De “Ejemplar e Inspiradora” calificó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la respuesta humanitaria que desplegó la República Dominicana al vecino pueblo haitiano, inmediatamente se conociera del devastador terremoto que asolara su territorio el 12 de enero de 2010. Siete meses después del sismo, la organización internacional se refirió sobre el particular, afirmando que fueron “Ilimitadas las muestras de solidaridad brindadas por el Estado, la sociedad civil, el sector privado, y todos los dominicanos” a los haitianos.
Más reciente, el pasado año, luego del paso por el vecino territorio haitiano del Huracán Mattew, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del coordinador residente de esa unidad en el país, Lorenzo Jiménez de Luís, afirmó que fue muy positiva la ayuda que brindara la República Dominicana a Haití. Fue más lejos y calificó la ayuda de “colosal”, agregando que los organismos internacionales debían reconocerlo.
En julio del año pasado, el Director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro, reveló que el 30% del presupuesto que se destina en el país para la atención hospitalaria, se invierte en los haitianos. Tal inversión, en términos de cantidad, implica unos RD$5 mil millones de pesos. Esto representa un gran problema para la República Dominicana y su sistema de salud, y cuando analizamos la situación en los hospitales fronterizos, la situación es aún más alarmante pues, en estos, el 80% de los servicios es para los nacionales del país del Oeste. Sin embargo, la República Dominicana viene cargando el pesado fardo que los países desarrollados se niegan a acarrear y que propugnan porque sea nuestro país que se haga cargo de las vicisitudes de esa masa depauperada.
Es loable el esfuerzo que, históricamente, como país venimos haciendo en cuanto a las ayudas prestadas a los nacionales haitianos reconociendo las condiciones infrahumanas en que viven aquellos, con las que siempre hemos estado de acuerdo y es plausible la acción llevada a cabo por el Gobierno luego de aquellos eventos catastróficos. Pero de ahí, a poner en riesgo los servicios básicos de salud, de educación, vivienda, empleo, etc., a nuestro nacionales, es harina de otro costal. Esto es lo que quiere una gran parte de la Comunidad Internacional.
Es que no hay forma humanamente factible de que pueda solucionarse el problema de gente muy pobre metiéndola a vivir en la casa de otro pobre. La Comunidad Internacional quiere hacerse de la vista gorda con esta situación por la que pasa la República Dominicana, y nuestro gobierno no ha sido lo suficientemente enérgico ante los organismos que nos presionan, todo lo contrario, ha cedido a abrir de par en par la frontera, ha prohibido las repatriaciones, ha “regulado” la estadía de los nacionales haitianos en el país, ha concedido residencias y ciudadanía a gente que no cuenta con documentos para probar su derecho a poseerlas; en fin, ha cedido gran parte de nuestra soberanía.
Las autoridades nacionales, así como los líderes empresariales, comunitarios, y religiosos, que les interesa el bienestar de la República Dominicana, así como ayudar al restablecimiento de la economía haitiana; deben de aunar esfuerzos para hacer variar la intención de la Comunidad Internacional, de solucionar el problema de Haití con la apertura franca de corredores a través de la frontera. Voy más lejos, en ese sentido, el Gobierno de la República Dominicana debe enfrentar de una vez por todas las campañas de desinformación que llevan a cabo las ONGs financiadas por naciones poderosas, que solo persiguen sojuzgar nuestro libre albedrío y soberanía, para de esta manera, evitar que los haitianos lleguen a sus territorios.
Los momentos actuales requieren de todo el accionar posible de las fuerzas vivas de la nación, encabezadas por el Gobierno y los líderes sectoriales a fin de reprimir la invasión desenfrenada de nacionales haitianos, mayormente en virtud de la inminente retirada de las tropas de la Minustah del territorio haitiano. Por nuestra parte, ante esta situación, apoyamos la propuesta, de la que ha sido apoderada la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado, de ubicar sendos batallones del Ejército de la República Dominicana en los municipios cabeceras de las provincias de Monte Cristi, Elías Piña, Independencia, y Pedernales, pues nuestra experiencia nos dice que no existe en el país ninguna otra institución con mayor capacidad que las Fuerzas Armadas (principalmente el Ejército de la República Dominicana) para contrarrestar la inmigración ilegal en masa.
Defendamos nuestra soberanía, nuestro territorio y nuestra frontera. “Basta ya de la política de desvestir un santo para vestir otro”.