Este 2018 que recién comienza apunta a que será un año de mucho trajín en distintos escenarios para la Junta Central Electoral.

Por lo pronto, ya está corriendo el plazo de treinta días que dispuso para escuchar y evaluar criterios y propuestas a fin de dotar de apellidos a menores de edad y personas que carecen del mismo.  Su intención ha encontrado escollos en el camino, desde quienes le niegan esa facultad por considerarla ilegal y hasta inconstitucional hasta aquellos otros que  expresan el temor de que pueda ser aprovechada para obtener de manera fraudulenta y masiva la nacionalidad dominicana.   De más decir que este temor apunta hacia la inmigración haitiana, sobre todo por la gran cantidad de parturientas que cruzan la frontera para venir a dar a luz a nuestros hospitales.

Pero más que seguir acumulando críticas y rechazo a un propósito con tan profundo y justo sentido humanitario, que además cumple con uno de los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas de la que el país es signatario, que establece que todo ser humano tiene derecho a una identidad sin establecer excepciones, lo que procede ahora es aprovechar el plazo para plantear propuestas alternativas lógicas, razonables y viables.

De por medio está también el controversial tema de los equipos adquiridos para los pasados comicios, de los cuales solo funcionó una parte. Por un lado, el pago de los 13 millones de dólares que aún se adeudan a la empresa española INDRA, y por otro lado, el dictamen de la comisión de técnicos independientes requeridos por la Junta que tienen a su cargo establecer las condiciones de los mismos y su posible condición de operatividad.

Pero lo más importante de todo es el reclamo reiterado que acaba de hacer el presidente de la Junta, doctor Julio César Castaños Guzmán, para que terminen de aprobarse las leyes electorales que siguen empantanadas en el Congreso.   Tan solo la de partidos tienen una data de antigüedad de más de quince años, faltando al presente, como detalle esencial, que el partido de gobierno acabe de definir su postura respecto al carácter abierto o cerrado de las primarias, dado que su aprobación  depende de la abrumadora mayoría con que cuenta en las Cámaras Legislativas. 

Si bien el doctor Castaños Guzmán, quien preside el organismo por segunda ocasión, se muestra esperanzado en que ambos proyectos de leyes sean aprobados en la próxima legislatura,  asegura que aún en caso contrario,  la Junta dispone de la experiencia y la capacidad para, a pesar de su complejidad, llevar a cabo unas elecciones exitosas en el año 2020 que contribuyan a consolidar el sistema democrático y de partidos en el país.

No obstante esa optimista expresión de firmeza y confianza del presidente de la Junta, que cuenta con el aval del exitoso desempeño  de su anterior gestión al frente de la misma, hay que tomar en cuenta que el próximo torneo electoral constituye un reto sin precedentes.  Esto así, dado que con escasas semanas de separación habrá que montar dos eventos electorales, en uno de los cuales, los  municipales, no menos de veinte mil aspirantes estarán disputándose alrededor de cinco mil posiciones electivas.

De ahí, que los partidos políticos,  que son los principales actores del proceso, principalmente el de gobierno  por su amplia mayoría en la Cámara y abrumadora en el Senado,  debieran hacer causa común y compromiso de honor facilitarle el trabajo a la Junta, limpiando del camino todos los escollos para que tanto los proyectos de ley de partidos y de ley electoral, debidamente consensuados hasta donde sea posible, resulten aprobados de una vez y por todas.

Con ello, sin dudas, se estaría quitando presión a la Junta y contribuyendo a que el exigente montaje electoral del 2020 resulte todo lo organizado, transparente y exitoso que el país merece.   Porque a fin de cuentas, con todos sus defectos, tal como postuló Winston Churchill “la democracia  sigue siendo el menos imperfecto de todos los sistemas políticos”.