Pronto el país estrenará un nuevo gobierno y son bien altas las expectativas sobre el desempeño de su gabinete. Con la escogencia del Ministro de Trabajo a ser designado, el presidente electo habrá aspirado a un “cambio” sustancial en el malogrado andamiaje de protección y seguridad que rodea a la clase trabajadora y a los que sobreviven en el inframundo de la pobreza. Pero a juzgar por los reportes de prensa y los diagnósticos sectoriales, ese joven ministro necesitara enormes bríos y fina inteligencia para enfrentar tres grandes desafíos que atenazan el progreso del sistema de seguridad social.
El susodicho ministro ostenta la presidencia exoficio del Consejo Nacional de Seguridad Social. Eso implica una enorme responsabilidad en el cumplimiento de la misión del sistema: “Garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria.” El ministro deberá, por tanto, ejercer un crucial liderazgo para que la población alcance los niveles de bienestar que se asocian con el estado social y democrático de derecho consagrado en los artículos 7 y 8 de nuestra Constitución.
Para el mejor cumplimiento de esa misión de redención social, hace tiempo que se viene pidiendo una reforma integral de la Ley No.87-01 de Seguridad Social. Las centrales sindicales, por ejemplo, abogan por una eliminación del “modelo de capitalización individual para establecer un modelo público y solidario” sobre las pensiones. Otras organizaciones reclaman cambios en la parte del sistema de salud. Mientras, el Poder Ejecutivo promulgó en febrero pasado una ley de reforma (No.13-20) que, aunque integra a cientos de miles de trabajadores que no estaban afiliados al sistema, deja pendiente la configuración integral de la legislación original.
Mientras se espera consensuar una nueva legislación, la atención prioritaria del nuevo ministro debe fijarse en tres grandes desafíos: la atención primaria en salud, la reforma del sistema de pensiones y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Son retos mayúsculos que, de no resolverlos satisfactoriamente, podrían pulverizar su futuro político. La gravedad del juicio es avalada por lo que han expresado algunas voces responsables sobre cada uno de estos desafíos.
Según Magdalena Rathe, Costa Rica tiene el mejor sistema de salud de America Latina precisamente por la fortaleza de su atención primaria. “En la RD, las leyes que sustentan el sistema dominicano de seguridad social consagran este primer nivel de atención como la puerta de entrada al sistema de salud y la atención primaria como la forma de organizar la provisión de servicios – desde los servicios colectivos dirigidos a toda la población, pasando por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, hasta la atención integral de las personas durante todo su ciclo de vida, incluyendo los cuidados paliativos antes de la muerte. Lamentablemente, casi 20 años después de aprobación de estas leyes, esto no ha podido ser logrado. Somos el quinto país en Latinoamérica en términos de número de casos y muertes por habitante. Posiblemente estos resultados hubieran sido mejores si los sucesivos gobiernos, a lo largo de décadas, hubieran priorizado la atención primaria.” La dilación en la aplicación de la estrategia de atención primaria equivale a un criminal soslayo que amerita su inmediata corrección.
En materia del sistema de pensiones, Matias Bosch señala que las AFP y las ARS han instalado un “estado dentro del estado” que hacen del sistema una estafa a los trabajadores. “Los resultados dicen quién ha sido el ganador: de 2004 a 2019 las AFP obtuvieron utilidades por casi 40,000 millones de pesos, sumados a 24,500 millones en “gastos operacionales”. Es decir, más de 64 mil millones de pesos en una estructura empresarial parasitaria, que beneficia principalmente a los cinco mayores grupos financieros del país, incluyendo -lamentable y vergonzosamente- al Banco de Reservas. En ese trayecto, la rentabilidad de las AFP ha llegado a picos del 56%, y en 2019 fue de 38.7%, mientras la rentabilidad de los fondos de los cotizantes apenas llegó al 5.4%.
Dinero que podría servir para pensiones, protección y progreso social, chupado sin dar un golpe. Lo “invierten” en un 77.5% en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, es decir lo transforman en deuda fiscal y cuasi fiscal que se paga con fondos públicos, o sea, con impuestos y más deuda.” Los fondos entonces no deben quedar entrampados en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, “sirviendo de colchón a las políticas monetaria y fiscal” y deberían ser colocados en sectores productivos para aumentar su rendimiento.
Con respecto a los salarios el reclamo por su aumento ha emanado varias veces del Gobernador del Banco Central y hasta del mismo presidente de la República. En el libro Gazebo de reciente aparición se afirma (p.29) que su deterioro refleja las ineficiencias del mercado laboral. “Desde el año 2000 el salario real medio por hora ha disminuido en más de un 26%, lo que implica una perdida importante en el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso significa que el salario medio de la población no es suficiente para cubrir la canasta básica. En el ano 2016, el 80% de los trabajadores dominicanos cobraron menos de US$435 mensuales, y, en el 2017, el salario medio dominicano fue de US$380 mensuales, cifra que no representa la mitad del promedio salarial de la región (en 2017 el país ocupaba los últimos lugares de America Latina).” Urge pues corregir las ineficiencias, incluyendo las relativas a las cesantías y las prestaciones laborales.
El nuevo Ministro de Trabajo tendrá que enfrentar estos formidables desafíos en tiempos calamitosos. La pandemia del coronavirus ya ha deteriorado la situación económica de manera significativa y los gobiernos deben abocarse a su rescate. La Cepal ensaya modelos de solución, basados en el apoyo público a los sectores más vulnerables. Su principal ejecutiva, Alicia Bárcena, afirma que “necesitamos cambiar nuestro modelo de desarrollo, nuestro paradigma, volverlo más sostenible y habitable. El gran desafío es que haya un nuevo pacto para construir un estado de bienestar con políticas sociales de amplia cobertura. Por ejemplo, las mujeres que están a cargo del cuidado deberían recibir un ingreso básico porque lo que están haciendo es un servicio a la sociedad. Entre las políticas de Estado necesarias para contrarrestar los efectos de la crisis, la Cepal propone un Ingreso Básico de Emergencia (IBE), un Bono Contra el Hambre y planes de protección al sector productivo, además de la consolidación de sistemas de protección social universales y la implementación de políticas fiscales progresivas.”
Frente a estos ingentes desafíos y a otros que se derivan de la Cuarta Revolución Industrial y sus tecnologías disruptivas, procede resaltar que de la gestión del Ministerio de Trabajo depende en gran medida que se desmantele la “infraestructura de opresión” que pende sobre la población vulnerable del país, estimada por el Banco Mundial en un 41%. Al nuevo ministro le toca accionar para que esa ignominiosa infraestructura evolucione hacia una infraestructura de justicia social, de lo cual depende la cohesión social y cuan equilibrados sean los beneficios del desarrollo. De eso dependerá también su futuro político, por lo cual el toro que ostenta la representación de su partido (PRSD) deberá no alardear de prepotente.