Todo el mundo sabe que el gasto público en salud resulta absolutamente insuficiente para cumplir con la obligación del Estado de proveer, al 60% de la población, servicios de calidad y oportunos como corresponde, según los niveles de crecimiento económico del país. Pero a esta limitación cuantitativa, muchos estudios le agregan una baja calidad en la inversión y en la asignación de los recursos.
La falta de presupuesto para salud es fácil de demostrar, puesto que todos los informes comparativos nos sitúan en la mitad del promedio de América Latina, incluso por debajo de países con crecimiento inferior. Además, los medios de comunicación y los propios profesionales de la salud, cíclicamente denuncian la falta de medicamentos, de material quirúrgico y de insumos médicos, así como el deterioro de la infraestructura y las deplorables condiciones de trabajo e higiene, entre otras carencias.
En cuanto a la calidad del gasto público, lo más común es señalar el personal supernumerario. Pero ahora se han presentado más evidencias objetivas. El lamentable suicidio del contratista David Rodríguez en las propias oficinas de la OISOE, ha generado un escándalo de tal magnitud, que han trascendido a la opinión pública lo que podrían considerarse pruebas irrefutables de la mala inversión de los recursos.
El Periódico HOY del 2 de Octubre (Pág. 13 A) reseñó, con mucho detalle, una demanda judicial contra una empresa intermediaria a la que se le adjudicó la construcción del Hospital Regional de la Diabetes y Nutrición en San Juan de la Maguana, por 124 millones de pesos. La demanda fue interpuesta por un arquitecto subcontratado para construir el hospital con sólo el 50% del monto total de la obra, asegurando la empresa intermediaria un beneficio neto de la mitad del costo total de la obra.
De ser ciertas estas informaciones (HOY asegura tener copia del expediente), se trataría de una obra sobrevaluada groseramente, con un margen de intermediación que no se puede pasar por alto. Pero además, pondría en entredicho la capacidad “técnica” de los formuladores del presupuesto, y el desempeño de los supervisores del Estado.
En el peor de los casos, la ganancia del constructor real del hospital debió ser un 10% del presupuesto recibido, en cuyo caso la obra fue construida con apenas el 40% del costo total. Como todo luce indicar que no se trata de un caso aislado, quizás este manejo explique las quejas frecuentes de los médicos y enfermeras sobre los vicios de construcción y la falta de funcionalidad de importantes áreas de varios hospitales, algunos de los cuales hasta han presentado filtraciones en las áreas quirúrgicas, incluso, antes de entrar en servicio.
Independientemente de los aspectos penales involucrados, lo más preocupante es comprobar que, además del escaso presupuesto destinado a la salud para atender una demanda creciente de la población más pobre del país, los recursos disponibles son empleados con tanta complicidad e ineficiencia, reduciendo aún más, la inversión real en un sector tan estratégico para el desarrollo económico y social sostenible, y para el sosiego familiar.
Es tiempo ya de que las autoridades despoliticen la salud, la alejen del tráfico de influencias, y le asignen mayor presupuesto, para que deje de ser la cenicienta nacional. Para avanzar en la extensión de cobertura de la seguridad social, el país necesita contar, si o si, con servicios publicos de calidad y oportunos, lo cual implica mayor presupuesto, mejor asignación de los recursos, y fomento de la capacidad gerencial.