Actualmente el llamado Código de la Niñez está siendo objeto de modificación en el Congreso Nacional, a los fines de aumentar las penas a los menores de edad en conflicto con la ley penal. El proyecto de ley originalmente aprobado en la Cámara de Diputados se encuentra en el  Senado de la República para su discusión y aprobación. El centro de la modificación de la normativa se contrae a un aumento de las penas del modo siguiente: De 3 a 10 años de prisión para los menores con edades entre los 13 y 15 años; y de 5 a 15 años de reclusión a los que tienen entre 16 y 18 años.

A raíz de las modificaciones al Código de la Niñez está en desarrollo un movimiento de opinión pública que incluye organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales; religiosos; profesionales y congresistas, entre otros.

Las razones que se aducen para rechazar el aumento de las penas es que en el caso de los menores de edad, que son personas en desarrollo, no es la extensión del período de privación de libertad lo que puede modificar la conducta delictual, sino los programas que se desarrollen con el adolescente en los centros de privación de libertad, lo que tendrá un efecto positivo para su reinserción social. Es decir, no constituye una solución válida tener a un adolescente por 10 o 15 años en un centro de privación de libertad, sin brindarle, a través de programas multidisciplinarios, nuevas oportunidades para reencausar su vida.

El Estado Dominicano no puede pretender que el problema de la delincuencia juvenil en el país se solucionará con el aumento de las penas. Este enfoque se queda en las ramas y evade tocar el problema en sus raíces.

Con el aumento de las penas a los menores de edad sucede lo mismo que con la aplicación de la denominada mano dura. Y todo ello no es más que un acto de evasión de las verdaderas causales de la delincuencia y la inseguridad en el país y de la permanente irresponsabilidad del Estado Dominicano respecto de sus compromisos nacionales e internacionales con los niños, niñas y adolescentes.

En nuestro país no se le da cumplimiento al PRINCIPIO DE PRIORIDAD ABSOLUTA establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, instrumento internacional ratificado por el Estado Dominicano y en la Ley No.136-03, Código de la Niñez. Esto significa que el Estado y la sociedad deben asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Cuán lejos hemos estado de esto. Da pena e indigna pensar cuán irresponsables han sido nuestros gobiernos con este compromiso.

Con el aumento de las penas a los menores de edad, nos estamos lavando las manos como Poncio Pilatos y estamos buscando las soluciones más fáciles y menos responsables.

Imponer una pena mayor no es la solución como medida de prevención de la comisión del delito. Los menores de edad son personas en desarrollo y sobre los cuales el Estado y la sociedad tienen una responsabilidad irrenunciable de garantizarles oportunidades para hacer de ellos ciudadanos responsables y personas de bien y en ese sentido proporcionarles ocupaciones para que se desarrollen en valores, darles las condiciones para que tengan una vida en dignidad, con sus problemas básicos solucionados, para ir a la escuela a aprender y a desarrollar sus capacidades.

El Estado dominicano le ha dado las espaldas a estas soluciones. Me atrevo a afirmar que nunca ha hecho una prioridad, el adecuado desarrollo de la niñez y la adolescencia; que en el en el campo penal se ha limitado a crear  órganos especializados, sin proveerlos de los recursos presupuestarios que permitan su funcionamiento integral y con el personal especializado requerido. Durante la privación de la libertad, el rol del Estado es actuar sobre los adolescentes en su educación y desarrollo de sus capacidades para su reinserción social.

Aumentando las penas agravamos el problema que tenemos, sobre todo porque el Estado Dominicano, a partir de los resultados, ha fracasado en materia de centros de privación de libertad para la reeducación, resocialización o reinserción del adolescente que ha sido sancionado de manera definitiva. Los centros de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley, han estado muy alejados del cumplimiento de su función como han debido. Han sido, en su generalidad, un verdadero fracaso.

Si se actuara con responsabilidad lo que debería de hacerse es asumir la niñez y la adolescencia como un tema de altísima prioridad y disponer con un grado de emergencia, medidas, a todos los niveles, para enfrentar los gravísimos problemas y carencias de los menores de edad dominicanos.

Ya estamos cansados de tantos inventos y de poses que no son más que alharacas superficiales, que no tocan las causas de los males, sino que muchas veces lo que hacen es agravarlos.

Lo que se requiere es que las autoridades nacionales cumplan la ley.