En la entrega número 1 se abordó, como parte del balance 2016 al sistema municipal dominicano, aquellos aspectos referidos a la baja calidad de la democracia municipal; la preservación de la hegemonía por parte del PLD, la emergecia del PRM y la baja legitimidad del PRD; la existencia de escenarios con resultados electorales heterogéneos; el gremialismo municipal neutralizada su incidencia política; la pérdida de espacio de la denominada Regla de Oro; la agregación de valor a la transparencia por parte del SISMAP Municipal y los déficits de transparencia revelados por la Cámara de Cuentas. En esta segunda entrega presentamos el balance 2016 en relación a los siguientes valoraciones para el análisis:
Ley de Declaración Jurada de Patrimonios irrespetada
La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio instituye el deber u obligatoriedad de una conjunto de funcionarios públicos designados y electos de realizar bajo acta notarial su declaración de bienes patrimoniales. Esto incluye a alcaldes, regidores y personal con alta responsabilidad en los gobiernos locales. La declaración debe hacerse en los treinta(30) días siguientes a su toma de posesión, lo mismo deben hacer las autoridades salientes. Con no hacerlo u omitir información se incurriría en falta grave o de tercer grado, y su posterior destitución. Todavía el 8 diciembre 34, el 22%, de los alcaldes se mantenía irrespetando la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, y ninguno recibió sanción, ni por los mecanismos judiciales ni por los propios partidos a los que pertenecen. Por su lado, se desconocen los datos de las cantidades de directores, vocales, regidores y funcionarios municipales que no lo han hecho. El porcentaje de alcaldes que no lo hicieron es un indicador para sustentar apriorísticamente de que iguales o superiores porcentajes de las otras autoridades municipales y de juntas de distritos no lo han hecho. Es importante destacar que una porción de los funcionarios de la Administración Pública Central han sido obligados a cumplir la Ley, muchos no lo hicieron y no hubo consecuencias, como tampoco para las autoridades locales.
Continúa la desigualdad de género en el poder político municipal
Los resultados electorales en el nivel municipal manifiestan la continuidad de un alto desequilibrio en el control del poder político entre hombres y mujeres. Las mujeres avanzaron muy poco en las pasadas elecciones del 15 de mayo 2016. Hay registro de nuevas alcaldesas. También, hay datos de ganancias de nuevas plazas. De las 12 alcaldesas del período 2010-2016, únicamente 5 pudieron retener el poder: San Juan de la Maguana, Sabana de la Mar, Sosúa, Sabana Grande de Boyá e Higüey.
Para el próximo período de Gobierno Local 2016-2020, vuelve de nuevo el porcentaje de plazas a subir, aunque con un porcentaje que se puede considerar bajo, pírrico. Parte de los causales de este bajo nivel de participación política son los equilibrios de género en la dirección política de los gobiernos locales y los métodos de elección, entre otros aspectos que sustenta la brecha de género. En las pasadas elecciones un total de 19 municipios, de 158, fueron ganados por mujeres: Bánica, Cayetano Germosén, Estebanía, Guaymate, Peralta, Polo, Restauración, Sabana de la Mar, Salcedo, San Juan de La Maguana, Sosúa, Tenares, Yaguate, Higüey, Sabana Grande de Boya, Matanzas, Cotuí, Esperanza y Guerra. Esto representa el 12%, qué es casi similar al alcanzado para el período que concluyó (2010-2016), que fue de 11.26%.
En el 2016, una tendencia perversa se ha posado en algunos municipios donde algunas mujeres regidoras, por voluntad propia u obligadas, han renunciados a su cargo para darle pasos a sus suplentes, que son hombres. Una tendencia antiética, desinstitucionalizante y consecuente con la miseria humana con que operan algunos liderazgos locales.
Este mapa del poder político expresa un alto nivel de desequilibrio. El cual podría estar determinado, como problema estructural, con las ventajas sociales, políticas y económicas de los hombres frente a las mujeres. El poder político es la expresión de quien más poder social y económico tiene. Más mujeres pobres, analfabetas, con más maltratos físicos y sicológicos, con menos posibilidad de empleos y con menos cargos directivos que los hombres, se convierten en los principales obstáculos para el equilibrio en la dirección de los poderes públicos. Según la OIT, el 70% de los pobres del mundo está constituido por mujeres.
Ni el 33% de la cuota per se ni la descentralización política han conducido necesariamente a la ampliación de oportunidades para las mujeres. Si la cultura política limita la ampliación de oportunidades a las mujeres, también la mayoría de las que tienen o han tenido poder político se identifican muy poco con la perspectiva de género. Esto es demostrable en las pocas evidencias del alcance de las buenas prácticas de equidad de género en el ejercicio de poder por parte de alcaldesas y regidoras. Pero, el dado no sólo se le puede cargar a las mujeres, porque tampoco los hombres que ocupan alcaldías aplican con grado de sistematicidad y estratégica las políticas de género.
Centralización del gasto público
En el informe del Banco Mundial, 2016, se indica que la inversión pública está muy centralizada, con un 75 por ciento de la inversión en el período 2012-2015 concentrada en nueve provincias que representan el 54 por ciento de la población del país. Por otro lado, para el 2017, el gasto continuará centralizado en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, en las cuales se concentrará casi el 70% de la inversión pública, teniendo ambas un porcentaje de población estimada en 35%. Pero un gasto administrado exclusivamente por la Administración Central y sin participación de los gobiernos locales.
Centralización sin transferencia de poder financiero desde el nivel superior del Estado hacia los niveles locales y concentración del presupuesto en los grandes centros urbanos constituyen las más malas de las políticas de promoción de la equidad territorial y social. Los municipios dominicanos recibieron en el 2016 una transferencia que ronda el 3.50% de los ingresos internos de la Nación dominicana, porcentaje muy similar a lo recibido en el año 1998. También la transferencia limitada al criterio poblacional produce una recentralización por parte de los gobiernos locales que concentran la mayor población, lo cual impacta desfavorablemente la equidad entre los municipios grandes y los periféricos o alejados de los grandes centros urbanos.
Con una estructura del gasto público caracterizado por el pago del servicio de deuda pública y el gasto corriente con dosis de improductividad se hizo y se hará imposible cumplir con la transferencia del 10% del presupuesto público a los gobiernos locales. No obstante existen opciones para mejorar las empobrecidas finanzas locales como son la transferencia de impuestos de vocación municipal que controla el Gobierno Central, desarrollando fondos de cohesión territorial mediante modalidades de coordinación e incentivando la mejora de la recaudación propia, de modo que se baje la pereza fiscal de las alcaldías.
Irresponsabilidad política con las deudas municipales
La mayoría de alcaldes y directores de juntas municipales que fueron juramentados para el período 2016-2020 recibieron las administraciones locales con altísimo porcentaje de deudas, muchas legales y otras ilegales, porque no tenían soportes. Un equivalente en deuda por más del 30% de los que reciben todos los cabildos del país es el porcentaje del déficit o débito que han dejado los alcaldes del Distrito Nacional (2,000 M), Santiago (1,500 M), Santo Domingo Este (900 M), Santo Domingo Norte (700 M), La Romana (400 M) y La Vega (300 M). Los seis gobiernos locales acumulan una deuda ascendente a 5,900 millones de pesos. El control y la responsabilidad de endeudamiento tiene muchos responsables, además de los alcaldes. Los órganos de control interno y externo del Estado, como son Cámara de Cuentas y Contraloría tienen responsabilidades y pueden alertar sobre el endeudamiento cuando se remiten los informes financieros. Los contralores municipales dependientes directos de los Concejos de Regidores tienen responsabilidad en informar y visar los documentos de las deudas, y, por su lado, los regidores en aprobar o no los créditos como parte del presupuesto municipal. Por su parte, los partidos políticos, ganadores y derrotados en las alcaldías, no emitieron ninguna opinión sobre el endeudamiento irresponsable, que a la larga lo que hace es bajar la posibilidad de inversión en bienestar de la población y la necesaria legitimidad del ejercicio de la función pública local. El modelo de endeudamiento nacional no puede ser el paradigma para el endeudamiento municipal
Sociedad Civil avanzando con necesidad de sostenibilidad
Las estructuras con carácter o propósito social han crecido en número en los municipios dominicanos. Unas que demandan transparencia, participación, democracia y equidad de género, como estrategia de institucionalización; otras que demandan obras de infraestructuras físicas y servicios para obtener bienestar social. Las dos dimensiones no han podido articularse. La primera con alto predominio o control de la clase media y de ONGs. La segunda con clase media y sectores populares insertados en barrios y urbanizaciones, y con menores niveles de coordinación. En la coyuntura electoral del año 2016 el proyecto Ciudadanía Activa, dentro de la primera dimensión, fue el que más incidencia tuvo en algunos municipios. Este proyecto gestionado a través de un consorcio de organizaciones de la sociedad civil aportó en la coyuntura electoral, hasta donde pudo, al debate en los municipios sobre los temas de transparencia y participación social. La sociedad civil organizada y que tiene apuestas a estrategias de fortalecimiento institucional sigue teniendo desafíos, no alcanzados hasta ahora, de un mayor posicionamiento en la opinión pública, incidencia sistemática para la movilización social en la perspectiva de aportar de modo concreto al cambio de los déficit de la cultura política, la necesaria transcendencia de la visión proyectista, que algunos miran como fin y no como medio. Es desafío, para su sostenibilidad, el impulso de la Red Nacional por la Transparencia Municipal, creada en este año 2016. Que esta Red sea la diferencia de aquellas redes, consorcios, articulaciones y foros que sucumbieron en el pasado ante el vacío de un liderazgo activo y responsable. Más movimiento social, más demandas de bienestar y más politización de la acción son esferas para el éxito y la sostenibilidad.
COPREM con aportes instrumentales
La Comisión Presidencial para la Reforma Municipal (COPREM) aportó instrumentos que deberán traducirse concretamente en políticas, cuyas responsabilidades recaen en sus estructuras. Instrumentos claves fueron los estándares de calidad para un grupo de servicios públicos municipales (cementerios, servicios fúnebres, construcción de calles y aceras, iluminación, recolección y transporte de residuos sólidos; marco legal para la reforma de la Liga Municipal Dominicana; seguimiento a la mejora del SISMAP Municipal; diseño del anteproyecto de Ley de Administración Local y el Régimen Territorial; y la puesta en marcha de las mesas de servicios públicos, transparencia y participación, y legalidad. Está por delante, que es lo estratégico, que las entidades públicas aterricen los instrumentos convirtiéndolo en planes, programas y proyectos; y asegurar, que es deuda pendiente, que organizaciones de la sociedad civil sean incorporadas a la dinámica de reforma y modernización que impulsa la COPREM, desde las mesas sectoriales y en las territoriales.
Año 2017: Lo que debería venir
- A principio del 2017, la prioridad en el debate y la decisión política estarán concentrada en la elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Existe un hartazgo, muy viejo, en la sociedad dominicana en relación al modelo institucional imperante desde hace varias décadas. Históricamente ningún partido político ni ningún líder, aspirante, ligado a asuntos municipales ha servido opinión sobre la reforma de la estructura institucional; la reorientación del gasto, el cual es muy superfluo en diferentes clasificadores presupuestario; su descentralización territorial; y el modelo de elección para la toma decisiones políticas y administrativas, el cual resulta muy costoso. El desempeño del Instituto de Capacitación Municipal (ICAM), estructura muy estratégica para el desarrollo local podría agregar valor, pero esto está en dependencia de superar los exiguos presupuestos concertados. El sistema de partido debe importarle la Liga más allá de la negociación para reparto de cargos. La sociedad civil y la que no es organizada deberá asumir responsabilidad de observar la inversión de más de 850 millones de pesos, que lo aportan los ciudadanos y ciudadanas.
- El año 2017 será un año en el cual se podría disponerse de dos marcos jurídicos estratégicos para el desarrollo territorial, la gobernabilidad y la coordinación entre los dos niveles de gobiernos: Nacional y Local. Dos leyes deberán ser aprobadas:Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo en el piso, y Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Ambos proyectos requieren opiniones, o reiterarlas, en torno a que se preserve la autonomía administrativa y política de los Gobiernos Municipales, como tendencia mundial. El proyecto de Ley de Regiones Únicas debería incorporarse al proyecto de Ley sobre Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
- El año 2017 será un año de consultas, discusiones, análisis y reflexiones sobre el anteproyecto de Ley de Administración Local y el Régimen Territorial. Legislación, ésta, necesaria para modificar en gran medida la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios. Una gran oportunidad para reparar fallas de esta legislación y hacer ajustes para adecuarla a las nuevas legislaciones existentes, después de su promulgación. Una gran oportunidad para la COPREM poner a funcionar las Mesas Territoriales con actores de la sociedad civil y de las instituciones públicas que operan en los municipios. Una gran oportunidad para articular a todo el tejido político y social que opera en relación a la modernización y reforma de los municipios dominicanos.
- El año 2017 sería un buen año para que la oferta electoral del actual Gobierno comience a concretizarse en temas de fortalecimiento del sistema municipal. Aterrizar la reforma a la Liga Municipal Dominicana, ampliar el número de municipios y distritos municipales como participantes o beneficiarios del SISMAP Municipal, poner en funcionamiento el Fondo de Infraestructuras y de Cohesión Territorial, fortalecimiento de las capacidades de planificación, disminución de la brecha digital en los municipios, apoyo a las capacidades financieras de los ayuntamientos, etc.
- El año 2017, primero de ejercicio presupuestario de las nuevas autoridades municipales, ideal para poner en marcha Observatorios Ciudadanos de la gestión municipal. Poner el ojo en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación democrática y la prestación de servicios de calidad. Año 2017 para el empoderamiento ciudadana en el ámbito de la Justicia, para judicializar casos de corrupción privada y pública; apoyar legalmente al liderazgo social local o comunitario con menores capacidades de incidencia en las decisiones Contenciosas y Administrativas, por violaciones a normativas urbanísticas y de los derechos ciudadanos al libre acceso a información y a la protección al medio ambiente.
- Con voluntad y decisión política, las autoridades municipales podrían impulsar en el año 2017 la estrategia de Inspección Urbana Ciudadana, aprobando un reglamento o normativa que permita que la ciudadanía inspeccione en los territorios las principales infracciones que se comenten contra las normas municipales. Esta norma, de fuerte empoderamiento ciudadano, aportaría a la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión de los ayuntamientos; los cuales no disponen de las capacidades operativas, y otros casos de voluntad política, para controlar cotidianamente las infracciones.
La calidad de lo que debería venir está en dependencia de los compromisos sociales y políticos para aportar valor a lo público. Valor manifestado en colocar al individuo como sujeto y objeto del desarrollo humano. Valor en los valores de honestidad, de la ética, de la transparencia, de la democracia de inclusión social, de la autonomía e independencia de la autoridad pública municipal. Valores necesarios para fortalecer el Estado Social, Democrático y Derecho, muchos ausentes en el ejercicio político en República Dominicana.