El poder local o poder municipal es un poder soterrado en la conformación social y política de la sociedad dominicana, para ello se han confabulados sectores asociados a las ideas conservadoras, antidemocráticas, en tanto el Ayuntamiento asentado en un territorio es una construcción social, moldeado por la cultura, las conducta, creencias, la ciencia, la tecnología y planifica su desarrollo con el trabajo y participación de sus residentes, es el poder de mayor aproximación al ciudadano y sus autoridades son electas por el voto directo.
El primer ayuntamiento se estableció en el 1494 en la Villa de La Isabela, Puerto Plata, con funciones propias y recaudadora. Manteniéndose estas condiciones hasta 1844, cuando el patricio Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios los concibieron con el cuarto poder del Estado, condición que se estableció como tal, en reforma constitucional de 1865 después de restaurada la Republica. Esta condición fue abolida 4 años después, pero se mantuvo la visión democrática a través del voto directo de sus vecinos para elegir sus autoridades. Condición que perdieron bajo la dictadura trujillista en 1952 con las leyes 3455 y 3456, pues sus funcionarios pasaron a ser nombrado por el Poder Ejecutivo, hasta 1961 con la ley 5622 que restableció la autonomía del gobierno local.
En la actualidad, tenemos 158 municipios y 235 distritos municipales para los que habrá de elegirse 158 Alcaldes y 158 Vice-Alcaldes, 2,328 Concejales o Regidores y 2,328 Suplentes, 235 Directores de los distritos municipales y 235 Sub-directores y 735 Vocales. En total son 3,849 cargos, lo que representa un 93.5% del total de cargos a elegir para le administración del Estado en el 2020.
Ningún otro poder del Estado tiene tal voluptuosidad. Así como el poder de conectarse directamente con los ciudadanos en sus territorios, oportunidad que desperdician la mayoría de las alcaldías, pues prefieren mantener a distancia la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y aun peor, para planificar el desarrollo local como lo establece la ley 176-07 en sus artículos del 226 hasta el 235.
Es por ello que más del 85% de las alcaldías están afectadas por la corrupción, la impunidad, falta de transparencia en la gestión administrativa de los recursos que aporta la población, ejercen una gobernanza y una gobernabilidad irresponsable y oportunista, dando paso a la debilidad institucional. Además son víctimas de la centralización y concentración de sus competencias y servicios por parte del Gobierno Central y en cuanto a recursos, apenas están recibiendo menos del 3% del presupuesto nacional cuando la ley establece un 10%. De ahí que los diagnósticos coinciden en indicar bajos índices de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía en los Ayuntamientos, por su pobre desempeño.
En cuanto a la equidad de género, estamos lejos de alcanzar la paridad de participación de la mujer en los gobiernos locales, pues de las 158 alcaldías electas en el 2016, apenas un 12% fueron mujeres, es decir 19, con la agravante que un gran número de ellas fueron sustituidas por varones. “Una práctica perversa” sostiene el sociólogo y municipalista Domingo Matías. La Cultura machista se manifiesta además, en que ningunos de los 158 municipios lleva el nombre de una mujer y apenas aparecen cuatro de los 235 Distritos Municipales con nombre de mujer.
En cuanto a tomar acciones para prevenir el cambio climático y sostenibilidad ambiental, nuestras alcaldías actúan de espalda al fenómeno, por tanto nuestras ciudades, ríos, playas y montañas se llenan de residuos sólidos plásticos del llamado de “un solo uso”. También ocurre lo mismo con el tratamiento de las aguas residuales vertidas en los ríos sin el debido tratamiento.
Estos retrasos en el desarrollo local, entre otros tantos, deberán ser contemplados en cada propuesta municipal que hagan los candidatos municipales de los partidos políticos para ganarse el favor de los electores.