Atrincherados en las poltronas de la sociedad civil y de los partidos políticos, los francotiradores de la opinión pública podrían estar frotándose las manos para enjuiciar el primer año del gobierno del cambio. Las altas cotas de popularidad del mandatario Abinader, sin embargo, impedirán que sus veredictos sean inmisericordes. Al referirse a su gestión los opinantes no deben soslayar los retos que este enfrentará para mantener su gobierno incólume y decente. Si la pandemia lo desafió en grande, seria ingenuo pretender que lo que le espera es menos gravoso.
La gestión del presidente Abinader está hoy orlada por un coro de aprobación masiva. La gente se ha percatado de sus buenas intenciones y aspira a que pueda seguir manejando con éxito las múltiples emboscadas de la gobernabilidad. Su obra de gobierno se ha bifurcado en dos supremos retos: el de la pandemia y el de la recuperación económica. Pocos serán los que le nieguen que, con un duro y asiduo trabajo, el presidente Abinader ha salido airoso de tan ingentes tareas. A finalizar su primer año de gestión tenemos la pandemia controlada y los sectores turístico, construcción y agropecuario han brindado un vigoroso impulso a la recuperación económica.
Otras luces de su gestión han conquistado gran simpatía pública. De significativa importancia ha sido el manto de protección social que impartió sobre los segmentos más vulnerables de la población y la incorporación de 2.2 millones de personas a la seguridad social. Habiendo prometido transparencia a raudales y un fin a la impunidad, el mandatario independizó al Ministerio Publico y puso las contrataciones públicas en manos idóneas. Descollaron además innovadores planes de vivienda y se realizaron aumentos salariales que no podían esperar más, todo con un adecuado y frugal manejo de las finanzas públicas.
De similar trascendencia ha sido el adecentamiento de los jueces de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas. El oscurantismo institucional del PLD, al controlar las altas cortes, quedaba así exiliado del mapa, robusteciendo la institucionalidad. Asimismo, el mandatario ha tomado las riendas de la Reforma Policial y ha comprometido su honor con una tarea que los gobiernos anteriores no abordaban con seriedad.
Ceteris paribus, es dable esperar que en el 2022 experimentaremos una mayor expansión de la economía. Es casi seguro que la tasa de crecimiento se disparará y cundirá un gran entusiasmo empresarial y de los inversores extranjeros. El auge económico, acreditado con el merito de producir resultados electorales positivos para sus auspiciadores, sostendría la popularidad del mandatario y podría hasta catapultar su reelección. Pero opinantes de mucho peso piensan que, siguiendo los patrones de gobiernos anteriores, en los próximos dos años se podría derretir el manto de pulcritud que ha resguardado al presidente y se desataran los demonios de la corrupción y el latrocinio. Eso daría al traste con sus futuras posibilidades electorales.
Esa lúgubre posibilidad insta a recalibrar el abordaje de la gestión y diseñar una nueva estrategia política triunfadora. En su primer año el presidente Abinader se abocó a un despliegue enorme de su presencia, exposición pública y disponibilidad, cortando cuantas cintas le invitaban a cortar y reuniéndose con decenas de estamentos sociales. Si bien muchas de sus apariciones respondían a los retos de la pandemia y al cataclismo económico, quedaba claro tambien que quería establecer en el imaginario popular la realidad de un nuevo gobierno y de una nueva figura presidencial.
Pero es tiempo ya de que el presidente Abinader se desprenda de las menudencias del cargo. En los dos próximos anos es imperativo que adopte y se aferre a una estrategia de profundización del cambio, lo cual debe significar que se ausentara mas de los escenarios públicos y se concentrara en la magna tarea de las reformas estructurales. La opinión publica esta harto preparada para darle la bienvenida a las medidas bienhechoras que hagan justicia a las expectativas de la Marcha Verde y de otras instancias de la sociedad. Responder a esas expectativas es lo crucial en los dos próximos años.
El Pacto Fiscal seria la tarea mas demandante. Para dejar atrás un débil “presión tributaria” de un 14.7 del PIB se requiere incrementar las recaudaciones. Mejorando tambien la calidad del gasto público se podría hacer frente a las crecientes demandas sociales y al endeudamiento externo. Se espera que el gobierno ofrezca un borrador de esa reforma a finales de año. Pero sus objetivos podrían lograrse focalizando el esfuerzo en solo tres tareas: 1) reduciendo sustancialmente el subsidio al sector eléctrico mediante una drástica disminución de las pérdidas de las Edes, 2) haciendo una profilaxis del entramado de incentivos fiscales que comportan un “gasto tributario” de unos RD$237,000 millones, y 3) declarando la guerra a la evasión impositiva. Varios analistas insisten en que solo el subsidio a las Edes es culpable de la mitad del déficit fiscal.
Otra gran tarea que requiere una firme intervención presidencial es la del adelgazamiento del Estado. Al inicio del gobierno el presidente Abinader nombró una Comisión de Liquidación de Organismos del Estado, pero al año de su ejercicio no se han visto resultados importantes. Es preciso no solo reducir los más de 300 organismos estatales existentes, sino tambien refundir algunos de ellos (p. ej. las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas con el INFOTEP). Hay que desempolvar el informe de la Senadora Faride Raful donde se identificaron 57 instituciones sobrantes y actuar en consecuencia.
En este periodo de gobierno es imperativo llevar a cabo la reforma de la Seguridad Social (Ley 87-01). Lo esencial de este desafío seria la desvinculación de las AFP y el Ministerio de Hacienda del sistema de pensiones y dejar en manos de los trabajadores cotizantes el manejo de sus ahorros previsionales. La mejor manera de hacerlo no es permitiendo que los ahorros sigan nutriendo el sistema financiero nacional. Lo que manda la situación es que el Estado le pague al sistema, con la venta de activos estatales de buena rentabilidad, el 77.37% de los más de RD$792,000 millones que el sistema tiene acumulados. Así los ahorros se protegerían de la inflación y, delegando el manejo de esos activos en empresas de gestión calificadas, se obtendría mejor rendimiento del capital.
Reconociendo que la reducción de los activos estatales en manos de la clase política es una consigna de la hora, esa privatización debe ser más abarcadora. El involucramiento directo del presidente Abinader seria clave para lograr un sano adelgazamiento. La privatización del Banreservas seria de primera prioridad, pero el Estado debe tambien desprenderse de los activos del sector eléctrico y de los hoteles estatales. Los ingresos por las ventas deben aplicarse a la reducción de la deuda estatal consolidada y a disminuir el déficit fiscal.
Es harto reconocido que, en materia de salud, el país enfrenta un desafío similar al que tuvo para lograr el 4% para la educación. Si hoy solo llegamos a 1.9% en el gasto del sector salud, la urgencia nacional es la de aumentar ese gasto hasta el 6% que es el promedio de America Latina. Dentro de ese gasto deberá otorgársele suprema prioridad a el fortalecimiento de los centros de Atención Primaria.
La diligente gestión del presidente Abinader ha introducido cambios importantes que se derivan de sus promesas electorales. Pero para evitar que sus buenas intenciones se descarrilen haciendo caso omiso a desvaríos en la administración pública deberá acometer con firmeza los cambios arriba reseñados. Su firmeza de carácter quedaría en entredicho si no se convierte en un muro de contención ante cualquier burla de los ideales de la Marcha Verde. Son ingenuos los que creen que, en esta coyuntura del desarrollo nacional, permitir la corrupción y el despilfarro gana más votos que actuando de acuerdo con las buenas intenciones.