Con relación al manejo de los desperdicios que generamos en los centros urbanos se plantea la formula indispensable del involucramiento de toda la sociedad en su conjunto, tal y como lo decíamos en nuestro artículo anterior. El compromiso colectivo es la única manera de hacer una correcta gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU). Administración pública y población en general deben trabajar coordinados en este sentido. La administración desde sus diferentes estamentos debe encargarse de concienciar y educar a la población, pero al mismo tiempo ésta debe asumir su rol de responsabilidad en el plano doméstico.
A nivel global el problema de la generación de residuos en cantidades que comprometen al medioambiente es un tema de preocupación. Los llamados países desarrollados –sobre todo de Europa- toman medidas para controlar la “producción” de basura y abordan muy en serio los conceptos aplicados de reutilización y el reciclaje. Como siempre decimos, los países en vías de desarrollo debemos tomar ejemplo de alguno de estos hermanos mayores.
Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) con sede en España – una muy buena institución de referencia de la cual hicimos mención en el primer artículo de esta serie- se trabaja todo lo concerniente al ahorro de energía en todas sus posibles vertientes desde la óptica de la difusión, la formación y el asesoramiento. Proponen una serie de pasos a llevar a cabo para encauzar la problemática de generación de la basura y a los cuales nos referiremos a continuación a modo de conclusión de esta serie de 3 artículos sobre Basura y Energía.
El IDAE no hace otra cosa que ser consecuente con todo un proceso de concienciación que se está dando desde hace un buen tiempo en el espacio de la Unión Europea (UE). Naciones con un alto grado de industrialización procuran no gastar más de lo necesario para no generar más basura de la que óptimamente puedan manejar. De ahí que desarrollen programas de educación en torno a la cuestión. Los pasos que la UE ha propuesto y que cada estado miembro adapta a su realidad local (como lo plantea el IDAE para la realidad española) son : 1) tomar medidas previsoras con relación al producto que luego se convertirá en basura, 2) después plantear la alternativa de reutilizar y/o reciclar valorando sus prestaciones e implicaciones energéticas y por último, 3) la eliminación controlada ( medioambientalmente hablando ) de lo que ya no puede ser ni reutilizado ni reciclado.
Educación, siempre la educación.
Era de esperar que la educación fuera la llave también para esto y que en este solo término se resuman los pasos planteados por la UE. Una sociedad educada en valores medioambientales lleva mejor su gestión de los RSU. Un niño que desde el Kinder Garden recibe la información de que todos los desperdicios que genere computan para la salud del medioambiente aprende a moderar ese aspecto. Si a ese mismo niño se le enseña la importancia de la reutilización o reciclaje de las cosas entonces ya estamos transitando el buen camino. Si además de esto se incentiva al que recicla o al que lo promueve y se castiga a quien contamina se completa el esquema adecuado.
El fabricante o gestor de un producto o de una materia prima debe asumir un compromiso de no contaminación y debe ser fiscalizado por la administración pública a través de los organismos competentes. El consumidor de este producto por su parte debe tomar conciencia de lo que adquiere y en qué medida repercute esto en la generación de residuos.
Pero… ¿y de qué manera se hace esto último, puede preguntar el lector? Muy sencillo, prestando atención en saber que lo que se adquiere genera desperdicios o que es posible su reciclaje; evitando los embalajes y empaquetados innecesarios y aprendiendo a separar los residuos y no mezclarlos entre sí; es decir, separar lo orgánico junto con lo orgánico, el vidrio junto con vidrio, el plástico junto con el plástico, etc., etc.; esto toda vez, claro está, que la administración ponga a disposición ciudadana los sistemas necesarios para ello.
Todos juntos podemos conseguir mejorar nuestro sistema de manejo de los RSU. Debe ser un esfuerzo conjunto, bien coordinado desde el estado como administrador de la cosa pública y asumido –interiorizado- por la ciudadanía en general. Si conseguimos esto no solo ahorramos en energía y emisiones nocivas, también ahorramos en dinero.