Al inicio del presente año la nación enfrentaba tres enormes y delicados desafíos. El primero era el de las elecciones, el segundo el de la pandemia y el tercero el de una transición pacifica a un nuevo partido de gobierno. El de la pandemia sigue indómito y amenazante. Pero, aunque con tropiezos, logramos orquestar las elecciones y recién cristalizamos sin estridencias el tránsito a un nuevo partido de gobierno. Las ejecutorias del gobierno resultante han sido una gran bocanada de aire fresco para nuestra institucionalidad democrática y hasta ahora sus grandes luces acusan pocas sombras.
Especialmente los de la tercera edad podemos permitirnos un rapto de júbilo con el cambio de partido de gobierno. La alternancia en el poder es un prerrequisito de salud y progreso para la democracia. Con la anquilosada dirección política que nos gastábamos, hundida en la podredumbre del nepotismo, el clientelismo y la corrupción, estábamos camino a una dictadura de partido. A las elecciones del pasado 5 de julio librarnos de ese corrosivo peligro hemos recobrado el sendero de la vida democrática. Y esto se logró con una campaña electoral más desigual que ninguna otra anterior. El hartazgo ciudadano se convirtió en la fuerza motora del cambio bienhechor.
Tal hazaña no hubiese sido posible sin el complemento de una apta administración del proceso electoral. Después del fiasco de las elecciones del pasado mes de febrero la JCE se esmeró en orquestar un proceso participativo y equitativo, dejando satisfechos con sus decisiones a todos los partidos. Será una vergonzosa mezquindad si a ella y a su personal no se le reconoce su clave aporte para que las elecciones presidenciales y congresuales se efectuaran de manera ejemplar y sin sobresaltos que lamentar. Su presidente merece un especial reconocimiento por la prudencia y sabiduría con que supo orientar las decisiones del proceso. El Senado debe confirmarlo en su cargo.
La transmisión del mando presidencial fue también un punto luminoso de la vida institucional del país. Aunque el saliente presidente se negara a seguir la tradición (tal vez para no escuchar la pieza oratoria del entrante), el traspaso se cumplió de manera ejemplar. En ello jugó un papel importante no tanto la ajustada alocución del nuevo mandatario sino más bien porque la misma se abstuvo de recriminaciones que pudieran empeorar la situación de crisis en que nos encontramos varados. Eso califica como sensatez y como un acto de decencia política.
Estrenamos un presidente joven y esperanzador, tanto por su prosapia familiar como por sus propios puntos de vista. Las apariencias nos dicen que está bien curtido en las lides partidarias, pero también bien asesorado. Se ha revelado como conocedor de la quimera política, pero con los pies sobre la tierra, a sabiendas de que el cambio social tiene sus límites en el tiempo. A menos que sea por una revolución, una sociedad no cambia su cultura política de la noche a la mañana, por más redes sociales y tecnología digital que se hagan presentes en la lucha política.
A la fecha sus tres más trascendentes decisiones cumplen los requisitos del liderazgo responsable. La primera tiene que ver con la atención a la pandemia, la segunda con la crisis económica y sus agrias consecuencias sobre los segmentos de la población más vulnerable y la tercera con el propósito de enrolar al 100% de la población en el Seguro Familiar de Salud (SFS). El plan para combatir el Covid-19 tiene todos los elementos que debió tener desde el principio, los cuales fueron recomendados por los expertos (RD$15,000 millones adicionales para el sector salud, pruebas masivas, aumento del número de camas, hospitales y UCI, 1,000 médicos adicionales, suministro de medicamentos y equipos de protección, etc.). En lo económico complace la prelación que ha asignado el nuevo mandatario al mantenimiento del empleo y a las perentorias necesidades de los pobres y los indigentes. Mantener los subsidios sociales hasta diciembre es una atinada antesala al cumplimiento de sus otras promesas respecto a ese segmento de la población. Y la incorporación de 2 millones de dominicanos al SFS antes de fin de año sugiere una clara identificación con los dictados de la equidad social.
De igual prioridad ha sido el abordaje presidencial del flagelo de la corrupción y la impunidad. En materia de justicia ha reivindicado el estentóreo reclamo de la clase media y la sociedad civil para que nombrara a Miriam German como Procurador General y un acierto adicional ha sido el acompañamiento de Yeni Berenice como Procurador Adjunto. Su juramentación especial mandó la señal correcta de que estas magistradas actuaran con plena independencia. Para remachar encargó a Milagros Ortiz Bosch, un icono político de honestidad, de la política de transparencia de su gobierno. Y los aprestos para involucrar al PNUD en la supervisión de las licitaciones gubernamentales no podrían ser mejor recibidos.
La designación de Carlos Pimentel, un abogado de luces con gran familiaridad con la Ley de Compras y Contrataciones, complementó su firme compromiso con la buena gobernanza. El cierre ordenado de lacras institucionales como OISOE, FONPER, el CEA y el Despacho de la Primera Dana es una señal de compromiso con la promesa de adelgazamiento del Estado. (Habrá que esperar algunos meses para saber dónde parará la reubicación prometida de la CDEEE.) El nuevo Ministro de la Presidencia anunció que no habrá despidos masivos, pero a todo el funcionariado le conviene leer el “Brevísimo tratado sobre las botellas”, un clásico AM de Adriano Miguel Tejada.
En general, los nombramientos han sido recibidos con beneplácito por la población. Dan una señal vigorosa del cambio prometido, no solo porque en su gran mayoría los nuevos incumbentes son figuras nuevas y moralmente solventes sino porque, además, tienen una impresionante preparación. Especial interés han suscitado la incrementada participación de las mujeres en el tren gubernamental y la confianza en los muchos jóvenes asignados a viceministerios. Si como reportó la prensa, la escogencia de los jefes militares y del director de la Policía se basó en las credenciales profesionales y no en amiguismos hay motivos para pensar que la reforma verdadera de estas instituciones podrá comenzar seriamente.
Por otro lado, las ratificaciones de Valdez Albizu, Clarissa de la Rocha, Roberto Cassa y el general Juan Manuel Mendez del COE han sido bien merecidas. Pero algunas designaciones opacan un poco las mencionadas. El partido El Pais que Queremos (EPQ) ha objetado por improcedente el nombramiento del director del INTRANT al ser este un antiguo dirigente del sindicato de choferes CONATRA, mientras otros han objetado al Administrador del Banreservas por haber estado involucrado en el caso de los Tucanos.
Por otro lado, la participación de “dinosaurios” del PRM en algunos cargos se critica como “la comida del boa” en vista del descredito que esas figuras contribuyeron a labrarle a los partidos. (Solo un 15% de la población confía en ellos.) Por suerte integraron a políticos de los partidos aliados que se reputan como personas honorables (Max Puig, Elexido Paula, Milton Morrison, Miguel Decamps). Y sobre los diputados que han recibido designaciones se ha desatado un saludable debate que debe contribuir a desaparecer la tradición de que sus reemplazos en el Congreso sean familiares. La gente voto por la persona, no por sus familiares.
La profilaxis prometida del servicio diplomático, la cancelación de los groseros privilegios de los legisladores y la eliminación de yipetas de lujo, tarjetas de crédito y dietas por sesiones de trabajo para los funcionarios y la cancelación de algunas pensiones escandalosas son decisiones que el presidente Abinader tendrá que adoptar para ser consistente con la trayectoria que hasta ahora ha demostrado. Es una magnifica señal el que haya declarado que todas las instituciones del Estado serán auditadas. Sus resultados serán claves para seguir saneando el Estado hipertrofiado e indolente que nos legó el PLD.