Los subsidios a los más necesitados no son malos porque mantienen la pobreza sin resolverla, lo malo es que del total de dinero público que se destina a estos fines apenas llega una fracción a los que son verdaderamente pobres. Igual sucede con el dinero público destinado al crédito subsidiado a las Pymes o a los pequeños productores agropecuarios.
Cuando trabajaba para el BID en Centroamérica se realizó un estudio regional que demostraba que por cada peso destinado a los más pobres solo les llegaba 15 centavos. ¿Donde se quedaba el dinero? En el manejo administrativo, que se tragaba entre 35% y 50%, en compras innecesarias de bienes y servicios que beneficiaban a los propios administradores de los programas, en el favoritismo político donde salía beneficiada gente que no tenían nada de pobre y en diversas formas de corrupción detectada.
O sea, el 85% de los fondos públicos destinados a los pobres, eran desviados a otros fines.
Ese mal uso de los recursos públicos erosiona la calidad del gasto y explica porque países como Republica Dominicana, con un PIB que crece varios años sobre el 7%, no logran reducir la pobreza. El mismo efecto tiene las excesivas cargas impositivas a las empresas para dilapidarlo en el gobierno.
Miren la educación y la salud y midan lo que se destina del dinero público para ambos sectores comparado con los gastos de la presidencia, sumado al subsidio a la electricidad. Para el 2012, estos últimos le costaron al fisco RD$95,000 millones, fondos mayormente perdidos en acciones proselitistas y energía subsidiada que apenas llega a los hogares pobres.
La sangrante nomina pública de este país, sobrecargada con más de 250 mil empleados, sin contar nominillas y otras formas encubiertas de contratación, le resta capacidad al gobierno para invertir en obras de infraestructura o mejorar sustancialmente la educación, la salud o el sector turismo, este ultimo afectado por problemas de aguas negras, saneamiento precario, calles y carreteras en mal estado, puertos inadecuados y múltiples problemas ambientales.
Nunca ha estado en mi mente que se cancele a ningún empleado público, como una vez se insinuó cuando siendo Secretario de Finanzas en el 2003, dije que habían 120 mil empleados en exceso. Mi propuesta era la de ofrecerle a esos empleados un paquete de liquidación especial (por ejemplo, un año de salario con un incentivo) para que creen su propio negocio o mediante pasantías en el sector privado, donde muchos pueden ser absorbidos por las empresas después de un año. El ahorro generado reduciendo nominas podría emplearse en obras de infraestructura creando miles de empleos productivos y mejorando la calidad del gasto.
El Banco Mundial y el BID financiaron muchos programas de Redimensionamiento del Estado con cierto éxito en la década de los 90.
El gobierno de Danilo Medina, preocupado por la pérdida de dinamismo de la economía en el cuatrimestre enero-abril, ha anunciado un plan de desembolsos de RD$9,000 millones en obras diversas y pagos de subvenciones atrasadas a varias instituciones claves. Además, el Banco Central, que desmonetizó la económica entre diciembre y abril, ahora libera RD$20,000 millones del encaje legal para reactivar el crédito a tasas de interés mucho más atractivas.
Pero analizando ese primer cuatrimestre se observa que esa contracción de la economía se debió a la brutal caída de la inversión pública y los atrasos en las trasferencias presupuestarias a sectores estratégicos, mientras el costo de la burocracia estatal siguió aumentando. El Presidente Medina vio eso en carne propia cuando visito el Darío Contreras y parece que recapacitó.
El presupuesto dominicano podrá alcanzar algún día 10 veces su monto actual pero si no mejora la calidad del gasto nada cambiará. Y superar eso requiere grandes reformas, mucha valentía y tremendas confrontaciones.