La sentencia que sobre el caso de Bahía de las Águilas acaba de dictar la magistrada Alba Luisa Beard Marcos no sólo decide un caso a favor del Estado y del interés nacional sino que reverdece las esperanzas por un mejor país.
La magistrada rechazó todos los incidentes tendentes a impedir el conocimiento del fondo del caso, para poder analizar el alegato de adquirientes de buena fe sobre el cual los supuestos adquirientes pretendían sustentar sus derechos.
Este concepto de “adquirientes de buena fe” ha sido utilizada en la tradición de la jurisdicción inmobiliaria dominicana para que un tercero que ha adquirido un inmueble afectado por vicios y deficiencias que poseía el registro original del inmueble y que pudieran causar la nulidad de sus traspasos, no resulte perjudicado y pueda convalidar su título de propietario alegando su buena fe al momento de adquirir el inmueble, que no es otra cosa que alegar su ignorancia de esos vicios y deficiencias.
La Suprema Corte de Justicia ha dicho que “la apreciación de la buena o mala fe de un comprador de un inmueble es una cuestión de hecho que escapa la censura de la casación” (B.J.821.589). Esto significa que corresponde al juez de fondo apreciar si las circunstancias que rodean un caso son suficientes para entender que la adquisición se hizo de buena o de mala fe.
En el caso de Bahía de las Águilas los supuestos adquirientes de buena fe alegan que cuando el caso comenzó a divulgarse por la prensa, ya ellos habían comprado, pero esta situación solo los incrimina, pues tal como recoge la sentencia, la cadena de hechos fraudulentos, desde la declaratoria de terrenos de interés agrícola hasta la adquisición por los supuestos terceros ocurrieron en plazos tan cercanos, que queda claro que todos estaban previamente concertado para realizar una transacción ilegal y fraudulenta.
No solo ocurrió a la velocidad del rayo la declaratoria de tierras de interés agrícola allí donde solo se daba la maleza, el caktus, los pajonales, típico del bosque seco, en ambiente semidesértico con terreno rocoso, sino que se asignaron las parcelas a supuestos parceleros muchos de los cuales jamás se enteraron de que fueron efímeros propietarios. Pero con la misma velocidad aparecieron por arte de magia los adquirientes de buena fe, como si ya supieran, sin necesidad de publicidad, que parcelas en una de las mejores playas del país estaban a la venta.
Pero esos adquirientes de buena fe jamás se comportaron como tales pues ignoraron conducirse de manera diligentes a la hora de investigar, como hace todo comprador promedio, el origen de las tierras que adquirían, lo que solo ocurre cuando usted o se ha robado el dinero que invierte en la compra y por tanto no le duele si lo pierde, o sabe perfectamente a lo que va. Por eso se olvidaron intencionalmente de que parte de esa tierra pertenece al Parque Nacional Jaragua y es área protegida, pero además de que no se respetaron las normas que rigen el traspaso de tierras dedicadas a la reforma agraria.
Pero un buen día la Dra. Carmen Josefina Lora Iglesias, Piki, como Directora de Catastro Nacional se encontró de frente con el fraude inmobiliario más grande jamás cometido en la República Dominicana y siguiendo su trayectoria de vida lo denunció. Piki luchó hasta su muerte por la recuperación de lo que siempre ha sido propiedad del Estado pero que por vías del fraude aparecía a nombre de otros. Le sorprendió la muerte sin haber logrado su propósito.
Luego de más de quince años del fraude, cuando los esfuerzos por sancionar penalmente a los responsables se desvanecía entre la falta de voluntad política, la inercia de algunos miembros del ministerio público del pasado y los tecnicismos procesales, llegó el relevo generacional en la persona de Laura Acosta Lora, nada menos y nada más que la hija de Piki, a quien ésta última había entregado su expediente del fraude, sembrando una semilla que ahora germina.
Laura Acosta Lora es una excelente litigante, apasionada por las buenas causas, quien levantó la bandera de su madre y acaba de obtener, liderando al equipo de abogados que representó al Estado dominicano, una sentencia de primer grado que nos hace volver a soñar con un mejor país.
Fue emocionante seguir los tweets de Nassef Perdomo, asistente a la audiencia, mientras narraba en frases de menos de 140 caracteres el contenido de la sentencia mientras era leída. Fue emocionante ver fotografías del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en la sala de audiencia, apoyando al equipo de abogados que representó al Estado.
La emoción continuó todo el día, sobre todo cuando escuchamos declaraciones de Laura, ante falsos rumores de que se le pagarían sus honorarios en tierra protegida de la recuperada con su trabajo, en el sentido de que su única recompensa radica en la valoración que pueda obtener de sus hijos, la cual espera sea la misma que ella siente por su madre.
Hoy dos mujeres, Alba Luisa Beard Marcos y Laura Acosta Lora, cada una desde sus respectivos roles de jueza y abogada, han lanzado un reto a la sociedad para que no desmaye en sus esfuerzos por acabar con la corrupción y la impunidad.