Los riesgos de la minería son muchos y, en caso de no tratarse adecuadamente, las consecuencias podrían ser-y con frecuencia son-decididamente catastróficas. Aquí juegan un rol decisivo, por un lado, las buenas prácticas y la gestión ética de las empresas; por otro, las autoridades que cumplen cabalmente sus funciones de vigilancia, inspección, monitoreo, realización rutinaria de pruebas de laboratorios de las aguas superficiales circundantes, recomendaciones preventivas y aplicación de las sanciones cuando apliquen.
Los relaves o grandes embalses superficiales de rocas pulverizadas, agua y productos químicos de procesamiento, quizás constituyen uno de los aspectos más críticos de la actividad minera moderna. Así lo reitera el abrupto colapso de la represa Brumadinho, una ciudad del sureste de Brasil, que desencadenó oleadas de desechos y barro que literalmente demolieron todo a su paso. Como los desaparecidos todavía no han podido ser localizados, debemos suponer que el número de víctimas alcanza realmente las 339 personas (para mitigar las pérdidas humanas suelen decir: “157 personas fallecidas y 182 desaparecidos”).
Una tragedia de enormes proporciones que pone a la industria minera nuevamente a la defensiva y vuelve a colocarla entre los sectores que, junto al petróleo, goza del más bajo nivel de aceptación social en el mundo.
Este reconocimiento no significa en modo alguno que volvamos sobre nuestros pasos y estemos negando toda oportunidad de alcanzar una minería responsable y sostenible, en los términos en que la hemos defendido desde esta columna. Por el contrario, creemos que, sin bien ese hecho trágico es indiscutiblemente minero y no de otra naturaleza, no fue ninguna sorpresa.
Todo indica que la historia del embalse de marras resume la crónica de una tragedia colosal anunciada, en tanto todas las señales de advertencia fueron ignoradas de manera recurrente e irresponsable durante años. Esta afirmación parece más inaceptable que increíble, tratándose de la gigantesca corporación minera brasileña Vale S. A.
Aquí viene el tema de la responsabilidad de los reguladores. ¿Cómo es posible que permitieran la existencia y la vigencia de un enorme depósito de desechos mineros (que no llegaba a ser represa) retenidos realmente por paredes de arena y limo? Se sabe que no había allí concreto armado ni estructuras metálicas que pudieran contener con la debida efectividad y seguridad la enorme presión ejercida por la carga de desechos. ¿Será que confiaron en que el lago de barro sería lo suficientemente sólido como para inmovilizar los desechos? Todo parece indicar que esa fue, precisamente, la apuesta primaria, pero, sobre todo, la menos costosa.
A la actitud irresponsable de la autoridades se suma la desidia criminal de la empresa. Ciertamente, 84 de las 88 “represas” mineras, levantadas en la zona conforme a la misma “lógica ingenieril” de la de Brumadinho, han sido calificadas como vulnerables o muy vulnerables por los propios reguladores. De estas 84, unas 28 se localizan en ciudades y pueblos que abrigan a más de 100 mil personas.
Esas comunidades duermen con sus autoridades irresponsables y, al mismo tiempo, con el monstruo real que encierra el potencial letal de unas presas debiluchas capaces de sepultar en cualquier momento caminos, calles, casas y seres humanos. Estos embalses de relaves aguas arriba, como se les suele llamar, son en realidad lagos de lodo espeso y semiendurecido formados por agua y subproductos sólidos originados en la minería de minerales, que se conocen como relaves.
Son extremadamente vulnerables al proceso de licuefacción, es decir, a la conversión subrepticia pero abrupta de un material en apariencia sólido en un líquido turbio que fluye cuesta abajo. El incremento del contenido de agua por lluvias intensas o moderadas, unido a una gestión deplorable de la estructura, puede licuar el barro y desencadenar los demonios de una verdadera catástrofe.
Lo ocurrido en Brumadinho duele, duele mucho. Duele más cuando recordamos lo ocurrido hace apenas tres años en la ciudad de Mariana, a poco más de 120 kilómetros de distancia. Allí una estructura similar colapsó repentinamente llevándose para siempre a diecinueve personas y provocando una verdadera catástrofe ambiental. El proyecto pertenecía a Vale, la misma transnacional de Brumadinho, entonces aliada en esa iniciativa a otro gigante: BHP, una compañía minera angloaustraliana. Por los predios de Mariana llovieron, como ahora, las promesas de una mayor rigurosidad en los protocolos de seguridad. Todavía seguimos esperando que ocurra.
Hoy, frente al hecho trágico de Brumadinho, se repiten las promesas y las acciones de justicia fugaces. Fiscales brasileños iracundos anuncian castigos ejemplares; se amenaza con inspecciones masivas de represas activas; se mueve el palo de multas multimillonarias; se encarcelan efímeramente a quienes los grandes directivos dejaron ser irresponsables (inspectores externos) y, en un magno ejemplo de eficacia punitiva, se cancelan a unos cuantos responsables de seguridad y licencias de Vale.
La verdad es que olvidaron las medidas preventivas más elementales. Las inspecciones y fiscalizaciones competentes y regulares fueron echadas por la borda con consecuencias homicidas.
No es la minería, son las empresas incapaces de adoptar decisiones morales, carentes de buen juicio y sensatez y con una muy baja valoración de su propia confiabilidad; no es la minería, son las autoridades que juegan a la despreocupación, al incumplimiento de sus compromisos con su siempre posible alto costo en vidas y propiedades.