La historia está hecha de avances y retrocesos. Vivimos en períodos de progreso en los que podemos percibir vívidamente la evolución humana hacia la justicia, la tolerancia y la fraternidad. En otros, por el contrario, vivimos tiempos difíciles en los que el desprecio por el ser humano y los discursos de odio se lanzan en todas direcciones, y en estos momentos debemos ser resilientes y no aceptar soluciones que parezcan sencillas y fáciles, pero que en el largo plazo debilitan el cuerpo social y provocan efectos secundarios que sienten en especial las personas que viven en situación de vulnerabilidad económica o social.
Digo esto porque este comportamiento de ida y vuelta también afecta a los gobiernos, así como a temas específicos de relevancia social. Uno de estos temas está relacionado con la protección de los derechos humanos como la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas. Estos delitos tienen muchas similitudes, y la principal es que producen resultados desastrosos en la vida de personas que son victimizadas por personas y redes de trata que se dedican a esto. Y el gobierno tiene la obligación de proteger a estas víctimas. Una de las formas en las que debe apoyarlos es ofreciendo una adecuada representación judicial gratuita que ofrezca las condiciones mínimas para que sea posible la reparación del sufrimiento que han sufrido.
Y algo que no funciona bien hoy está en peligro de empeorar. Hemos escuchado noticias sobre el Servicio Nacional de Representación Legal a los Derechos de las Víctimas (RELEVIC), que es una estructura pública subordinada a la Procuraduría General de la República. El caso es que RELEVIC corre el riesgo de extinguirse o salir del Ministerio Público. Nos parece que aún no hay un mínimo de claridad en el Estado dominicano sobre la importancia de los servicios que brinda esta institución, que, con todas las dificultades derivadas de la falta de recursos, viene haciendo lo que puede para ofrecer una defensa digna a las víctimas.
Al momento en que tenemos el anuncio de un nuevo plan de seguridad nacional, que incluye la reforma de la Policía Nacional y la independencia del Ministerio Público, lo que garantizará una mayor imparcialidad en los procesos judiciales, no es posible que tales avances no sean seguidos de la priorización de este servicio que está disponible para el eslabón más débil de esta relación procesal, que es la víctima. Y teniendo en cuenta que RELEVIC es una de las principales estructuras que disponen de abogados públicos para servir a la sociedad, resulta al menos curioso que dicho servicio se considere solo una fuente de costes.
La sociedad civil dominicana alienta a las autoridades, en especial al Ministerio Público, a ver a la víctima como la parte que merece atención especial, lo que incluye una buena representación judicial, así como una atención psicoterapéutica que brinde una verdadera restauración y devuelva a la víctima al mercado del trabajo regular, en el que pueda ganarse la vida con dignidad.
El camino por seguir es exactamente el opuesto al que se presenta. En lugar de pensar en extinguir o mover RELEVIC, es necesario fortalecer esta agencia estatal para que cumpla con su misión con excelencia. La alternativa a esto es condenar al sufrimiento y la injusticia a quienes no tienen los recursos para pagar un abogado particular, es decir, la mayoría de la sociedad en nuestro país.
La historia está hecha de avances y retrocesos, y últimamente hemos avanzado en importantes reconocimientos a la lucha contra el crimen. El último informe estadounidense sobre la trata de personas nos colocó en una categoría mejor que la del año pasado. No podemos, por desconocimiento o falta de voluntad política o de recursos económicos, volver a la situación anterior. Y la infravaloración de RELEVIC causará una terrible impresión en la comunidad internacional, que espera que los países avancen en la defensa de sus comunidades que viven en situación de vulnerabilidad. No retrocedamos en lo que ya hemos logrado.
Lo que tiene que hacer la Procuraduría General de la República es ampliar el alcance de la acción de RELEVIC para que esté presente en todas las provincias del país. Esto hará que los niveles de impunidad, tan comunes en nuestra región, se minimicen, ya que habrá una respuesta adecuada tanto para el criminal como para la víctima. Este servicio ya cuenta con un buen grupo de abogados, quienes han sido capacitados por la sociedad civil. También tienen una buena estructura física, pero que necesita reparaciones urgentes. Y tienen lo más importante: las ganas de brindar un excelente servicio, por lo cual le felicitamos. Lo más difícil ya está hecho y lo único que falta son los recursos financieros y tecnológicos que les permitan hacer su trabajo.
He dicho que la decisión de destinar recursos para combatir el crimen es simplemente política, además de ser un tema en el que no tenemos adversarios. Tenemos que seguir el buen camino para exterminar esta tragedia social que es el crimen. Pero para que la sociedad confíe en su Sistema Público de Justicia tiene que convencerse de que es digno de confianza y que mantiene, para las víctimas, un lugar de atención y protección especial. Actualmente, los delincuentes tienen esta posibilidad de contar con una Defensoría Pública activa y estructurada. No ocurre lo mismo, inexplicablemente, a favor de las víctimas.
La historia se compone de avances y retrocesos. No dejemos que la inercia nos haga retroceder en un aspecto tan importante de nuestra vida en sociedad, que es proteger a los necesitados. Con tantas prioridades y problemas con los que debe convivir el gobierno, que la dignidad de cada uno de nuestros ciudadanos encuentre cobijo en las políticas públicas dominicanas, único lugar donde será posible garantizar que nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas sea mejor.