Muy interesante el debate que se ha generado en torno al contrato de explotación de la mina de oro de Cotuí. A cuatro años de la renegociación del contrato entre el Estado Dominicano y la empresa Barrick Gold, parece que parte de los sectores involucrados en aquel proceso de negociaciones, firma y aprobación entienden ahora, al igual que parte importante de los sectores sociales, que la adenda al contrato ha sido lesiva al interés nacional.

Sin pretender quitar razones a unos y otros, con el mero interés de aportar al debate, estimamos oportuno, nueva vez, expresar algunas consideraciones que hizo el Consejo Regional de Desarrollo (CRD),  a raíz de la introducción al Congreso Nacional de la enmienda al contrato original firmado en el 2001 entre el Gobierno Dominicano y la empresa Placer Dome, que fueron las siguientes:

1. Debió preverse, como en el contrato original, una escala de repartición de ganancias de acuerdo a los precios internacionales del oro.

2. La posibilidad de que la empresa Barrick traspasara su responsabilidad ambiental en el proceso de cierre y post cierre de la mina al Gobierno Dominicano con tan solo transferir a favor de éste los fondos depositados en la cuenta especial para tales fines, era un riesgo que el país no debía correr.

3. La provincia Sánchez Ramírez resultaba muy afectada con la adenda, pues recibiría solo el 5% de los beneficios netos, en lugar del 5% de todos los recursos que recibiría el Estado, como lo establece el contrato original.

Refrescada la memoria, paso ahora con las consideraciones actuales, comenzando por aclarar que el proyecto que dio origen al contrato con Placer Dome es diferente al proyecto elaborado por Barrick y ahí el motivo de la adenda al contrato original.

El proyecto Placer Dome implicaba un minado de 15,000 To-m diarias por 10 años, con un nivel de producción de 1,300 onzas de oro diaria, siguiendo un proceso de bio-lixiviación, con una inversión de US$350 millones.

El proyecto que desarrolla Barrick implica un minado de 24,000 To-m diarias por un período mínimo de 20 años, un nivel de producción de 2,700 onzas diarias, utilizando un proceso de oxidación en ambiente controlado (autoclaves), con una inversión de US$3,500 millones. O sea, es un proyecto tecnológica y financieramente superior, con implicaciones financieras diferentes, lo que dio pie a la renegociación del contrato original, en el 2009.

Los precios del oro en el mercado internacional hoy, tampoco son los mismos que cuando se firmó con Placer Dome ni cuando se acordó la adenda con Barrick. Históricamente los precios del oro están relacionados con los niveles de la tasa de rendimiento real del capital mundial, como se muestra en la siguiente grafica, del 1958 hasta el 2010:

Fuente: JDGSA (www.mercadosyburbujas.com/archivos 993)

Es en el escenario económico del 2008 al 2009 cuando se dieron las renegociaciones. Los representantes dominicanos debieron tener las informaciones sobre el comportamiento de la economía mundial y las tendencias del precio del oro, aunque la agudización de la crisis no se suponía de tal magnitud, consecuencia de lo cual el precio del oro haya subido a niveles históricos.

Sin embargo, esto no es argumento sólido para una nueva renegociación toda vez que el increíble disparo del precio del oro provocaría, según el actual contrato, un acortamiento en el plazo para alcanzar el 10% de rentabilidad, por lo tanto una repartición de beneficios a un plazo mucho más corto. La subida del oro no hace el contrato ni más ni menos lesivo, por lo que no debe tomarse como argumento.

Como el contrato establece muy claramente y de manera cerrada los impuestos y pagos a que se obliga la empresa minera, introducir un nuevo impuesto sería una cuestión muy engorrosa, sobre todo cuando nuestra economía es tan vulnerable y los financistas del proyecto Barrick son los mismos que intervienen en la economía dominicana. Además, Gobierno Dominicano debe evitar litigar el asunto en una corte internacional, como lo prevé el mismo contrato en caso de discrepancias.

Lo más razonable parecería ser un acuerdo amistoso entre ambas partes para aplicar una escala diferencial de reparticiones de beneficios a partir de un tope determinado del precio del oro y/o adelantar la puesta en vigencia del pago de impuesto sobre la renta a partir de un porcentaje determinado de la amortización del capital financiado, no del 100%.

El Presidente Danilo Medina ha encontrado en el tema Barrick la gran oportunidad de  mejorar los ingresos para su administración, mostrar al país  una imagen nacionalista,  y a su vez, poner los recursos generados al servicio del desarrollo nacional. Su mejor arma será la mesura y no dejarse influenciar por malos consejeros.

Hay voces que hasta han pedido la nacionalización de la mina, cuando ellos mismos saben que los dominicanos no poseemos el know how, la experiencia ni la capacidad financiera para embarcarnos en aventura semejante. A esos, los remito a la funesta experiencia de la quebrada Rosario Dominicana. Por lo tanto, esa sería una salida no recomendada, por el momento, de la que espero Dios nos libre!

Otras voces plantean que se vuelva a los términos del contrato original, cosa que no es viable por tratarse, como dijimos anteriormente, de dos proyectos diferentes, con características técnicas, tecnológicas y financieras diferentes, en circunstancias diferentes.

El peor impacto ambiental a que ha estado sometida la provincia Sánchez Ramírez y zonas circundantes ha sido el causado por los sulfuros dejados a cielo abierto por más de 25 años, no causados por la actual explotación. Reitero que no explotar esos yacimientos

en las condiciones en que se encuentran es ambientalmente peor que explotarlos. Lo que debemos procurar es que exista un monitoreo ambiental participativo, con una empresa de reconocida solvencia moral y técnica que sirva de certificador, a fin de garantizar una explotación ambientalmente viable.

Es un momento crucial para el futuro económico y ambiental del país, así que la objetividad debe ser la luz que ilumine el porvenir de la mina de Pueblo Viejo, el pueblo dominicano y el medio ambiente. Por lo tanto, en el presente debate debe primar la sensatez y que juntos, las autoridades nacionales, los inversionistas extranjeros y todos los sectores sociales, podamos construir un mejor país para ésta y futuras generaciones.