En el mundo financiero está fuera de discusión la utilidad de un claro y preciso historial de crédito como herramienta fundamental en la medición y control de riesgos de los intermediarios para los fines crediticios. El crédito cumple una función social, ya que permite adquirir miles de millones en bienes y servicios que de otra forma sería casi imposible obtener por las empresas y hogares. Los consumidores obtienen créditos gracias a la capacidad del acreedor de determinar cuales son los individuos que tienen la posibilidad de pagar.
Ya sea de una persona física o de una empresa, a la hora del otorgamiento de un crédito comercial o bancario, está ampliamente demostrado por estudios científicos que la información crediticia veraz elimina el conocido efecto económico de la "selección adversa” (el hecho que se penalice a todos por el riesgo de unos pocos) e incrementa la eficiencia de los acreedores al inducir una sana competencia por los “Buenos Clientes”. Todos estos beneficios se ven eliminados cuando la información crediticia incluye distorsiones considerables, o esta es asimétrica (no es la misma para ambas partes).
En gran parte, la necesidad de información crediticia es llenada por los conocidos Burós de Crédito. Estas empresas son organismos privados de lucro que se basan en la recolección coolaborativa de información bancaria y comercial de los individuos con el fin de ser vendida a los potenciales acreedores. Obtienen una ganancia de las empresas que aportan a sus bases de datos y de los sujetos objeto de recolección de información.
Aunque la creación de los primeros Burós de crédito se remonta a principios del siglo XIX, durante los últimos 20 años han sido fuertemente criticados por el grado de injusticia en el tratamiento de las demandas de los sujetos de crédito y su incapacidad de proveer información 100% veraz a los acreedores. No es sorpresa que, según el Cato Institute (organización que defiende los burós), en los Estados Unidos, Inglaterra y Australia han habido más de 100 resoluciones concernientes a la regulación de estos entes comerciales.
Es más, en mayo de este año TransUnion, Equifax y Experian (los tres monstruos internacionales de información crediticia) fueron obligados a cambiar radicalmente sus procesos. Esto se da tras una investigación que amenazaba con penas de billones de dólares debido a prácticas injustas hacia los consumidores, en adición a la indolencia y despreocupación en los errores que llevan a perjudicar millones de personas.
Lamentablemente República Dominicana no está libre y ajena de las prácticas de las cuales los burós se declararon culpables en USA. Es más, los burós de crédito tienen la capacidad, sin ninguna explicación ni miramiento, de convertir erróneamente en un "Muerto Financiero" y civil a cualquier individuo. Olvidándonos de la incapacidad de 'echar un fiao’, las penas incluyen desde no poder aperturar un cuenta de ahorros en un banco, hasta la imposibilidad de obtener trabajo para mantener su familia.
Nadie está exento de que 5 años después de cerrar una cuenta en una compañía telefónica esta reporte que se está en legal, sin ser cierto, condenándole al patíbulo del crédito. Con el interés de ganar dinero y reducir costos, el proceso de reclamación de los burós dominicanos no incluye una revisión independiente de la documentación aportada por el supuesto “deudor” para demostrar la no existencia de la deuda; más bien se limita a enviar una comunicación (sin anexos ni documentos) al acreedor, quien en la mayoría de los casos no tiene personal capacitado ni la documentación real de la deuda y procede a confirmar la misma sin bases.
Es para quien les escribe doloroso ver como personas con un historial de crédito limpio se ven condenadas financieramente por el interés de lucro de compañías que además de violar la ley que las rige, distorsionan los análisis de los acreedores y la capacidad de estos de tomar decisiones que los hagan competitivos.
Algunos burós dominicanos aprovechando el oligopolio que les provee una licencia de operación, han llegado al extremo de enviar cartas a las empresas amenazando que serían incluidas como “En Falta” en su base de datos de no enviarles su información de licenciamiento de software, impidiéndoles potencialmente el acceso al crédito. Este hecho no solo desvirtúa su función, si no que hasta extralimita a lo que les faculta la ley.
Es tiempo ya de que la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Congreso Dominicano tomen acciones en pos de la defensa de los consumidores. Exigir a los burós de crédito el estricto cumplimiento de la ley que les rige, hacerlos legal y comercialmente responsables en el caso de emisión de información incorrecta de un deudor, y más que nada, obligarlos a implementar, a su costo, un sistema en el que actúe un arbitro imparcial (como un juez de crédito) en caso de reclamaciones sobre informes injustos e inexactos. A estos puntos se comprometieron ya para evitar penas en otros países!!!
La verdad es que en el caso dominicano debemos preguntarnos si ¿los burós en vez de ser herramientas de crédito, se han convertido en "Burós de Descrédito"?