“Con el cebo de una mentira se pesca una carpa de verdad”-William Shakespeare.
Cuando en el país se genera una polémica sobre una empresa o situación en la que el Estado tiene cartas en el asunto, lo correcto sería que el gobierno, como su principal pilar, salga al rodeo y aclare las dudas o aporte elementos que orienten a la ciudadanía y a la sociedad en general.
Esta afirmación viene a propósito del cuestionamiento que hiciera un connotado dirigente del PRM a los aportes de la Barrick al Estado. La empresa ni siquiera fue defendida por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), su gremio representativo. Tomando en cuenta que uno de los principales objetivos de esta entidad privada sin fines de lucro es proyectar positivamente a la República Dominicana como atractivo destino de la inversión privada, nos parece muy extraño su silencio.
En efecto, tratándose de la principal inversión extranjera del país, Camipe debió fijar responsablemente su posición y validar la veracidad de la información estadística que trimestral y anualmente ofrece la Barrick a la sociedad dominicana y a sus accionistas. Desconocemos su política en los casos en que se pone en tela de juicio la credibilidad y transparencia de una empresa global como la de referencia. Sin embargo, somos de la convicción de que adoptar la estrategia del avestruz en situaciones calamitosas para sus asociados, no es la vía más recomendable para los intereses de la inversión extranjera en funcionamiento en el país.
Por otra parte, si bien el Ministerio de Hacienda publica sus boletines estadísticos y pone a disposición de todo público una inmensa cantidad de información, creemos que, por lo menos, con la altura técnica que lo distingue, debió dejar claro que lo que dice Barrick que aporta a la nación no podría provenir de otra fuente que no sea el ministerio competente en materia de finanzas públicas.
Más allá de ello, sabemos que el Ministerio de Energía y Minas es el órgano que administra los contratos especiales mineros, entre ellos el Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM) que ampara las actividades de la Barrick. Por esta sola razón no podríamos haber apostado a su silencio, que es lo mismo que decir a la continuidad de su política de no intervención en polémicas públicas, aunque toquen importantes intereses del Estado Dominicano. Así las cosas, el Memrd resulta ser la institución más indicada para explicar en lenguaje ciudadano el régimen tributario y de contribuciones que instituye dicho documento y que resulta de difícil entendimiento para la mayoría de los dominicanos.
La verdad es que el prestigio y cierta credibilidad ganados durante muchos años por un profesional de notabilidad pública, pueden hacer en estos tiempos de las redes de idiotas –y, en menor medida, de una creciente minoría versada y responsable- un irreparable daño al buen hacer de unas pocas empresas.
¿Cómo afirmar que el oro dominicano le fue entregado a un grupo de pillos que no piensan en los intereses del país? ¿Cómo sugerir que los aportes e ingresos que declara la Barrick son manipulados por un sistema contable interno mañoso que tiene la capacidad de tergiversar, manipular, falsear y abultar cifras para proyectar una contribución irreal a las cuentas del gobierno?
Lo cierto es que el oro dominicano le fue entregado por 24 años (1975-99) a un grupo de ladinos del Estado cobijados en una empresa estatal llamada Rosario Dominicana. El desastre ambiental en la zona de Pueblo Viejo no es una herencia que deja la Barrick a la sociedad dominicana: es una de las tantas secuelas de la minería salvaje. La misma que la clase política de la época pontificó como una de las vertientes más idóneas de un modelo de desarrollo que nunca dejó de ser pura retórica marrullera.
Cuando el oro dejaba pérdidas para el Estado y al mismo tiempo grandes dividendos para un grupo de bribones encumbrados como funcionarios, ¿qué hacían las voces técnicamente autorizadas que hoy afirman que la información que ofrecen sus propias autoridades son medias verdades, manipuladas y aviesas?
Por lo menos la Barrick tiene dentro de ella gente que la defienda, aunque sea simplemente reiterando con cierta elegancia ejecutiva-como lo hizo Juana Barceló- la cuestionada veracidad de la información que ofrece el Ministerio de Hacienda y sus dependencias. Sería deshonesto no reconocer que esta empresa está comprometida con la EITI, con las reglas corporativas, con la minería responsable no retórica, con estándares de clase global y uso de la mejor tecnología emergente, con la responsabilidad social corporativa y con la igualdad de género bien entendida.
Estamos de acuerdo con la determinación de detener cuanto antes el extractivismo depredador, y no solo hablando de la gran minería metálica, sino de la no metálica que hace hoyos en todo el país y diezma ríos ante la inefable indiferencia de los reguladores. Empresas como la Barrick, que ostensiblemente cumplen todo tipo de requerimientos sociales, sanitarios, laborales, económicos y ambientales, representan un extractivismo sensato. Entendemos que, antes de someterla a juicio público, deberíamos visitarla.
¿Cuál es la carpa de verdad que pretendemos pescar haciendo estimados que no se corresponden con la información oficial disponible para todos? ¿Cuál es el propósito implícito de proyectar como fulera y depredadora a una empresa de ganado prestigio en el país?