Saber qué es un “buen gobierno” y qué características debe tener, ayuda a comprender el por qué de muchas cosas que suceden en la política, el impacto de los reclamos, la legitimidad de las decisiones, los resultados de la contienda electoral y las expectativas con las nuevas autoridades.
La “buena administración” o “el buen gobierno”, fue elevado a la categoría de derecho fundamental por nuestro Tribunal Constitucional (TC/0322/14) cuando estableció el ejercicio de la administración pública centrada en el ciudadano y sus derechos.
Por su parte, la Constitución de la República, en su artículo 138, proclama que la administración pública está sujeta a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación; con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico. Además, la Ley núm. 107-13 organiza y regula la aplicación de estos principios, para un Estado al servicio de sus ciudadanos.
Desde la década del 90 del siglo pasado, en las Naciones Unidas, en la OCDE y en toda la literatura sobre el desarrollo de las naciones se han expuesto los conceptos de “gobernanza” y “buen gobierno” como ejes de reformas administrativas y políticas sociales a promover.
Para las Naciones Unidas, el “buen gobierno” tiene ocho características importantes:
1. Participativo: Implica mecanismos eficientes de participación democrática, directa o por medio de representaciones institucionales legítimas. Esta participación debe ser promovida y organizada con libertad de asociación y expresión, con una sociedad civil dinámica y organizada.
Cabe preguntarse: ¿cuántos espacios se abrieron a la consulta? ¿Cuántos reclamos de manifestaciones democráticas se atendieron?
2. Estado de Derecho: Implica un apego estricto a la ley. Marcos legales justos que se apliquen de manera imparcial, protección a los derechos humanos, un poder judicial independiente y una fuerza policial imparcial e incorruptible.
Cabe preguntarse: ¿se administró con apego al principio de legalidad, se respetaron las sentencias que limitan el ejercicio de las acciones administrativas, se protegió la propiedad privada y los mecanismos de ejecución de obligaciones, la justicia fue funcional y oportuna?
3. Transparencia: Implica decisiones apegadas a lo establecido. Información disponible y fácilmente accesible y comprensible.
Cabe preguntarse: ¿hasta qué grado se informó? ¿Se utilizaron formas jurídicas que esconden la verdadera naturaleza de las acciones? ¿Las denuncias de maniobras ocultas tuvieron consecuencias?
4. Calidad de respuesta: El servicio público debe ser prestado en un tiempo razonablemente corto, con respuestas ágiles y oportunas.
¿Los permisos y autorizaciones fueron pertinentes y oportunos? ¿Se respetaron los derechos de los administrados?
5. Orientación al consenso: Requiere mediación y consenso entre los actores e intereses de la sociedad, tomando en cuenta el bien común y la mejor manera de lograrlo.
Aquí nos preguntamos: ¿cuántos pactos se acordaron, cuántos acuerdos se honraron?
6. Equidad e inclusión: Este aspecto implica que todos los grupos, en especial los más vulnerables, deben tener la oportunidad para mantener o mejorar su bienestar.
¿Cómo quedó la educación y la salud pública como elemento de servicio público de calidad? ¿Cuánto dedicó cada hogar, del total de sus ingresos, a los servicios públicos privatizados?
7. Eficacia y eficiencia: Se procura resultados satisfactorios mediante el mejor uso de los recursos disponibles. Este concepto también implica el uso sostenible de los recursos naturales y la protección al medio ambiente.
¿Fueron razonables los costos de las realizaciones y los préstamos para ejecutarlas?
8. Rendición de Cuentas: Este concepto implica que tanto las instituciones públicas como el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil deben rendir cuentas al público y a sus actores estratégicos institucionales.
¿Hemos podido desarrollar una cultura de rendición de cuentas? ¿Cuántas instituciones lo hicieron adecuadamente?
Estos elementos, entre otros, nos permiten comprender que en la medida en que los gobiernos profundizan o se apartan de los principios de la buena gobernanza y de la transparencia generan una reacción en la población, en especial de la masa silente, que tiene claras expectativas de inclusión en las políticas públicas.
Las obras públicas grandes o pequeñas pueden ser parte de un “buen gobierno”, siempre que sean eficientes, a costo razonable, transparente en su ejecución, con rendición de cuentas, consensuada y oportuna; si no las fueran, serán siempre fuente de escándalo y vergüenza más que de orgullo. Por esto pienso, la buena gobernanza tiene más que ver con el cómo se gobierna, que con el cuánto se realiza.
Suponiendo que los buenos gobiernos reciben el favor de la población en las elecciones, debemos inferir que las pasadas autoridades no fueron evaluadas como un “buen gobierno”, ya que recibieron una votación adversa de más de un 60% en las pasadas elecciones presidenciales, donde tristemente hubo una abstención del 44.7%.
Así mismo, para las nuevas autoridades, los reclamos de justicia independiente, transparencia, no impunidad, rendición de cuentas, participación, educación de calidad, sistema de salud eficiente, respeto del medio ambiente y áreas protegidas expresados reiteradamente en marchas y plazas, constituirán un reto, por la seguridad de que el pueblo siempre aspira a que se le gobierne bien, y que es obligación hacerlo de conformidad con la Constitución y las leyes.