El gabinete económico del gobierno luce contradictorio. El Ministerio de Hacienda (MH) se inclina por continuar con el endeudamiento público y el Ministerio de Economía insiste en el ahorro público que no ha podido construir. Ambos ministerios no han prestado atención a la obligada coordinación que debe existir con la política monetaria. La falta de iniciativas en el diseño de las políticas públicas de esta administración lleva al gobierno en la misma dirección que tenía el gobierno pasado.
No obstante, la población dominicana tiene aún la esperanza de que la nueva administración del gobierno cambie el rumbo de las políticas fiscal y monetaria que el PLD implementó durante sus últimos dieciséis años. Hasta ahora, no se han producido los cambios de rumbo que se esperaban. La tendencia parece inclinarse hacia una profundización de la política fiscal expansiva, con déficits fiscales sucesivos, financiada con endeudamiento y marginando del análisis las preocupaciones que produce la tendencia explosiva de los pasivos públicos, internos y externos, del gobierno central (GC).
En efecto, para contrarrestar el creciente desequilibrio fiscal, la presente administración se plantea una reforma fiscal, cuyas características y alcance se desconocen. La expansión del gasto público sigue la misma tendencia del pasado gobierno, a pesar de no haber resuelto la rigidez (al alza) que muestra la presión tributaria, que resulta de la evasión fiscal. Tampoco la actual política fiscal considera la consistencia temporal que se debe observar entre el bienestar de corto y mediano plazos y pareciera que el bienestar futuro tiene menor importancia que los resultados de corto plazo.
Frente a la política fiscal expansiva, el Banco Central (BC) mantiene exactamente la misma política monetaria, dedicada a mantener elevadas tasas de interés doméstica (por encima de la tasa de interés internacional), favoreciendo la entrada de capitales para mantener la fortaleza del peso dominicano; aunque esta política ponga límite a la demanda agregada por la contracción de la inversión privada.
Igualmente, la discrepancia de las tasas de interés doméstica e internacional favorece el incremento de las reservas internacionales del BC, contribuye a la sobrevaloración del tipo de cambio y abarata el financiamiento externo del GC. Asimismo, cabe destacar, que la política monetaria del BC persigue la eliminación de los riesgos de la tesorería de la banca comercial y crea licencias para que gradualmente los accionistas de los bancos cumplan con las normas de capitalización establecidas por la administración financiera.
La política de gasto público de la pasada administración de gobierno todavía no ha sido revisada, al menos públicamente, tal y como se prometió durante la campaña electoral. Por el contrario, se ha insistido en profundizar el desequilibrio fiscal, financiándolo con endeudamiento externo e interno, empeorando las perspectivas económicas de la población en el mediano plazo. Según el MH, el 2019 terminó con un coeficiente deuda-PIB de 40.4% del PIB y en el 2020 alcanzó 55.5% del PIB. La deuda externa se incrementó en el 2020 en US$6,686.7 millones; en tanto que la deuda interna aumentó en US$1,071.1 millones; es decir un aumento total de la deuda del gobierno central de US$7,757.8 millones. Este monto de deuda excluye los pasivos de las empresas del gobierno, los ayuntamientos, las instituciones descentralizadas y autónomas; es decir que la situación financiera del sector público es realmente preocupante.
En el período 2012-2019, el déficit fiscal del GC se mantuvo alrededor de 4.7% del PIB, en promedio y entre marzo y diciembre del 2020 el déficit fiscal alcanzó 8.5% del PIB, según las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). La pandemia crea el escenario para que se continúe practicando la expansión del gasto, que alcanzó preliminarmente RD$1,034 billones para el 2020, lo que coloca el peso del ajuste sobre las familias que pagan el mayor porcentaje de los ingresos tributarios. La pandemia del COVID-19 provocó el inicio del ciclo económico con aumento del desempleo e indujo a la insuficiencia de la demanda y, pese al progreso de la ciencia económica, el gobierno plantea la consabida tradicional receta keynesiana: aumento del gasto público; sin reparar en las consecuencias que provoca sobre las familias esta acción estática y de corto plazo.
El presidente ha reiterado que su administración ha logrado un ahorro público de RD$16,000 millones para el 2020, pero aún no se tiene detalle de cómo se obtuvo; además, este monto es insignificante para financiar la discrepancia entre ingresos y gastos públicos. El gobierno aprobó innecesariamente la emisión de bonos por RD$291,000 millones para financiar el presupuesto del 2021, cuando el gobierno cuenta con otros recursos para su financiamiento y que no aumentan el monto de la deuda pública.
El endeudamiento del BC con el sector privado ha servido principalmente para que las AFP inviertan sin riesgos los fondos de retiro de los trabajadores dominicanos (es decir, el BC le hace la tarea del manejo del riesgo a las AFP); y, en segundo lugar, el BC con su emisión de deuda creó una renta a los bancos comerciales con la eliminación del acceso del público a las subastas de los certificados del BC. Alrededor de RD$670,000 millones están estacionados en la bóveda del BC con beneficios para los bancos y las AFP, cuyo costo es cubierto con los recursos del GC, es decir con la contribución de nuestros impuestos, que se utilizan para pagar los intereses de tales certificados del BC.
Una medida que pudo haberse contemplado para financiar el presupuesto del 2021, sin endeudar al país, sería el traspaso de la deuda del BC al GC, que no significaría un aumento de deuda del sector público, ya que la misma está registrada en el BC y éste pertenece al sector público. Tampoco implicaría pagos adicionales de intereses por parte del GC, ya que los mismos se contemplan en el presupuesto anual del GC.
Por otro lado, no se sabe si el gobierno ha hecho alguna diligencia para renegociar los plazos y las tasas de interés de su deuda externa ni qué medidas tiene el presupuesto del 2021 para racionalizar la política de gasto. Tampoco se sabe si el gobierno ha consultado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que ayude al país a renegociar la deuda pública externa y sus vencimientos. Existen casos exitosos en América Latina de renegociación de la deuda pública externa (Argentina y Ecuador) con acompañamiento del FMI.
Asimismo, se desconoce si el gobierno ha adelantado pasos para renegociar el oneroso contrato con Barrickgold que fue aprobado en la Cámara de Senadores sin previa lectura. Esto significaría un incremento de los ingresos públicos anuales hasta que finalice la explotación de esa minera. De la misma manera, no se sabe si el MH ha encaminado esfuerzos para renegociar el contrato de la APP que construyó la Carretera Santo Domingo-Samaná, que implica más de RD$4,500 millones anuales de transferencias del GC a esa empresa, mientras dure el contrato.
No obstante, el gobierno se plantea una reforma fiscal. Si se piensa mejor, esta reforma le resultaría muy difícil al gobierno. Para la tranquilidad social esa reforma debiera fundamentarse en la reducción significativa (si no la eliminación) de la regresividad del sistema tributario, eliminación de las exenciones fiscales y el aumento de las tasas de impuestos marginales para los beneficios de las empresas, entre otras.
Esa contradicción se debería evitar en tanto el gobierno se reinventa, porque sus políticas lucen sin coordinación y orientadas al corto plazo. Reflexionen, porque aún tienen tiempo.