“Queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca
mera ausencia de violencia, sino que debe ser
presencia y vigencia de la Constitución, sin
coacciones , extorsiones ni amenazas”.
Fernando Savater
Vemos llegar el día en que cumple un nuevo aniversario nuestra constitución política, y nos asaltan sentimientos encontrados; sentimientos que se decantan por la satisfacción a veces, y en otras, por el pesar. Nos satisface como ciudadano saber que aún contamos con este texto que es sostén del Estado dominicano, y que por lo tanto, somos (en grados más, grados menos) una nación libre y soberana, pues las disposiciones contenidas allí, buenas o malas, nosotros mismos como pueblo nos las hemos dado. Pero no dejamos de sentir pesar al ver como nuestra “Ley de leyes” es sometida a constantes violaciones y no pasa nada y nadie responde al respecto.
La Constitución política es la ley fundamental de cada Estado, estatuyéndose en ella la forma de gobierno que determina darse una sociedad política y jurídicamente organizada en un territorio determinado. De manera que cuando estamos en presencia de la Constitución de un Estado, debe venirnos de inmediato al pensamiento, que esta representa el triunfo de una nación incipiente, de sus ideales y de un sistema político que va en contraposición con el pasado; por esto, muchos estudiosos de las constituciones le llaman “El acta de nacimiento de los Estados”, y así es vista por el Estado mismo que se constituye, como por el concierto de naciones.
¿Porque se le llama Constitución? Porque mediante ella se constituye, se organiza, se forma un Estado. Porque la palabra se deriva del latín constitutito que indica todo lo anterior. Mediante sus textos constitucionales, los Estados establecen sus formas de gobierno, como los procedimientos para hacer funcionar los poderes públicos. En ella se encuentran contenidos los derechos y obligaciones de los ciudadanos y de las instituciones, y se establecen las bases del sistema político; y algo de gran importancia para las naciones, como son los principios e ideales, que son aquellas ideas de carácter primordial que motivan y dan origen a la voluntad colectiva, creadora, y a la determinación y participación de todos.
En 1844, los dominicanos, con la participación protagónica de Los Trinitarios, grupo de liberales liderados por el patricio Juan Pablo Duarte, quienes en su ausencia pero basados en su impronta, comenzaron, a partir de la separación de Haití, un proceso de reorganización, renovaciones y reformas, con la ebullición social del momento, motivada por el júbilo de la libertad, que hacía sentir identificados entre sí, a los que no se sentían parte de la Nación haitiana. Así se empieza a dar los trazos a nuestra identidad, por sentirnos parte del conjunto social, por compartir las mismas costumbres, el mismo origen, el mismo folklor, el mismo tipo de alimento, y las mismas creencias religiosas.
Fue así como, luego de organizado un Gobierno provisional, se promulgó el Decreto del 24 de julio de 1844 mediante el cual se convocaba a los pueblos de la República para reunirse en asambleas electorales entre las fechas del 20 al 30 de agosto, en las que debían ser escogidos los miembros representantes al Congreso Constituyente pautado para el 20 de septiembre del mismo año en San Cristóbal. Los trabajos para dejar establecida la Constitución tenían la visión puesta en producir un texto de carácter ampliamente democrático y así lo consagraban las disposiciones de esa primera Constitución. Pero allí mismo comenzó a sufrir nuestra Carta Fundamental su calamitoso y penoso existir; allí mismo brotó el germen que hasta hoy se mantiene, de someterla a odiosas modificaciones y reformas para complacer apetencias políticas del momento, allí mismo se desconocieron sus propias disposiciones de supremacía ante las demás leyes y normativas, y se complació la exigencia de Pedro Santana de establecer un artículo que sería el 210, mediante el que se le otorgaban poderes extraordinarios como vemos a continuación:
“Art. 210.- Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el Presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales, y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la Nación; pudiendo en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna”. Con tal disposición, no necesitaba más nada el hatero del Seibo para constituirse en dictador.
Es triste tener que reconocer que le hemos fallado a aquellos que concibieron la idea de una República libre y soberana, de carácter liberal y democrático en la que nos rigiera un texto constitucional ubicado jerárquicamente por sobre todo el ordenamiento jurídico del país. Pero también se le ha fallado a todo el pueblo contemporáneo que ve cómo consuetudinariamente se ignoran sus disposiciones de norma suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Sólo basta que quiera reelegirse el gobernante de turno para que el Congreso de la República sea de inmediato sello legal de tales apetencias, haciendo “todo lo necesario” para que así sea, y el resultado ha sido 39 modificaciones y reformas, en gran parte, para complacer intereses políticos. Si eso es con la Constitución, vaya usted a ver que pasa con las demás leyes.
Son escasas las excepciones, cuando enumeramos los gobiernos en los que se han hecho modificaciones complacientes a los intereses grupales y de partidos, tal relación la veremos en otro artículo. Pero hoy, día de otro aniversario de nuestra Constitución política es apropiado reflexionar sobre el daño que se hace a las instituciones del Estado, y el deterioro que sufre la Nación producto del irrespeto a nuestra Carta Magna. Paremos ya de violar las disposiciones que establecen la separación de poderes; paremos ya de violar lo referente a la Supremacía de la Constitución; dejemos ya de violar los preceptos constitucionales sobre el Poder Judicial; cumplamos con lo establecido en la Constitución sobre nuestra soberanía, el Estado social y democrático de derecho, sobre el régimen fronterizo, sobre la nacionalidad y la ciudadanía; en fin, ¡Basta, respetemos por fin la Constitución!