Diversos factores influyeron en la decisión de las elecciones del 2020. Sin embargo, si me preguntan, diría que, entre los más decisivos, está la alta percepción de la corrupción e impunidad que tenía el país. En el 2020, Transparencia Internacional calificó a República Dominicana con una puntuación de 28 en su indicador de percepción de la corrupción, siendo 100 bajos niveles de percepción y 0 lo contrario. Pero el país no solo reprobó la evaluación del 2020, sino que la calificación se ha mantenido estancada desde el 2001, cuando se situaba en 31, y en un decrecimiento constante anual desde el 2015, cuando era de 33. Al 2020, de los 179 países evaluados, República Dominicana se colocaba en el escalón 137, donde casi no llega la luz.
La ciudadanía atribuía los altos niveles de impunidad, en muchas ocasiones, a que la designación de una persona de confianza como procurador general de la República por parte del presidente era, pues, precisamente para garantizar esa permisividad. El actual presidente de la República era muy consciente de ello, y el mismo 16 de agosto de 2020, con la silla presidencial todavía caliente, inyectó una dosis de confianza en la Procuraduría General de la República con el nombramiento de una persona que, en esta ocasión, era de confianza para el pueblo dominicano. Nace aquí el tan anhelado Ministerio Público independiente.
No debería ser objeto de mucho debate que, muy especialmente en países con altos niveles de corrupción, el Ministerio Público debe tener libertad para investigar y perseguir la criminalidad sin ataduras ni compromisos, con imparcialidad y objetividad, ajustándose al debido proceso. La experiencia nacional, que se hizo latente en las elecciones del 2020, ha traducido en la mente de los electores que si el presidente nombra libremente y sin filtros mayores al procurador general de la República y puede removerlo con la misma discreción, este debe serle leal a su gobierno, acatará las instrucciones del primer mandatario y no investigará ni perseguirá a sus funcionarios.
Tomando en consideración lo importante que se ha tornado este tema para la ciudadanía, el presidente de la República ha puesto sobre la mesa «blindar» la independencia del Ministerio Público. Esto puede visualizarse de distintas maneras y el estudio comparado es amplio. Sin embargo, en todo caso es importante recordar que el órgano persecutor dominicano no solo tiene esa función, sino que, a través del procurador general de la República, representa los intereses del Estado —cuya cabeza es el presidente— ante los tribunales, y tiene a su cargo definir y aplicar la política de prevención de la criminalidad, así como el sistema penitenciario y, por tanto, la rehabilitación social de las personas privadas de libertad. Son esas mismas funciones las que ha citado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo este miércoles en el Consejo Económico y Social para justificar su propuesta de reforma.
En efecto, es iluso pensar que la Procuraduría General de la República pueda diseñar e implementar con éxito una política criminal y penitenciaria por su cuenta, sin coordinación con los demás ministerios y sin el sólido mandato que le da su cercanía al Poder Ejecutivo, especialmente por lo compleja, multicausal y las variadas aristas que tiene la criminalidad y seguridad ciudadana. Por tanto, si bien este funcionario debe ser independiente e imparcial, y no tener influencia del Ejecutivo respecto de la investigación y persecución de la corrupción, debe, a su vez, integrarse a los planes del gobierno respecto de la representación del Estado, la política de prevención de la criminalidad y la reinserción social de los privados de libertad. Esto requiere que, de una forma u otra, el presidente, los ministros y el procurador general puedan entenderse, conversar, negociar y trabajar en conjunto. La consecuencia lógica es que el procurador general de la República, para ser exitoso en estas funciones, debe ser también de confianza para el presidente. Por tanto, hay que ser cuidadoso y, bajo la estructura actual, evitar caer en los extremos.
Una interesante opción es la sugerencia que muchos han hecho y que el miércoles propuso el Poder Ejecutivo, de crear una especie de Ministerio de Justicia. Las funciones que antes he descrito, de diseñar e implementar las políticas de prevención y penitenciaria, y de representar los intereses del Estado dominicano ante las cortes, podrían salir del Ministerio Público y asignársele a este nuevo ministro, que, bajo el diseño constitucional actual, podría ser nombrado y removido libremente por el presidente de la República, y, por tanto, sería de su total confianza. Entretanto, el Ministerio Público se ocuparía de la investigación y persecución de la criminalidad; y acá no sería descabellado que quien encabece el órgano persecutor sea designado por un ente que promueva el consenso político, como podría serlo el Consejo Nacional de la Magistratura, o por un proceso en el que participen los poderes ejecutivo y legislativo, como podría ser el sometimiento de ternas de un poder a otro. A ello se le pueden añadir muchas otras ideas, como podría ser la inamovilidad o elección por un período fijado, la pertenencia a la carrera del Ministerio Público o a alguna carrera de los órganos que integran el sistema de justicia, entra otras.
Claro, no puedo dejar pasar por alto que esta propuesta implica más burocracia, que no necesariamente es malo. No obstante, el Poder Ejecutivo acaba de crear un Ministerio de la Vivienda, crearía un Ministerio de Justicia e hizo oposición propugnando por una simplificación y reordenamiento del aparato estatal, por lo que tendría sentido acompañar esta reforma con un compromiso de asumir cambios estructurales que permitan al Estado ser más eficiente en la distribución de sus competencias.
Independientemente de todo lo anterior, los sistemas no son infalibles. Sería tonto pensar que, por crear este nuevo proceso de selección, no participe y pueda ser seleccionado como cabeza de este nuevo Ministerio Público un funcionario que le sea leal al Poder Ejecutivo. De hecho, por la evolución por la que ha pasado la profesionalización del Ministerio Público, no es difícil imaginarse que ya haya miembros de la carrera que simpatizan por un partido o líder político u otro. Aunque esta reforma puede considerarse como un avance, la lección es que casi siempre el blindaje dependerá de la voluntad política y madurez democrática de los actores que integran el sistema. Se habla mucho de los principios de tolerancia y contención mutua. Por ejemplo, hoy tenemos una Procuraduría General de la República que, a la fecha, ha dado buenos indicios de independencia, no porque la normativa contemple un proceso que lo garantice, sino porque el país eligió a un mandatario que se había comprometido con ello.
Dos cosas me parecen evidentes: el país pide fortalecer el sistema de justicia y los actores políticos aparentan tener la intención de cumplir con ello. Ahora bien, ¿saldrá del estanco, por fin, el índice de percepción de la corrupción?