Cerca de tres décadas de estudios, discusiones, propuestas y acuerdos muestran la relevancia -y complejidad- de todo lo referente al cambio climático. Desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), el Protocolo de Kioto (1997), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) o el Acuerdo de París (2015-16) -por citar algunos hitos-, ingentes esfuerzos alrededor del globo han sido desplegados en la materia.
Hoy día resulta incuestionable para cualquier ciudadano relativamente informado la importancia del tema y la necesidad de su rápido tratamiento. Recientemente -enero 2021- el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, en asociación con el Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford, publicó los resultados de la mayor encuesta global realizada sobre el tema, basada en la respuesta de 1.2 millones de personas situadas en 50 países cuyas poblaciones en total representan alrededor del 56% de la población global. De acuerdo con la encuesta, el 64% de las personas consultadas consideran que el cambio climático es una emergencia actual que requiere de acciones inmediatas.
Para el logro de estos objetivos vinculados al cambio climático el sistema financiero siempre ha sido reconocido como pieza fundamental, no solo porque resulta la herramienta esencial en el proceso de canalización y conducción de recursos hacia los sectores económicos y productivos de los países (rol activo), sino también por su inmensa exposición ante los llamados riesgos físicos y de transición, debido al posible impacto de este cambio sobre los activos y las operaciones financieras alrededor del mundo (rol pasivo).
Desde el punto de vista regulatorio, el reconocimiento e inclusión de los temas relativos al cambio climático han ido paulatinamente ganando terreno. El Banco Central Europeo, por ejemplo, ha creado un Centro sobre el Cambio Climático (Climate Change Centre) que concentra sus esfuerzos en cinco líneas de trabajo: i) estabilidad financiera y normas prudenciales; ii) análisis macroeconómico y política monetaria; iii) operaciones del mercado financiero y riesgos; iv) políticas y regulación financiera de la Unión Europea; y, v) sostenibilidad corporativa.
Para nadie es un secreto que luego del impulso derivado del Acuerdo de París, las acciones y medidas adoptadas por la administración del presidente Trump -a partir de enero de 2017- representaron un inmenso balde de agua fría que, si bien no detuvieron la agenda, la afectaron sensiblemente. Sin embargo, por el contrario, desde la campaña, el ahora presidente Biden prometió una vuelta de tuerca a esta posición estadounidense, la cual ya se ha evidenciado. Más allá del regreso al Acuerdo de París, a finales de 2020 la Reserva Federal de los Estados Unidos -regulador monetario y financiero-, se incorporó a la Red para Enverdecer el Sistema Financiero (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System) creada en 2017. A su vez, el pasado 20 de mayo el presidente Biden firmó una Orden Ejecutiva sobre Riesgos Financieros Asociados con el Clima (Climate-Related Financial Risk).
Las acciones de los Estados Unidos a favor de la agenda sobre el cambio climático, en particular las vinculadas con el sistema financiero, si bien no son únicas dentro del marco de los reguladores y actores financieros globales, suponen la vuelta al ruedo del más relevante de los participantes y pieza fundamental de las finanzas globales. Esto, sin dudas, acelerará la agenda en el tema.
En nuestro mercado ya se han mostrado importantes esfuerzos privados en el sector financiero -tanto en el ámbito bancario como en el mercado de valores- para empujar la llamada financiación verde. Recientemente la Bolsa de Valores de la República Dominicana publicó la Guía de Bonos Verdes y, desde la óptica regulatoria, la Superintendencia del Mercado de Valores adoptó la Circular C-SIMV-2020-02-MV contentiva de los Lineamientos para la Emisión de Valores de Oferta Pública Sostenibles, Verdes y Sociales del Mercado de Valores nacional.
No obstante, nos corresponde acelerar el paso y establecer una agenda 360 incluyendo los aspectos sobre el riesgo de los activos y su impacto en nuestro mercado. República Dominicana no solo debe ser ejemplo de fomento y aplicación de políticas y acciones para la financiación consistentes con el cambio climático y el futuro de nuestro planeta, sino que también le corresponde ser consciente de que enfrenta, como país, un alto riesgo climático. Como muestra el Índice Global de Riesgo Climático, nuestros vecinos Puerto Rico y Haití ocupan el primer y tercer lugar dentro de los diez paises con mayor afectación por desastres naturales entre los años 2000 y 2019.
Aunque mucho se ha tratado y grandes pasos se han dado, como sociedad y mercado estamos apenas en el inicio. El futuro es evidente. La canalización del crédito y la financiación observarán estándares ESG (medioambental, social y de gobernabilidad) cada vez más exigentes. Los activos base de las transacciones económicas enfrentarán un riesgo ascendente en la medida que no se avancen en medidas de contención ante la exposición a la fuerza de la naturaleza -ya bastante afectada por la acción del hombre. El acceso a inversión nacional y extranjera seguirá el mismo patrón de cambio hacia una alineación social y ambiental. Ignorar esta realidad lo único que nos provocará será la autoexclusión de los mercados, tanto para personas, empresas/organizaciones y gobierno, con el consecuente costo social, económico y, sobre todo, medioambiental.
Sin duda que el éxito de la agenda sobre el cambio climático se basa en la capacidad de acción común entre los agentes privados y públicos. En numerosas jurisdicciones las acciones de ambas partes avanzan a pasos conscientes y constantes. Así como la acción de los agentes privados debe fundamentarse en un real y efectivo propósito sostenible, las acciones regulatorias deben partir de un objetivo de protección, fomento e incentivo. La Orden Ejecutiva del presidente Biden, por ejemplo, se centra en requerir de las diferentes instituciones afines la elaboración de los estudios, análisis y recomendaciones necesarios para adoptar criterios regulatorios que fundamenten una asunción de riesgos climáticos de forma integral y con visión a futuro.
La sobreregulación en este caso -como suele suceder- tendría un coste aún mayor. Aquí el terreno es fértil para que primen políticas basadas en nudges climáticos y en mecanismos de información y transparencia ESG como catalizadores de cambios vía la disciplina de mercado.
El diseño y ejecución de estos planes y acciones a su paso producen otros efectos en los mercados. En otro artículo trataremos cómo esto incide en el gobierno corporativo verde (green governance) y la llamada gobernabilidad climática (climate governance), así cómo las organizaciones de esta nueva era estarán sujetas a novedosos estándares de gestión.