“Canalizar recursos a favor de empresas pequeñas y muy pequeñas sin aplicar criterios diferenciadores es un crimen contra los bolsillos de los contribuyentes. Son menos productivas que las grandes, evidencian salarios medios inferiores, carecen de gerencia formada y competente, pagan menos o ningunos complementos salariales, desconocen la dinámica y el lenguaje de los negocios globales y están siempre tambaleándose-masivamente- al borde del barranco de la quiebra” – Julio Santana, Acento 13-03-2021.
Los últimos dieciocho meses han sido traumáticos para la sociedad dominicana, tanto en lo económico como en lo puramente humano. Las pérdidas de empleo e ingresos; la inestabilidad e incertidumbre para los que a duras penas lograron conservar sus negocios o ingresos fijos; el estrés que causan los interminables toques de queda que dejan pérdidas todavía no cuantificadas a la economía y familias; las muertes aleatorias de ciudadanos y el temor, inseguridad y tribulación del espíritu que domina las calles.
Es una perogrullada decir que la economía dominicana se mueve en gran medida por las mipymes. Más exactamente, por el mundo de decenas de miles de microempresas que son unidades productivas y de servicios inestables, informales en su gran mayoría, integradas por miembros de una misma familia, con escaso o ningún equipamiento tecnológico y organizadas en gremios poco creativos y muy proclives a reducir todos los problemas del sector al déficit de capital de trabajo, ahora de carácter más crítico que nunca como resultado de la pandemia.
Algunos microempresarios nos dicen que las medidas implementadas por el gobierno para mantener la liquidez en el corto plazo de las empresas, proteger el mercado laboral, apoyar la producción y facilitar el acceso al crédito en condiciones ventajosas vía liberación de recursos del encaje legal en moneda nacional de las entidades de intermediación financiera, entre otras, poco impactaron el desempeño y la permanencia de las unidades de sobrevivencia llamadas microempresas.
En realidad, las grandes beneficiarias de una gran parte de las medidas de emergencia aplicadas por el gobierno, especialmente en lo que concierne a los recursos del encaje legal, fueron siempre las medianas y grandes empresas. Estas engulleron la parte leonina de los miles de millones de pesos lanzados al mercado para “salvar” el sector productivo nacional.
De hecho, ser beneficiario o no de ciertas medidas o paliativos financieros pandémicos depende del poder de negociación sectorial, y las microempresas solo tienen como tal el discurso repetitivo de que constituyen, para desgracia para la competitividad dinámica, “el eje del tejido industrial dominicano”.
Dicho esto, debemos insistir en que la asistencia debe ser efectiva e impactante, y no sólo por las interminables emergencias de capital de trabajo. De acuerdo con hallazgos de diagnósticos recientes del sector mipymes es hoy crucial el apoyo a la incorporación de tecnologías digitales (adopción digital). Este curso de acción estaría enfrentando el problema de la superación de las exigencias normativas y estratégicas derivadas de la llamada economía de datos y consolidación de las plataformas digitales. Lo que no puede negarse es que este apoyo tiene la importante y competitiva ventaja de crear nuevos servicios a la producción.
Además, sigue teniendo notable interés el tema de la formalización. Por lo menos nosotros conocemos el programa gubernamental formalízate. Por razones que deben ser atendidas por las autoridades, esta iniciativa no tiene resultados masivos y en sectores completos la informalidad es la norma. Ciertamente, las autoridades gustan de mostrar números para apoyar la retórica de la competitividad, que, a nivel de la economía nacional, sigue siendo predominantemente espuria en el sentido cepalino del término. Pero de lo que se trata es de hechos. Por ventura, la pandemia puso en claro relieve ante estas empresas la importancia de la formalización, en mucho mayor medida que las acciones del gobierno pre-pandemia.
En todo caso, ¿no serían en realidad estériles los esfuerzos mal enfocados de formalización en un contexto general de bajísimas productividades de las microempresas? Como bien señala la CEPAL “sin medidas que consigan una reducción en la brecha de productividad laboral relativa entre este segmento y los núcleos productivos más desarrollados, los procesos de formalización serán estériles y posiblemente transitorios” (Dini, Marco, y Núñez, Georgina, 2021).
Finalmente, solo para tratar los aspectos que se nos ocurren en este momento, las instituciones técnicas del gobierno deberían activar sus competencias en favor del inverosímil y desconcertante mundo de las microempresas. Por ejemplo, miles de ellas no saben lo que hace el Instituto Dominicano para la Calidad, entidad que debería, en presencia de un virus no invitado de presencia indefinida, estar ayudando en el diseño e implementación de normas técnicas (por ejemplo, protocolos y normas de bioseguridad) que garanticen la continuidad productiva con miras a la reactivación económica.
Otro frente. Sabemos que miles de microempresas que fabrican productos que encierran riesgos para la salud y el ambiente, carecen de registro sanitario. En este tema tenemos innecesarias asesorías abusivamente caras que salen de las entrañas del mismo órgano competente, al margen de los sobornos que se reclaman para poner a los solicitantes en primera fila.
Ambientes productivos seguros y sostenibles se crean fundamentalmente poniendo en marcha con efectividad y sin aspavientos inútiles las competencias de los órganos y organismos que pagan los contribuyentes. Es lo que todo el mundo sabe, pero solo en contados casos podemos ver como realidad tangible.