La satanización de la emisión de bonos públicos por políticos de la oposición ya pasa de castaño oscuro. El mismo exconsultor jurídico del poder ejecutivo que participó en recursos elevados ante el Tribunal Constitucional contra el Presupuesto del Año 2019 y la Ley 64-18 para autorizar emisión de bonos, Emmanuel Esquea, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Deben saber todos aquellos que presten al gobierno o compren bonos, acciones o bienes públicos a este gobierno demostradamente corrupto que esas negociaciones son dudosas y que serán cuestionadas después de las elecciones.”
De esos procesos judiciales tuvo que informar el gobierno en el memorando de oferta de los últimos bonos soberanos. De hecho, tuvo que esperar un comunicado donde ese tribunal los rechazaba para dar curso a la emisión de títulos contemplada en el plan de financiamiento aprobado por el Congreso. Estos casos son un ejemplo del Riesgo Político que tiene que advertir a los compradores de bonos todo emisor soberano. En el caso de un Offering Memorandum con nuestro hermoso Escudo Nacional se lee al respecto: “No hay garantías de que continuará en el futuro el apoyo al programa de reformas económicas del gobierno, incluyendo el servicio de la deuda externa.”
Del 2009 a la fecha, US$16,072 millones han sido colocados en mercados de capitales extranjeros cumpliendo con las mismas regulaciones de todas las naciones clasificadas como “Países Emergentes”. A octubre 2019, la Dirección General de Crédito Público informa que en subastas competitivas de bonos en las que participan en el mercado primario bancos, puestos de bolsas, asociaciones, AFP y otros intermediarios se han colocado RD$424,293 millones desde el año 2010. De este monto se encuentran vigentes RD$377,843 millones que, tal vez sean los que serán “cuestionados después de las elecciones” y, probablemente, con apoyo de jurisdicciones internacionales porque el 15% de esos bonos están en manos de extranjeros. Pero esto tal vez no tenga consecuencia alguna. En el mismo hilo de su comentario, Esquea respondió a un seguidor preocupado por su cuenta de retiro que tiene bonos compró una AFP lo siguiente: “¡Si su negocio es legal, usted no tendrá problemas!”
Me cuesta creer que el autor del comentario tenga dudas de dolo sobre las colocaciones de bonos, el instrumento que representa el 72% de la deuda pública del sector público no financiero. Entiendo justa su preocupación sobre traspasos o ventas de otra naturaleza sobre bienes públicos, algo que es común advertir en los meses finales de una gestión administrativa e investigar al iniciar una diferente. También es interesante destacar que la corrupción no se deja fuera en el capítulo de riesgos de un memorando de oferta. Esto se lee en el más reciente: “Los casos de corrupción pueden obstaculizar el crecimiento de la economía y las actuales investigaciones de corrupción de casos de alto perfil pueden afectar la imagen de la nación y su habilidad para tener acceso a los mercados internacionales de capitales.”
A pesar de estas evidencias, el discurso de los “odia-deuda” de la oposición no cesa y cada economista o abogado que opina al respecto es un Torquemada. Tan sencillo que es explicar algo como esto: “Nuestras reformas en la dimensión y la calidad del gasto, en sintonía con una administración tributaria más eficiente, logrará mejorar la imagen del país y generar la confianza necesaria para subir la calificación de riesgo que nos permita emitir bonos a tasas más bajas, similares al grupo de países emergentes considerados como Grado de Inversión.” Ahí la dejo como res nullius.
Gráfico elaborado con datos Dirección General de Crédito Público, con los bonos subastas en pesos citados más el equivalente en pesos de US$595 millones emitidos en dólares, y portal estadístico del autor www.josealfredoguerrerob.com
