El Presupuesto General del Estado contempla los ingresos y gastos probables y el financiamiento requerido para asegurar la sostenibilidad fiscal del Estado y un endeudamiento acorde con su capacidad de pago. Para lograr ese propósito la Constitución ordena que el gasto sea planificado, programado, ejecutado y evaluado conforme los principios de subsidiaridad y transparencia.
Cuando el gasto público excede sin justificación a lo presupuestado, como ocurre actualmente, que a pesar de haberse mantenido el flujo de ingresos se estima un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos, el cual constituye un 43% de los 430 mil millones previstos inicialmente en la Ley General de Presupuesto, la población debe presumir -sobretodo ante la ausencia de explicación oficial- que se ha transgredido la ley y que han fallado los controles internos y externos del Estado.
Frente a la situación planteada, que desencadena una onerosa reforma fiscal, corresponde al Congreso Nacional en sus atribuciones de fiscalización y control investigar las causas del déficit fiscal e interpelar y procurar sanción para los funcionarios responsables del dispendio.
Los dominicanos y dominicanas desean seguir viviendo con orden y bienestar, pero sin establecer las causas del déficit fiscal ni sancionar a sus responsables, no tienen el motivo ni la paciencia para soportar el sacrificio impositivo que se les exige.