El anuncio de la SISALRIL de que dispondrá que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) le devuelvan a los afiliados el costo de las tarifas actuales por las consultas y servicios pagados directamente a los otorrinos, debe ser apoyada por todos porque es correcta y justa. Desde hace varios meses la sociedad de otorrinolaringología suspendió los servicios, como forma de presionar a las ARS a aceptar sus tarifas y honorarios.
Como consecuencia, actualmente alrededor de tres millones de dominicanos afiliados al Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, están privados del acceso regular a las consultas, hospitalización e intervenciones quirúrgicas en el área de otorrinolaringología, a pesar de pagar religiosamente, víctimas inocentes de una disputa completamente fuera de su control.
Sin importar la naturaleza de este conflicto, lo único fuera de discusión es que son los afiliados quienes están cargando con el costo de la suspensión de este importante servicio. Ahora los otorrinos reciben a los asegurados como pacientes privados, cobrándoles tarifas muy superiores a las que les demandan a las ARS. Y, por su parte, las ARS se economizan este costo, al dejar de pagar a las PSS por dicho servicio.
En la práctica, esta ventaja mutua contribuye a retardar una solución equilibrada entre las partes. Mientras tanto, al final del día, este conflicto les genera a los pacientes incertidumbres, desequilibrios y riesgos innecesarios de perder la vida, ya que no todos pueden pagar las tarifas de los servicios privados. Decenas de afiliados han mostrado su indignación e inconformidad al tener que asumir las consecuencias de un problema que no han creado, ni están en capacidad de resolverlo. Se parece mucho a esos conflictos matrimoniales, en donde los únicos perjudicados son los hijos.
Es a partir de esta realidad que la SISALRIL decide intervenir, con la intención de proteger a los afiliados indefensos y de inducir a las partes a encontrar una solución que retorne a la normalidad las relaciones contractuales interrumpidas unilateralmente. De acuerdo a la Ley, el rol primordial de la SISALRIL es proteger y garantizar los derechos de los afiliados en su área de incumbencia, y el secundario, es velar por la eficiencia y sostenibilidad de las ARS. Y no al revés, como algunos han interpretado.
En varios mensajes hemos señalado que el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social condena cualquier tipo de monopolio, control, o presión monopólica, sin importar que provenga de las ARS o de las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS). La suspensión de los servicios es inadmisible, ya que viola los contratos y afecta directamente a los afiliados. De igual forma, la intervención de las sociedades médicas es ilegal, puesto que ejercen presión monopólica que rompe el equilibrio y distorsiona el proceso. No olvidemos que los servicios de la Seguridad Social, además de vitales, son intrínsecamente públicos, aunque sean gestionados por profesionales o entidades privadas. Por ello hemos solicitado la intervención directa y oportuna de las autoridades competentes.
Tengo que confesar que hacía mucho tiempo que no sentía la sensación de que las autoridades están tomando libremente una posición de genuina defensa de los beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Si bien existen antecedentes de decisiones favorables, no es menos cierto que han sido tardías y como resultado de muchas presiones y quejas.