Manuel Valls, el primer ministro francés, es un corredor de fondo. En las primarias de su partido quedo en cuarto lugar, perdiendo estrepitosamente frente a Hollande. No obstante, el presidente francés le rescató (conducta habitual en algunos partidos y en algunos países, frente al sectarismo que se practica en otros) tras la victoria del Partido Socialista en las elecciones presidenciales. En el primer gobierno socialista, Valls ocupó la cartera de interior destacando por sus políticas de contundencia frente a la inmigración y, especialmente, frente a los gitanos rumanos que ruedan por las carreteras y ciudades del país galo. En estos años, el ahora primer ministro, de nacionalidad española, hijo de un famoso pintor exiliado en París, se ha ido labrando una imagen de dureza que le ha colocado, hasta hace poco, como el político más popular de Francia, por encima del deteriorado presidente de la República y de  los líderes de la oposición.

Tras el estrepitoso fracaso del Partido Socialista en las recientes elecciones municipales, Hollande se vio obligado a reaccionar con prontitud, poniendo al frente del Gobierno a lo mejor que tenía, o al menos al más popular de sus ministros. Las primeras medidas del premier casan con el carácter y la imagen que se ha ido esculpiendo a lo largo de los años. Valls ha decidido coger el toro por cuernos y afrontar el giro económico que las autoridades europeas exigen al Gobierno francés para que el país cumpla con el Pacto de Estabilidad fijado por Bruselas. El Gobierno francés ha aprobado el recorte de 50.000 millones de Euros en gasto público entre 2015 y 2017.

Poco le ha importado al primer ministro socialista que Francia afronte en menos de un mes unas elecciones, las europeas, en las que según algunas encuestas su partido podría situarse como tercera fuerza política, por detrás de la derecha y de la extrema derecha. Tampoco parecen haberle afectado demasiado las críticas internas que ha recibido dentro de su propio partido. En la votación no vinculante del Parlamento francés al plan del Gobierno, 41 diputados del ala izquierda del PS se abstuvieron, dejando al Gobierno con una precaria mayoría de 265 votos a favor frente a 232 en contra.

El recorte en el gasto público afecta al gasto del Estado central, a las administraciones territoriales, al seguro de enfermedad y al sistema de protección social. El Gobierno socialista ha decidido congelar las pensiones, casi todas las ayudas sociales y los salarios de los funcionarios. Sin embargo, el gasto público en Francia es del 56% del PIB, 10 puntos más que en España, su vecino del sur, y está por encima de la media europea. Además, el Gobierno francés va a dedicar el ahorro que produzcan las medidas aprobadas a fomentar el empleo juvenil y contratará hasta el final de la legislatura a 60.000 profesores más.

La cuestión es si los sectores sociales más populares que simpatizan con los socialistas y les apoyaron en las elecciones presidenciales sabrán apreciar este tipo de matices o simplemente rechazarán una política que muchos entienden impuesta por Bruselas y asumida sin contestación por gobiernos de todos los colores. Algunas voces creen que las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar el 25 de mayo, serán un buen momento para decir “no” a esa austeridad y al calendario de estabilidad impuesto por las autoridades europeas. La cuestión es si para entonces será demasiado tarde para el Partido Socialista francés o si el cambio de política comunitaria llegará a tiempo para salvar a Valls y a su arriesgada estrategia.