Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), ha hecho un planteamiento que merece atención. Dijo que “vendedores, comerciantes, empresarios, sindicatos, pescadores, yoleros, propietarios de embarcaciones de lujo y todos deben comprometerse a cuidar el litoral, porque Punta Cana y todo nuestro país vive del uso racional de sus playas y otros recursos naturales”.

Consideró que todas las instancias sociales y las autoridades de las zonas turísticas, “deben imitar la actitud responsable del Ministerio de Medioambiente y su titular Orlando Jorge, y asumir una actitud responsable en el cumplimiento de la ley” (la 305 de 1968); que establece como área protegida una franja 60 metros, en las playas, en la que solo se puede hacer las construcciones autorice el Poder Ejecutivo para fines turísticos y de utilidad pública, mediante decreto presidencial

Las observaciones de Veloz están motivadas por las iniciativas de Medioambiente en Punta Cana para rescatar importantes playas ocupadas ilegalmente por construcciones no autorizadas y comerciantes que obtienen cuantiosos beneficios, pero se presentan como pobres “padres de familia”, a quienes se niega el derecho a producir.

Medioambiente primero liberó y rescató la playa conocida como “Los Guineos”. Los comerciantes se habían apropiado de ella alegando que la franja de los 60 metros es pública. Montaron un desordenado y sucio mercado que dificultaba pasar por el lugar porque no quedó espacio entre sus horribles casetas y las olas del mar.

Esta expropiación organizada por una asociación de comerciantes, que reúne una limitada cantidad de personas, al tomar la playa, principal atractivo para el turismo en Punta Cana, impidió durante muchos años que esa propiedad fuera incorporada al desarrollo turístico y se construyera allí un hotel con un mínimo de 1,000 empleos y crearía una importante demanda de bienes y servicios a la economía. Este desordenado arrabal al estilo de la Duarte con París, ahora es una hermosa playa rescatada para el turismo.

Esta semana, Medioambiente repitió la historia. Esta vez en Cabeza de Toro, Punta Cana. Eliminó una “plaza” (si entre comillas) construida hace más de 20 anos por un abogado amigo y pariente ya fallecido; que alquilaba sus 16 locales comerciales. Vendió su propiedad con el compromiso contractual de desocupar la “plaza”. No lo hizo.

Este es un caso más grave, porque además de ocupar la franja protegida de los 60 metros, la parte trasera colindaba con un humedal, importantes ecosistemas protegidos local e internacionalmente. Ese era el desaguadero de la destartalada edificación, sin instalaciones sanitarias y al que nadie daba mantenimiento. Sus ocupantes ilegales porque como no eran propietarios ni tenían contratos de alquiler no les interesaba. Tampoco sus propietarios, porque su objetivo era recuperar la descuidada edificación y destruirla.

Esta “plaza” y otras 2 construcciones ilegales no autorizadas en los 60 metros, durante más de una década han obstaculizado el desarrollo de un proyecto turístico en el que se planifica atraer cadenas hoteleras de renombre (ya algunas están motivadas) para construir 10 hoteles. Además, un campo de golf, marina, club de playa, centro de actividades con miles de parqueos, una pequeña ciudad turística con comercios y apartamentos residenciales y una pequeña ciudad-zona industrial con apartamentos para empleados. Se crearán en un plazo de 3 a 8 años 15 mil empleos, una gran demanda de bienes y servicios y nuevos atractivos turísticos.

Medioambiente hace bien. Rescata las playas para turismo, el principal negocio del país.