en cualquier momento pronto, por decirlo con palabras de Thomas Piketty. No obstante, tenemos el desafío de hacerlo bien y pronto, sencillamente porque es asunto tan relevante como urgente.
Los viejos patrones tecnológicos, productivos, de consumo y distribución ya no sirven para responder a los retos del presente, ni mucho menos a los futuros, que con toda seguridad serían más complejos, relacionados con nuestra seguridad integral.
Cualquiera que sea la formulación del modelo que finalmente adoptemos, debe garantizar cambios en la estructura productiva, modificaciones sustanciales en la especialización internacional a favor de actividades que demanden conocimientos, genuinos procesos de innovación e investigación, capacidad revolucionada del Estado para atraer talentos y asumir riesgos alrededor de misiones específicas (Mazzucato, 2014), mayores productividades, empleos de calidad y no de sobrevivencia como ahora es la regla.
Obviamente, el esfuerzo no puede ser solo de los economistas y académicos. Se requieren coaliciones, alianzas, determinación política, acciones colectivas, altos y eficaces niveles de coordinación, constancia en las soluciones, en fin: una gran congregación social alrededor de una visión de desarrollo compartida. Debemos revolucionar la economía desde dentro, y nadie crea que ella podría revolucionarse por sí misma de manera espontánea.